¿Quiere recibir Revista Médica en su correo de forma gratuita?
08/03/2015 n227
El secreto profesional es el compromiso ético y legal que adquieren los sanitarios, frente al paciente y la sociedad, de no dar a conocer aquello que les ha sido confiado por el enfermo. Sin embargo, en ocasiones, el médico se ve en el brete de tener que saltarse esta obligación debido a circunstancias que se anteponen al juramento hipocrático por ser excepciones que dan prioridad al bien colectivo, por encima de los intereses del individuo.
Ricardo Martínez

Entre el médico y el paciente es fundamental una estrecha confianza mutua. Al margen de otros deberes, la confidencialidad que el facultativo debe mantener sobre la información relativa al usuario quizá sea el nexo más intocable ya que, si se resquebraja, hará que la relación se rompa o, cuando menos, repercutirá negativamente en la curación del paciente, ya que este dejará de acudir a la consulta o le ocultará al profesional información necesaria para que pueda ser atendido en condiciones. Así lo advierte Cristina Gil Membrado, profesora de Derecho Civil de la Universidad de las Islas Baleares.

En este sentido, David Larios, letrado de la Seguridad Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, considera que el secreto no es una simple obligación de un sujeto (profesional sanitario) hacia otro (paciente), sino que es una característica del conjunto de las profesiones sanitarias: la sociedad necesita confiar en que la información que se revela con motivo de la asistencia sanitaria no va a ser divulgada.
Las consecuencias de no saber guardar un secreto
La ruptura del secreto profesional puede llevar consigo graves sanciones de tipo administrativo e, incluso, penal. En este campo es conocido el caso de una residente de Neurología que, ejerciendo en un centro sanitario de la Comunidad Valenciana, visitó a una paciente a la que conocía, por proceder ambas de una pequeña localidad de la provincia de Cuenca.

David Larios

Al hacerlo, comprobó en la historia clínica que la paciente había interrumpido voluntariamente su embarazo en dos ocasiones anteriores. La residente comunicó esta información por teléfono a su madre y esta, a su vez, se lo contó a la hermana de la paciente cuando se encontró con ella por la calle. La paciente, al enterarse, se querelló contra la médico por haber roto su deber de secreto. El Tribunal Supremo condenó a la residente, como autora de un delito de descubrimiento y revelación de secreto profesional, a un año de prisión, dos años de inhabilitación especial, multa de 2.160 euros e indemnización de 12.020, según explica Larios.
¿En qué casos se puede revelar?
Pero el deber de secreto, al igual que sucede con el resto de deberes, no es absoluto, sino que tiene una serie de límites. Las leyes permiten a los profesionales sanitarios revelar datos de los pacientes sin que puedan ser sancionados por ello en los siguientes tres casos:

Cuando el paciente lo autorice. Un profesional sanitario que revela datos de salud de un paciente a petición de este o con su autorización no podrá ser sancionado por ello. Así sucede con motivo de la emisión de informes o certificados médicos a petición del propio paciente para, por ejemplo, la obtención de una licencia deportiva. También es habitual que los enfermos pidan al médico que explique a sus familiares o acompañantes los detalles de su situación, su diagnóstico o su tratamiento.

Cuando la ley exija colaborar con la Justicia. Existe una ley que impone a los profesionales sanitarios la obligación de revelar determinados datos o informaciones relativas a un paciente. Cristina Gil Membrado plantea el caso de que el facultativo tuviera conocimiento de que su paciente fuese un pederasta. En este supuesto, el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que “los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente”.

Otro ejemplo podría darse si el médico tuviera conocimiento de que su paciente consume drogas y trafica con ellas. Ante esta situación, si el sanitario fuera consciente de que pretende cambiar de vida y, de hecho, lo está intentando y así le consta, el cumplimiento de la ley, al que sin duda está obligado el profesional, podría ser perjudicial para el paciente e, incluso, para la sociedad si entendemos que lo ideal sería la curación y que dejara de delinquir.

Cristina Gil Membrado


Otro hecho que puede provocar que el profesional se salte el secreto es que sea citado a juicio para declarar como testigo o perito. En esta situación puede encontrarse ante un conflicto de deberes: mantener en secreto la información de los pacientes, frente a la obligación de proporcionar al juez los datos sobre los que se proyecta su deber de secreto. Por ejemplo, si un psicólogo es citado por un tribunal para declarar en calidad de testigo en un proceso de divorcio en el que se va a discutir la idoneidad de una madre que padece un trastorno inespecífico de la personalidad, que es su paciente, para asumir la custodia de los niños. El profesional duda si debe revelar que la mujer tiene este trastorno o si, por el contrario, debe negarse a dar ese dato acogiéndose al secreto profesional. También es frecuente que en juicios en los que se decide el grado de incapacidad de una persona, el juez acuerde que, además del informe del equipo de valoración de incapacidades, emita un informe pericial un especialista.

El profesional sanitario obligado a actuar como testigo deberá poner en conocimiento del juez su deber de secreto. A partir de ese momento, será el juez quien decida si le libera o no de contestar a determinadas preguntas. Si la citación es como perito, el profesional podrá abstenerse de actuar alegando alguna de las causas previstas en el artículo 220 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Si el juez considera suficiente la causa alegada, el perito será sustituido por un perito suplente.

Cuando exista un riesgo para terceros. Una situación particularmente comprometida es la que se produce cuando el profesional sanitario sabe que el estado de salud de uno de sus pacientes puede constituir un peligro para otras personas y duda si hace bien manteniéndolo en secreto. El ejemplo clásico es el médico de familia que atiende a un paciente infectado por VIH. A pesar de las advertencias del profesional, el paciente se niega a tomar precauciones en las relaciones con su esposa. Argumenta que ha cogido el virus en relaciones extramatrimoniales de las que su esposa nada sabe y que si comenzase ahora a utilizar preservativos ella sospecharía. Además, el paciente advierte al médico de que su enfermedad es confidencial y que le demandará si se le ocurre decírselo a alguien.

Aunque cada caso presentará sus peculiaridades, se suelen recomendar las siguientes pautas de actuación que han de seguirse de forma escalonada: primero, hay que identificar que existe un riesgo cierto de contagio; después, se debe negociar con el paciente a fin de que sea él quien informe a su pareja. En este punto es legítimo utilizar diferentes fórmulas de persuasión, como, por ejemplo, dar un plazo máximo, ofrecerse a mediar en el proceso de información o informar al paciente de las consecuencias legales que tiene el contagio de una enfermedad a sabiendas. Si persiste la negativa, el sanitario ha de comunicar al paciente que, en caso de no informar él, no le quedará más remedio que romper el secreto porque está obligado a poner en conocimiento del juez la posible comisión de un delito. Si todo lo anterior falla, el médico estaría habilitado para romper el secreto e informar a la pareja.
A la cárcel por no guardar un secreto Infringir el secreto profesional es un delito, que se castiga con la pena de prisión de uno a cuatro años, multas e inhabilitación especial para la profesión por un tiempo de dos a seis años. Desde el punto de vista jurídico, la obligación de secreto se sustenta en la Constitución Española, que recoge el derecho a la intimidad, en el artículo 18.1. También aparece en normas sanitarias, como en la Ley General de Sanidad y en la Ley Básica de Autonomía del Paciente y de Documentación Clínica.
La particularidad de los menores de edad
En relación con los menores, la mayoría de edad sanitaria, con carácter general, se sitúa en los 16 años (en caso de emancipación podría ser por debajo y en algunos casos puntuales las leyes la fijan en los 18 años). Por encima de esta edad se presume, salvo que se pruebe lo contrario, que el paciente consiente las intervenciones y la disposición de su información.

Por debajo, al contrario, se considera que el paciente no es maduro para ello. De todos modos no hay una edad inamovible a la hora de comunicar o no la información a los padres, sino que depende de la madurez del menor y de la adquisición gradual de la misma. No obstante, la Ley 41/2002 puntualiza que en caso de menores que por su madurez dispongan de la información sanitaria, el médico tendrá que romper el secreto e informar a los padres o tutores en actuaciones de grave riesgo.

Así, en el supuesto de una cirugía de aumento mamario, por el grave riesgo que puede implicar para la vida y, más aún, por encontrarse en el ámbito de la cirugía satisfactiva, los padres deberían ser informados y su opinión tenida en cuenta, aunque en última instancia la que decida sea su hija si tiene madurez suficiente para esta intervención.

Por lo tanto, ¿tiene que guardar secreto profesional el médico en relación a la información de su paciente menor de edad? En líneas generales, sí, en el caso de que el paciente tenga 16 años o esté emancipado –podría emanciparse a los 14 años por matrimonio–. Por debajo de los 16, en principio, habrá que informar a los padres, pero si el paciente es maduro, según el criterio de un juez, se velará por su confidencialidad.

Fuera de los casos descritos, la obligación de secreto debe prevalecer en garantía de la calidad y la credibilidad de la relación entre los pacientes y los profesionales y servicios sanitarios que tengan acceso a la información clínica. El derecho a que se mantenga la confidencialidad de los datos de salud es correlativo al deber de guardar silencio de los profesionales que manejan esos conocimientos.