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07/02/2016 n275
Juanma Fernández
Marta Fernández
Sergio López
Herramienta de concienciación, medida de presión o simplemente ‘humo’ sin utilidad alguna. Todas estas opiniones, tan diferentes entre sí, tienen adeptos cuando el tema que se trata es el de la denominada ‘factura en la sombra’. La medida, aprobada en 2010, se presentó como un paso definitivo hacia la racionalización de los recursos sanitarios y la ansiada sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) a través de la información al paciente. Seis años después, Revista Médica analiza en profundidad cuál ha sido la evolución, recorrido y nivel de implantación de esta controvertida propuesta.

Parto sin complicaciones: 1.600 euros. Cesárea: 3.000 euros. Resonancia magnética: 100 euros. Son precios de 2010, porque fue en junio de ese año cuando la entonces ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, anunció una de sus propuestas estrellas para el control del gasto sanitario: la factura en la sombra. La medida, sin coste real para los pacientes, consistía en ofrecerles el precio de cada uno de los tratamientos recibidos para que fueran conscientes del gasto que suponía al sistema sanitario y, de este modo, invitarles a hacer un uso racional de sus recursos.

La factura en la sombra quería evitar la sensación de que los servicios sanitarios son gratuitos. Llegó a haber una orden ministerial, un pronunciamiento a favor en el Consejo Interterritorial y un grupo

La exministra de Sanidad, Trinidad Jiménez

de trabajo entre las distintas autonomías en el que llegaron a definirse las pruebas susceptibles de ‘facturarse’, además de establecerse una lista de precios orientativos entre los que se encuentran los que figuran en el encabezado de este artículo, correspondientes a Andalucía.

La decisión impulsada por el Ministerio de Sanidad fue acogida positivamente, e incluso llegaron a realizarse pilotos como proceso previo a su implantación definitiva. Sin embargo, el entusiasmo inicial fue disipándose progresivamente hasta una situación actual en la que es más fácil encontrarse este proyecto en algún cajón olvidado de una Consejería de Sanidad que en funcionamiento.
Mejor informativa que en la sombra
Solo dos regiones mantienen en marcha esta medida a día de hoy: Comunidad Valenciana y Andalucía. En el primer caso, lleva aplicándose desde la legislatura anterior, cuando gobernaba el Partido Popular, y aún se lleva a cabo en varios hospitales de la red pública valenciana. Consultada por Revista Médica, la Consejería de Sanidad, no obstante, prefiere desmarcarse del concepto ‘factura’ alegando que lo que ellos ofrecen es “un papel donde simplemente se informa sobre el coste de la operación”.

Algo parecido pasa en Andalucía, donde se rehúye el término ‘sombra’ y se refieren a ella como “factura informativa”, para referirse a una iniciativa que se aplica desde hace años. “Su objetivo es únicamente informativo, concienciando al usuario del consumo de recursos públicos derivados de la atención prestada”, señalan desde la Junta, cuya implantación consideran “un ejercicio de transparencia”. Respecto a su aplicación, fuentes gubernamentales matizan que “cada hospital cuenta con su propio procedimiento de facturación con el fin de agilizar y facilitar los trámites administrativos en cada centro”. Y además, no se aplica a todos los casos sino a unos muy determinados: “Los documentos que se vienen entregando a los pacientes se refieren a procedimientos concretos como intervenciones quirúrgicas de hernias, vesícula y cataratas realizadas a través de cirugía mayor ambulatoria y pruebas diagnósticas digestivas y cardiológicas”, arguyen desde el Gobierno andaluz.
Una medida tomada
en un momento ‘sombrío’

En marzo de 2010, la reunión del Consejo Interregional aprobó la creación de un documento que recordase a los pacientes que la sanidad es cara. La medida venía siendo aplicada ya en algunas regiones como Andalucía o Galicia, y no estaba exenta de polémica.

Meses después, la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, anunció que la medida entraría en vigor de manera coordinada con todas las comunidades autónomas, a finales del mes de octubre.No fue así. Un año después, la sucesora de Jiménez al frente de Sanidad, Leire Pajín, todavía defendía la medida y su efecto “pedagógico”.

Con el cambio de Gobierno, en noviembre de 2011, el nuevo Ministerio de Sanidad olvidó una iniciativa que se planteó en un contexto tan sombrío como su nombre. La factura en la sombra se planteó en una España al borde del rescate y a la que desde Europa se le pedían sacrificios y podría haber ido más dirigida a calmar a los mercados que a concienciar a los pacientes.
Los que lo intentaron, pero abandonaron la idea
En Cataluña, la sombra de la ‘factura sombra’ es alargada, valga la redundancia. Precede a la idea de Trinidad Jiménez, ya que se instauró en tiempos de Jordi Pujol para retirarse posteriormente. Un parón que parecía que iba a tener su fin durante el mandato de Boi Ruiz, aunque fuentes de la Consejería confirman que actualmente esta práctica no se realiza en ningún centro dependiente del sistema catalán.

En Galicia, la idea de un documento que informara al paciente sobre coste de los tratamientos se planteó, al igual que en Cataluña, a finales de los años 90. Por aquel entonces se estableció que los pacientes hospitalizados en los centros del Servicio Gallego de Salud (Sergas) recibiesen en sus domicilios, tras ser dados de alta, una ‘factura sombra’ en la que se reflejara, a título meramente informativo, el coste de su tratamiento. Sin embargo, en 2016 ya no está en marcha, según informan fuentes de la Consejería.

Mismo caso que Navarra. La Comunidad Foral comenzó a aplicar la medida después de que esta se aprobase en el Consejo Interrterritorial. La Consejería de Salud, que entonces dirigía María Kutz, puso en marcha su desarrollo en algunos hospitales y sólo para algunos tratamientos. Sin embargo, seis años después, fuentes oficiales del mismo organismo señalan que “ya no se aplica”. También Castilla y León se planteó empezar a hacerlo hace más de seis años pero, “finalmente se descartó”, según fuentes oficiales.
Madrid y Baleares: programas ‘piloto’
Los casos de Valencia y Andalucía son casi excepcionales. Son mayoría las regiones donde la medida no se llegó a aplicar en algún momento oha acabado cayendo en el olvido. Finalmente, hay otro grupo de regiones donde la medida ha quedado a medio gas. Es el caso de Baleares, donde, aunque se habló de implantarlo, finalmente sólo se llegó a llevar a cabo en un hospital, el Son Llàtzer, en Mallorca. Se empezó a aplicar en el año 2.010 “como una experiencia piloto” que no se llegó a extrapolar a los demás centros hospitalarios.

El caso de Madrid también es peculiar. A día de hoy, se aplica, pero sólo en unos pocos hospitales. En septiembre de 2011 empezó a aplicarse en el de La Paz como un “programa piloto”. La directriz de la Consejería del gobierno liderado por entonces por Esperanza Aguirre fue la de implantarlo poco a poco, según reconocen desde algunos hospitales, aunque, lo cierto es que ha ido cayendo en el desuso. A día de hoy solo se hace en algunos de colaboración público-privada. Según han confirmado varios de los centros públicos madrileños, como el Puerta de Hierro o el Universitario de Móstoles, en los grandes hospitales públicos esta práctica no se lleva a cabo.
Media España la ignoró
Si bien hubo regiones en las que el abandono de la idea se produjo tras un intento, otras ni se molestaron en comprobar si su aplicación podría ser beneficiosa. Es el caso de Aragón, donde este tipo de documento nunca estuvo en funcionamiento. En todo caso, la información se ofrece al paciente a través de la página web del sistema sanitario aragonés, donde todo el mundo puede consultar una tabla donde aparece el coste aproximado de diversas intervenciones, aclaran desde el Gobierno de la comunidad.

Menos esfuerzo aún hicieron en La Rioja para aplicar la orden ministerial de 2010. Allí, la idea se planteó desde la Consejería de Sanidad cuatro años antes de la iniciativa del Ministerio de Sanidad. Por aquel entonces, el diputado del Partido Riojano, José Toledo lo tachó de “forma absurda de paliar el despropósito económico y administrativo” del departamento de Salud riojano.

Ejemplo de una de estas facturas, concretamente de la Comunidad Valenciana

Ese mismo año, el entonces consejero, Pedro Soto, afirmó que la idea era implantarla en el hospital de San Pedro una vez este estuviera construido e incluso ampliarla a Atención Primaria. Sin embargo, nada de eso se mantiene una década después. Del mismo modo, Canarias no llegó a plantearse ni a publicitar la medida y fuentes de su Consejería de Sanidad aseguran que seguirán sin hacerlo.

Tampoco llegó a ver la luz en las comunidades bañadas por el Cantábrico. Ni Asturias, ni Cantabria ni el País Vasco, hicieron caso de las indicaciones del Ministerio de Sanidad en 2010. “En Euskadi no se está aplicando; este Gobierno no cree en este tipo de medidas para racionalizar el uso del Sistema Sanitario público”, explica una portavoz del Ejecutivo de Vitoria. Desde Asturias y Cantabria responden con un monosilábico “no” a la pregunta de si esta medida se llegó a plantear o podría desarrollarse en un futuro.

Su proyección en el interior del país también resultó nula. No se aplicó ni en Extremadura ni en Castilla-La Mancha. “Ahora mismo no se hace en ningún hospital de Extremadura. Las razones son simplemente logísticas, pero tampoco está previsto introducirlo a corto plazo”, explican desde la consejería de Sanidad de esta región. La misma respuesta desde Castilla-La Mancha: no se va a aplicar y no se ve tampoco ninguna razón para hacerlo.

El ruido con el que irrumpió forma ya parte del pasado. Seis años después de recibir el visto bueno, la factura en la sombra es una medida cuyo calado ha resultado mucho menor del esperado por quienes la alumbraron. En la actualidad, la norma se encuentra en estado agónico. Y, a tenor de las respuestas recibidas en este reportaje, no parece probable que nadie vaya a intentar reanimarla.