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15/03/2015 n228
En cada cárcel hay un equipo de Atención Primaria que desarrolla las mismas funciones que un ambulatorio y alguna más, ya que los internos dependen totalmente de la institución para el cuidado de su salud. La sanidad penitenciaria de nuestro país es puntera, pero, en opinión de sus profesionales, tiene una gran pega: pertenece al Ministerio del Interior. Ellos quieren formar parte de los sistemas autonómicos de salud porque, entre otras razones, no pueden acceder a la carrera profesional, lo que consideran un agravio comparativo. Excepto en Cataluña y en el País Vasco, las Administraciones central y autonómicas no parecen tener interés por llevar a cabo una integración que está recogida desde 2003 en la Ley de Cohesión y Calidad del SNS.

Sandra Melgarejo

La población reclusa en España asciende a 65.039 personas, según la última estadística de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, correspondiente a enero de 2015. Y, en función de los datos que maneja la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP), hay 326 médicos y 485 enfermeros velando por su salud; un facultativo por cada 200 presos. Proporción que, de no ser por las particularidades del ámbito penal, sería envidiable para cualquier sistema sanitario, ya que la media europea, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es de 33,1 médicos por 10.000 habitantes, y de 37 en España.

Sin embargo, no es bastante. “La ratio no está mal, pero no somos tantos como deberíamos. Un médico para un pueblo de 1.000 personas es suficiente y, aunque en una cárcel puede haber ocho médicos para 1.500 presos, estos pacientes generan mucho más trabajo y más atención que los que están en libertad, ya que dependen de la institución para cualquier cosa: asistencia médica, psiquiátrica, drogodependencias, informes para los jueces, farmacia, etc.”, comenta Antonio López, expresidente de la SESP y médico del Centro Penitenciario Sevilla I. En todas las prisiones hay un equipo de Atención Primaria (AP) constituido por un equipo de médicos, enfermeros y auxiliares que hacen una labor similar a la de un centro de salud.

A la idiosincrasia de la población reclusa hay que añadir otro inconveniente: la reposición de profesionales no es adecuada. José Tomás Quiñonero, actual presidente de la SESP, señala que, aunque la sanidad penitenciaria se dotó con un cuerpo médico importante a finales de los años 80 y en la década de los 90, posteriormente “no se ha hecho prácticamente nada porque, a pesar de que se han seguido abriendo macrocentros penitenciarios, no se han convocado oposiciones ni se han creado nuevas plazas”. Quiñonero afirma que proponen soluciones, pero no les hacen caso: “La relación de la SESP con la Administración está en punto muerto”.

La clave está en la integración
Hay, sobre todo, una gran solución que acabaría con los principales males de la medicina penitenciaria: que dejara de pertenecer al Ministerio del Interior –los médicos de las cárceles son funcionarios de este departamento– y se integrara en los diferentes sistemas autonómicos de salud. Para empezar, indica el presidente de la SESP, esto permitiría “el movimiento de profesionales de fuera adentro y de dentro afuera”, por lo que se pondría fin al problema de la escasez de personal.

Antonio López


Los médicos de las cárceles defienden que la integración mejoraría la atención a los pacientes. “Solo el hecho de poder utilizar una historia clínica única supone un salto cualitativo extraordinario para el paciente y el profesional”, sostiene Quiñonero. “Que podamos acceder inmediatamente a todo el historial médico de una persona que acaba de ingresar en prisión, además de facilitarnos el trabajo, supone que no haya una ruptura en sus cuidados médicos, ni cuando entra ni cuando sale de la cárcel, porque cuando recupera la libertad y va a su médico, este tampoco puede acceder a la historia que hemos elaborado nosotros”.

Formar parte del sistema sanitario también beneficiaría “enormemente” a las condiciones laborales de los profesionales sanitarios: les daría la posibilidad de trasladarse a otros centros de AP, aumentaría la calidad del trabajo y la remuneración, y podrían acceder a la carrera profesional, algo que nunca han tenido y que consideran “un agravio comparativo”.

Así son los pacientes de las cárceles
De los 65.039 presos que había en las cárceles en enero de 2015, solo el
7,65 por ciento eran mujeres (4.978), según los datos de la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias. Julio García Guerrero, jefe de
los servicios médicos del Centro Penitenciario Castellón I, considera que
no hay muchas diferencias por patologías entre hombres y mujeres.
En general, las más prevalentes en este ámbito, muy por encima de la
población general, son las enfermedades infecciosas, como el VIH y la hepatitis C,
y las psiquiátricas, como el trastorno límite de personalidad o el trastorno
asocial, muy relacionadas, a su vez, con el
consumo de drogas. “Hasta el 80%
de las personas que entran en prisión
reconoce haber tomado algún tipo de
sustancia el mes antes de su ingreso”,
detalla Antonio López, médico
del Centro Penitenciario Sevilla I.

Consulta en la Unidad de Madres de Sevilla / Foto: SGIP



No es un capricho, sino la ley
Los miembros de la SESP opinan que, con el cambio, todo serían ventajas. Y es que como defiende Julio García Guerrero, jefe de los servicios médicos del Centro Penitenciario Castellón I y vocal de la Comisión Central de Deontología de la Organización Médica Colegial (OMC), “es difícilmente comprensible que un subsistema como el sistema de sanidad penitenciaria, que tiene como misión proporcionar salud, dependa de un organismo cuya finalidad principal no es esa; todos deberíamos estar en el mismo sitio”.

De hecho, la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) de 2003 prevé que la integración de la sanidad penitenciaria por los servicios de salud de las diferentes comunidades autónomas sea efectiva en el plazo de 18 meses desde su publicación. “No estamos hablando de algo que nos hayamos inventado; es la ley”, destaca Quiñonero.

José Tomás Quiñonero

Por su parte, García Guerrero, quien también presidió la SESP, considera que esta petición “ha trascendido el campo de la reivindicación para transformarse en una cuestión de filosofía”.

La transferencia a los sistemas sanitarios autonómicos se ha convertido en la reclamación histórica de los profesionales de la salud que desarrollan su actividad en las cárceles. “Es la demanda más significativa, tanto por el tiempo que lleva como por los escasos resultados obtenidos. La Ley de Cohesión y Calidad del SNS era clarísima en este sentido, pero no hay voluntad política, ni por parte de la Administración central ni por parte de la autonómica”, lamenta Quiñonero.

La pelota pasa de un tejado a otro
Excepto en el País Vasco y en Cataluña, donde sí están transferidas las competencias en materia penitenciaria y se ha llevado a cabo el proceso de integración de sus sanitarios en los sistemas comunitarios de salud, en el resto del Estado “no se da un paso ni adelante ni atrás”, recalca el presidente de la SESP. “Estamos totalmente inmovilizados”.

Julio García Guerrero


Desde la Subdirección General de Coordinación de Sanidad Penitenciaria, dependiente de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que, a su vez, depende del Ministerio del Interior, comentan que esa decisión está en manos “del Gobierno y de las comunidades autónomas”. Y desde el Ministerio de Sanidad señalan que no tienen “nada que ver” y que el departamento que tendría que vehiculizar la integración es Interior.

El periplo de la Junta Directiva de la SESP, cuyos miembros han ido despacho por despacho solicitando la transferencia, no ha llegado a buen puerto. Según relata Quiñonero, “a la Administración central no le ha interesado nunca porque perdería parte de la cuota de poder que mantiene sobre la sanidad penitenciaria, que incluye una función médico-legal que no se desarrolla en los centros de salud. A la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias no le interesa ceder ese privilegio porque integrarnos dentro de un servicio comunitario de salud nos daría un carácter más sanitario que médico-legal”. No obstante, el presidente de la SESP asegura que no renunciarían a desempeñar ese trabajo porque tendrían que seguir cumpliendo el reglamento penitenciario. “Es un miedo irracional, que no tiene razón de ser”.

Por parte de las comunidades autónomas, Quiñonero dice que ha habido “momentos de acercamiento en los que han estado a punto de llegar a acuerdos”, por ejemplo en Cantabria, pero que, “por desinterés o porque el momento no ha sido el adecuado”, no se han firmado finalmente. “Ha habido convenios de colaboración que han funcionado, pero, en lugar de dar un paso más, se han dejado morir”.

La policía también viaja en la ambulancia
Cada centro penitenciario tiene asignado un hospital de referencia para la Atención
Especializada. “Se establece un acuerdo económico entre el Ministerio del
Interior y la sanidad pública de cada comunidad autónoma para garantizar
las consultas, las intervenciones quirúrgicas y los ingresos hospitalarios”,
explica Antonio López. La Policía Nacional se hace cargo del traslado del
paciente desde la cárcel hasta el hospital, siempre y cuando estén
en la misma comunidad autónoma. De lo contrario, se suele hacer
cargo la Guardia Civil. Si se trata de un traslado de urgencia,
la prisión se encarga de llamar a la ambulancia y se traslada
al preso custodiado por la Policía Nacional. “Normalmente, en
los hospitales de referencia suele haber una zona destinada
a los internos para que no se mezclen con el resto de pacientes
y cuatro o cinco camas hospitalarias. Si se queda ingresado, se
queda un policía custodiándole”, detalla López.
Cataluña y el País Vasco dan envidia
Dicen los profesionales de la sanidad penitenciaria de otras comunidades autónomas que, cuando intercambian experiencias con los de Cataluña y el País Vasco, les entran ganas de llorar: “Nos cuentan que es extraordinario”. En noviembre de 2010, los trabajadores de la sanidad penitenciaria en Cataluña pudieron solicitar la integración en el Instituto Catalán de la Salud (ICS) y meses después, en julio de 2011, los profesionales sanitarios vascos pasaron a formar parte de la plantilla del Osakidetza.

Mercedes Gallizo, exsecretaria general de Instituciones Penitenciarias, y Rafael Bengoa, exconsejero de Sanidad del Gobierno Vasco, presentaron la integración en Osakidetza


En ambos casos, la negociación entre los departamentos de sanidad autonómicos y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se prolongaron varios años, pero, finalmente, se consiguió el objetivo: ofrecer a los reclusos una calidad asistencial similar a la que se recibe fuera de las prisiones. Quiñonero destaca, sobre todo, el hecho de que puedan acceder a las historias clínicas de los pacientes.

Pero, en general y a pesar de las reivindicaciones, “la sanidad penitenciaria española es puntera”, reconoce el presidente de la SESP. Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP), que dedica expresamente algunos artículos a la asistencia sanitaria, es “de las más avanzadas”. “Hay países europeos que no tienen una estructura como la nuestra. Quizá los italianos son los más cercanos; Francia, algo; pero Inglaterra y Alemania, nada”, detalla.

Temor por desconocimiento
Mientras esperan que la Administración “cumpla sus propias leyes”, los profesionales sanitarios que trabajan en este ámbito se preguntan por qué a la sanidad penitenciaria “ni se la conoce ni se la reconoce”. García Guerrero, que empezó a ejercer en prisiones en 1989, cree que “quien no tiene relación con este mundo, no se interesa en conocerlo”. Afirma que los 26 años que lleva trabajando en este sistema le han llenado “plenamente”, desde el punto de vista personal y profesional, porque cree que han hecho una labor muy importante, aunque poco reconocida, en el control de muchas patologías y que han ganado años de vida para mucha gente.

No en vano, Antonio López, quien también lleva 26 años ejerciendo la profesión en este medio, recuerda que a los médicos que entraron en aquella época en la sanidad penitenciaria les tocó “vivir de pleno” la epidemia de VIH: “Al principio, se estableció que los pacientes que estuvieran en peores condiciones podían solicitar la libertad por enfermedad grave, así que había reclusos que abandonaban el tratamiento voluntariamente al ingresar en prisión y volvían a retomarlo cuando estaban en libertad. Esto podía conllevaba problemas de resistencias y deterioro, pero lo importante era estar en libertad. Nos costó mucho convencerles de que no lo hicieran”.

A falta de una “explicación lógica”, Quiñonero atribuye al “miedo” la reticencia de la Administración respecto a que los servicios médicos de las prisiones puedan trabajar como un centro de AP que dependa de un área de salud comunitaria. Al final, la percepción de estos profesionales es que la sociedad no quiere oír ni hablar de nada que tenga que ver con las cárceles, y que prefiere que estén cuanto más lejos, mejor. El trabajo arduo es acabar con el estigma que rodea a todo lo que lleva el adjetivo ‘penitenciario’ para permitir avanzar a un sistema sanitario bueno, pero que podría ser mejor.