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11/10/2015 n258
El éxito del sistema español, gracias
a la Organización Nacional de
Trasplantes, hace que los casos
de tráfico ilegal de órganos sean
puntuales. Sin embargo, la OMS
calcula que uno de cada diez
intervenciones de este tipo en todo
el mundo se hace de manera ilícita,
algo que tiene unas consecuencias
jurídicas para las que se busca cada
vez más herramientas con las que luchar
contra los ‘traficantes humanos’.
Jesús Vicioso Hoyo
Imagen: Miguel Fdez. de Vega
Un pulmón y un hígado pueden llegar a costar en el mercado negro hasta 150.000 dólares cada uno, 120.000 en el caso de un páncreas o un riñón, que es uno de los ‘productos estrella’ cuyo precio depende del lugar de procedencia: en Bosnia sale por 54.000; en Ucrania, 15.000, mientras que en las Islas Filipinas, 1.600, e Irak, solo 800. Pero detrás de todas estas cifras, cuya inmensa mayoría van a parar al bolsillo de intermediarios sin escrúpulos, en el tráfico ilegal de órganos hay dos víctimas: el paciente que aguarda un órgano para sobrevivir, pero también el ‘donante’ que se ve forzado a desprenderse de una parte de sí y a implicarse por necesidad en un proceso ajeno a él.

Aunque en España el sistema pionero enarbolado por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), capitaneada por Rafael Matesanz, hace que los casos de comercio ilícito sean meramente testimoniales, lo cierto es que puntualmente salen a la luz intentos de manchar la buena imagen. Hace solo unos meses, la Policía Nacional informó de la desarticulación de una banda serbia que secuestró y agredió a un inmigrante al que inicialmente le iban a comprar un riñón en nuestro país a cambio de 6.000 euros.

Gracias a la colaboración de la ONT, este asunto se resolvió con la detención de cinco personas y destapó el intento de una falsa donación que incluso había comenzado el proceso en el Hospital de Bellvitge, de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). “En España hay tolerancia cero contra el tráfico de órganos”, ha dicho una y otra vez Matesanz al respecto.



“Cada vez hay más víctimas”
Este complejo asunto interesa cada vez más a los juristas del ámbito del Derecho Sanitario, especialmente por su concatenación con el debate bioético. “Todo esto es terrible, porque cada vez hay más víctimas”, reconoce el profesor titular en Derecho Administrativo en la Universidad Carlos III de Madrid Fernando Fonseca, quien ha participado en el Foro Sanidad y Derecho celebrado en el Hospital La Paz, de Madrid.

“Según datos de la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente uno de cada diez trasplantes en el mundo proceden del ámbito ilegal”, señala Fonseca, quien ha alertado del aumento de casos y ha puesto un ejemplo para ver los motivos: “En Pakistán, por ejemplo, un riñón puede llegar a costar 100.000 euros, de los que al donante solo se entrega unos 2.000. Parece una cantidad menor, pero es que con ese dinero puede vivir él y su familia durante todo un año”.



¿Una persona puede ser condenada por anunciar la venta de uno de sus órganos?
Durante la realización del Foro de Sanidad y Derecho de La Paz, moderado por Natalia Hormaeche (asesora jurídica del Hospital Infanta Cristina), la coordinadora del ramo de dicho hospital planteó un dilema a propósito de situaciones que se pueden dar en un contexto de crisis económica. “¿Y si no tengo dinero, me van a desahuciar, y anuncio que quiero vender uno de mis órganos? Es un anuncio refleja el alto nivel de desesperación…
Carlos Sardinero.
me entristece que se llegue a castigar por ello”, ha dicho María Belén Estébanez. De seguir al pie de la letra el articulado legislativo al respecto, así sería en España. Sin embargo, Carlos Sardinero ha matizado la aplicación: “Lo que se castiga es la publicidad de órganos ajenos, no los propios. Es un precepto impreciso, que admite críticas, ya que la doctrina utiliza verbos como promover, favorecer, facilitar, publicitar. Al menos en ese aspecto no hay debate”, ha zanjado el doctor en Derecho.

‘Turismo de órganos’: cuando los ricos
se aprovechan de los pobres
En la actualidad, Brasil y Costa Rica, especialmente este último, son los epicentros mundiales del tráfico de órganos. ¿Y cuál es el principal país receptor? Lógicamente, un país rico: Israel. Paradójicamente, pese a ser un país desarrollado, allí los traficantes de órganos campan a sus anchas.

Los especialistas en la materia señalan otro gran núcleo neurálgico de estos procedimientos: China. “El caso chino es más grave, y las cosas pueden ir a peor”, comenta, al respecto, Fernando Fonseca. “Hay pueblos enteros de Tailandia que se han ido a China a vender órganos sin ningún tipo de seguridad ni de soporte legal”, concreta María Belén Estébanez, coordinadora de Trasplantes del Hospital La Paz, y médico especialista en Cuidados Intensivos.

Especialmente repudiable para los entendidos en la materia es que ciudadanos de un país rico se aprovechen de los de un país pobre. El profesor de la Carlos III asegura que este tipo de tráfico convierte a las personas a las que se les extrae una parte de su cuerpo en “meros instrumentos”: “Se atenta contra la dignidad de las personas”.

Es decir, es una forma moderna de tráfico de personas, y, por lo tanto, sus implicaciones no son ya solo éticas, sino también jurídicas. Y una confluencia de ambas esferas. “El precio de los órganos puede salvar vidas, la de los receptores que necesitan de los órganos que se compran para vivir. Pero ese precio después es lo que da lugar a otras conductas: el tráfico humano, los homicidios, las extracciones ilegales y sin consentimiento del donante…”, tal y como manifiesta Carlos Sardinero, abogado especialista en Derecho Sanitario, quien añade: “Este tipo de prácticas provoca un turismo de órganos”.



¿Por qué en España no se da
el tráfico ilegal?
La coordinadora de Trasplantes de La Paz da una de las claves por las que en España no existe esta práctica y, por eso, cuando hay quienes lo intentan, rápidamente se detectan y saltan a la luz. “Todo gracias al alto número de donantes que hay en nuestro país, 36 por cada millón de habitantes, mucho más que los 19 de media en Europa. Si hubiera más donantes, habría más trasplantes.
En el centro, el director de la ONT, Rafael Matesanz, junto con el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, informaron sobre un reciente caso de intento de falsa donación de órganos.
Cuando no hay donantes es cuando aparece el tráfico ilegal”.

Estébanez reconoce que los actuales filtros que existen en el proceso de trasplantes español echan para atrás los casis que se pretendan perpetrar. De hecho, hasta ahora, ella no ha detectado ningún tipo de sospecha sobre intentos ilícitos, y eso que su hospital es el que más operaciones de este tipo realiza cada año.

Pero he aquí otro aspecto transcendental que hace que España sea un ejemplo a nivel internacional: el amplio armazón legal que alerta ante cualquier indicio o sospecha. Fernando Fonseca lo resume en una frase: “La ley vigente sobre el tema en nuestro país resume la herencia ética que tenemos actualmente”.

Y lo cierto es que el peso de la ley española, que condena severamente al que trafica y busca sacar beneficios del proceso, también actúa contra los actos preparatorios. “La tentativa se castiga como si se hubiese producido”, subraya Carlos Sardinero. En cuanto a legislación, la española es, de nuevo, una auténtica pionera a nivel internacional, ya que el Código Penal tipifica como delito cualquier forma de turismo de trasplantes y el tráfico de órganos, algo que lo castiga con hasta 12 años de cárcel.



'Rumores' que dan la alarma
Uno de los últimos casos más llamativos de personas que intentaron saltarse la ley española en esta materia fue el protagonizado por una familia rica libanesa. El patriarca, alcalde de una ciudad de país de Oriente Próximo, viajó hasta la Comunidad Valenciana para encontrar un 'falso donante' del que conseguir una parte de hígado. Para ello, buscó entre inmigrantes jornaleros, a quienes les sufragó los gastos de las pruebas médicas que se hicieron en un hospital valenciano. Al que fuera compatible, le prometió 40.000 euros. Pero los rumores entre la población inmigrante llegaron a la Policía a través de la denuncia de una ONG, y el Cuerpo destapó el asunto. Se realizaron cinco detenciones en 2014 y el pasado mes de julio, los tribunales valencianos procesaron a cuatro implicados por el asunto.

El mandato internacional del
Convenio de Santiago
Por si fuera poco, España es uno de los países pertenecientes al Consejo de Europa que han rubricado el Convenio Contra el Tráfico de Órganos, firmado durante 2014 en Santiago de Compostela, ciudad que da nombre al acuerdo.

“Es un mandato para que los países incrementen sus normativas legales y actúen más severamente contra esta práctica”, comenta a ‘Revista Médica el profesor Fonseca, quien lamenta que pese a la importancia que tienen las directrices de la convención que insta “a los gobiernos de todo el mundo a tipificar como delito la compra-venta de órganos, adoptar medidas de prevención y proteger a sus víctimas”, a día de hoy solo hay 14 países que la han respaldado.

Entre las ausencias, dos muy llamativas: Alemania y Francia. La ‘no firma’ gala es más relevante, ya que mientras que los germanos se desmarcaron desde un principio, los franceses tuvieron la delegación más numerosa y, finalmente, rechazaron firmar ante la falta de concreción de las definiciones recogidas en el convenio que, eso sí, está abierto no solo a países del Viejo Continente, sino de todo el mundo.

Tras su firma, ahora queda la ratificación de cada uno de los países rubricantes y que éstos implementen las medidas, muchas de ellas con sello o inspiración española, que recoge el documento. De hecho, el convenio internacional parte de un informe del Consejo de Europa y de Naciones Unidas en el que también participó el equipo de la ONT de Rafael Matesanz.

Lo que está claro es que esta represión contra el tráfico ilegal de órganos refuerza una lucha que tiene muchos frentes abiertos. La exportación del sistema de trasplantes españoles a otros países, especialmente del continente americano, es una de las mejores herramientas para acabar con esta lacra, pero el refuerzo del las ‘armas’ del Derecho Sanitario, también.