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15/02/2015 n224
Podemos se presenta por primera vez a los comicios municipales, autonómicos y generales. Con tan solo un año de vida, la única experiencia electoral que ha tenido ha sido en el Parlamento Europeo, donde dio un vuelco a las encuestas y obtuvo cinco diputados. Sin embargo, la formación ha sido poco activa en la política sanitaria de Bruselas. ¿Ocurrirá lo mismo en España si irrumpen en ambas cámaras o acceden a La Moncloa? ¿Será realizable su programa electoral en sanidad? Políticos con representación parlamentaria analizan en ‘Revista Médica’ si son factibles las iniciativas sanitarias que propone Pablo Iglesias.
Cristina Alcalá

2015 se perfila como el año electoral por antonomasia. Excepto en el País Vasco y Galicia, donde se celebrarán el curso que viene, las citas plebiscitarias se sucederán a los largo de los próximos meses por todo el territorio nacional, a través de comicios municipales, autonómicos y generales que marcarán el devenir político, y lógicamente el sanitario, de los próximos cuatro años.

Una importante tarta electoral que, sin embargo, ya no se reparte entre los mismos históricos ‘comensales’, provocado, principalmente, por el nacimiento de varias organizaciones políticas en el último año. Formaciones que buscan arrasar con los partidos ya establecidos y acabar con el “bipartidismo” que, según ellos, reina en España.

Podemos es una de estas formaciones noveles que han calado en gran parte del electorado, gracias a la popularidad que consiguió, principalmente, después de obtener cinco escaños en el Parlamento Europeo en las elecciones de mayo del año pasado, un resultado muy por encima de lo que auguraban las encuestas del momento –las más esperanzadoras para ellos les daban solo uno–.
Un programa sanitario ambicioso

Para aquella ocasión, el de Pablo Iglesias fue el partido emergente que llevó más propuestas sanitarias a Bruselas. Iniciativas como retornar a un sistema público, universal y de calidad; prohibir el copago sanitario y farmacéutico; o acabar con cualquier intento de penalizar el aborto fueron algunas de las reivindicaciones que el partido morado llevó como bandera ante el Europarlamento. Muy similares a las que también acuñaron otras pequeñas formaciones (como CiU, ERC, UPyD o Equo), pero en menor cantidad. Otras, como PSOE o IU, directamente le acusaron de calcar sus ideas, punto por punto.

Teresa Rodríguez

Sin embargo, en los casi diez meses que lleva en la Eurocámara, la actividad sanitaria de Podemos casi ha brillado por su ausencia. En todo este tiempo, la representante del partido en la Comisión de Salud Pública del Europarlamento, Teresa Rodríguez, ha centrado sus discursos en otras cuestiones que no están relacionadas con la sanidad, sino con el medio ambiente o los conflictos en otros países, y en este campo solo ha puesto el foco en los problemas relacionados con los virus del ébola y de la hepatitis C, dos temas muy mediáticos.

Si Podemos, finalmente, irrumpe en las Cortes Generales o accede a La Moncloa, ¿mostrará el mismo desinterés con la sanidad española? ¿Serán realizables las políticas en esta materia que propone? ¿Podrá el actual sistema adaptarse a ellas? Y de no conseguir una mayoría absoluta, ¿conseguirá el apoyo del resto de partidos para sacarlas adelante? Los portavoces de sanidad de los diferentes grupos con representación parlamentaria han contestado a estas preguntas y han explicado a ‘Revista Médica’ hasta qué punto son factibles las políticas sanitarias que Podemos tiene la intención de llevar a cabo si gana las elecciones.
El programa sanitario de Podemos, en ‘pañales’ Formalmente, Pablo Iglesias no ha presentado todavía un programa sanitario electoral para los próximos comicios, ya que el Círculo de Sanidad del partido, el organismo encargado de elaborarlo, no ha definido todavía la hoja de ruta en esta materia. No obstante, la actualidad informativa del momento ha precipitado que el líder del partido se posicione en algunos aspectos que afectan directamente a la sanidad del país, dejando entrever lo que serían algunas de las pinceladas que definirán el ideario de Podemos en las próximas elecciones.
Expropiar las patentes a las farmacéuticas

Una de las medidas más revolucionarias que ha anunciado Iglesias en las últimas semanas ha estado relacionada con la política farmacéutica. A raíz del problema en el acceso a los tratamientos que tienen los enfermos de hepatitis C en España, y por el cual el Gobierno está trabajando intensamente con las comunidades a través de un plan estratégico nacional, Pablo Iglesias ha saltado a la palestra anunciando que, si su partido llega a La Moncloa, expropiará la patente a las farmacéuticas para permitir que otros laboratorios puedan fabricar el medicamento. Una propuesta que no se había escuchado hasta el momento por parte de otra formación política, con o sin representación parlamentaria. 

José Martínez Olmos

Fue el propio ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, quien cortó de raíz esta proposición, al asegurar que “el nuestro es un país serio y vamos a seguir respetando las patentes como hemos hecho hasta ahora”. Una opinión que comparte la representante de Sanidad del PP en la Cámara Baja, Teresa Angulo, quien considera que “expropiar las patentes es incumplir las normativas europeas”. “Otra cosa es estudiar los años que un laboratorio puede tener en exclusiva estos mecanismos”, añade.

Otras formaciones políticas también han dejado claras su postura y han cerrado filas en torno a esta cuestión. Tras la experiencia de gobernanza que tuvo en la anterior legislatura, uno de los primeros en sumarse al rechazo fue el PSOE. Sus dos portavoces en las Cortes Generales, el diputado José Martínez Olmos y la senadora Encarnación Llinares, consideran que, antes de aplicar esta política, el ministerio “debe ejercer una función de liderazgo” en las reuniones entre los laboratorios, con los que negocia el precio de los medicamentos, y las comunidades autónomas, que finalmente los adquieren.

Una opinión que comparte su homóloga de CiU en el Congreso de los Diputados, Conxita Tarruella, quien considera que si se arrebata esta exclusividad, las farmacéuticas no podrían seguir investigando en tratamientos innovadores. “Esta medida no puede hacerse, ni siquiera en situaciones extremas como la que está viviendo España con los enfermos de hepatitis C”, explica la dirigente catalana a ‘Revista Médica’.

Conxita Tarruella

Como alternativas, el PSOE sugiere utilizar equivalentes terapéuticos o realizar una subasta de medicamentos, como la que ya ha puesto en marcha Andalucía (medida que aplaude Podemos), y CiU pide potenciar el uso de fármacos genéricos o los acuerdos de riesgo compartido, como ya ha aplicado Cataluña. “Respeto las subastas de medicamentos, ya que cada comunidad autónoma debe gestionar su competencia en sanidad como crea más oportuno, pero considero que esta medida puede dejar desabastecida a una parte de los pacientes”, aclara Tarruella.

Otros partidos, como IU o UPyD, han fijado una posición intermedia: no apoyan el extremismo que propugna Podemos, ni la postura que ha fijado el Ministerio de Sanidad. Ambos proponen que España emita una licencia obligatoria para que otros laboratorios puedan fabricar sofosbuvir (medicamento comercializado por Gilead bajo el nombre de Solvadi) como paso previo a la expropiación si la propietaria de la exclusividad no cediera.

UPyD, por su parte, va más allá y reclama una central de compras europeas de sofosbuvir, tal y como ha instado una y otra vez su eurodiputada Beatriz Becerra, quien, a pesar de no ser miembro de la Comisión de Salud Pública de la cámara, se ha mostrado muy activa con la gestión de esta enfermedad. De hecho, cuestiona si la Comisión Europea “estaba dispuesta a tomar acciones, en sus áreas de competencia, para facilitar el acceso a versiones más accesibles de los nuevos antivirales”.
La licencia obligatoria, paso previo a la
expropiación de patentes
La licencia obligatoria es un mecanismo que introduce flexibilidad en lo que respecta a la protección de las patentes, ya que permite que otras farmacéuticas fabriquen medicamentos sin necesidad de expropiar la exclusividad a la empresa que lo desarrolló. Es una herramienta que está prevista específicamente en el Tratado de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y a ella han recurrido países como India o Brasil, cuando se han visto desabastecidos de otros fármacos. En España, partidos como IU o UPyD han solicitado al Gobierno utilizarla para que otros laboratorios puedan fabricar sofosbuvir y así evitar que los pacientes con hepatitis C tengan problemas en el acceso a los medicamentos para su curación.
Erradicación completa de los copagos en sanidad

La financiación del sistema sanitario español es otro de los asuntos que abre una brecha entre los partidos con representación parlamentaria. Podemos, contrario a los copagos farmacéuticos, reclama un presupuesto suficiente y finalista para este campo, que esté sustentado por los impuestos de los ciudadanos. Para retornar a ese modelo, la formación de Pablo Iglesias

Teresa Angulo

pide derogar el Real Decreto 16/2012, promulgado por el Gobierno hace tres años, ya que, en su opinión, introduce la privatización al sistema.

“Podemos demuestra un desconocimiento absoluto del funcionamiento del Sistema Nacional de Salud (SNS)”, defiende Angulo. “La sanidad en España es universal, pública y gratuita. Nadie paga por ir al médico. Y en lo que respecta al copago farmacéutico, siempre ha existido como medida para racionalizar el gasto, solo que ahora, con el PP, es más justo”, añade.

Según la diputada, “Pablo Iglesias dice qué va hacer en sanidad, pero no cómo lo va a sufragar”. Y carga las tintas contra Podemos al recordar que Juan Carlos Monedero, número tres del partido, está siendo investigado por el Ministerio de Hacienda por un supuesto impago de impuestos: “No hay que seguir el ejemplo de Monedero, que pone en peligro el sistema con estas actitudes. La sanidad se paga con los tributos de los ciudadanos”.

Rosa Díez y Beatriz Becerra

Tarruella, por su parte, defiende que el sistema público debe mantener “una colaboración permanente con el privado”, como en Cataluña, ya que, sin esta unión, “el SNS no podría soportar el alto número de pacientes” que hay en el país.

Los partidos más a la izquierda abogan por un sistema que sea predominantemente público y donde los límites estén bien marcados, aunque sin la radicalidad de Podemos de acabar completamente con lo privado. Piden respetar una sanidad gratuita y accesible a todos los ciudadanos, sustentada con dinero público.

De hecho, el PSOE ya ha prometido que, cuando llegue a la presidencia, propondrá la reforma de la Constitución para blindar la sanidad en la carta magna como derecho fundamental de los españoles, además de dotarla de un presupuesto específico y finalista en los Presupuestos Generales del Estado. Una idea que apoyan desde las filas de IU, ya que consideran que “el actual modelo de financiación de las comunidades autónomas no es finalista” y que el país debería ir “en la dirección en la que va Europa”, afirma Gaspar Llamazares a este medio.

En esta misma línea se manifiesta UPyD, que rechaza “la introducción del ánimo de lucro de la asistencia sanitaria pública”, al considerar que “la gestión privada no ha demostrado ser más eficaz que la pública”. Rosa Díez apuesta por otorgar al Consejo Interterritorial del SNS “una verdadera capacidad de gestión y coordinación de las políticas sanitarias en España”, tal y como ha explicado a ‘Revista Médica’, ya que, en su opinión, “la existencia de 17 sistemas sanitarios no garantiza la igualdad de derechos de los ciudadanos”, por lo que la competencia en esta materia debería retornar al Estado y, así, asegurar las prestaciones en todo el territorio nacional. Y pone deberes a Pablo Iglesias: “Que se arriesgue, de una vez por todas, a enfrentarse de cara a los verdaderos problemas que sufre el sistema sanitario en la actualidad”.
¿Pagar la homeopatía con dinero público?

Podemos también se atrevió a indagar en uno de los campos más peculiares de la sanidad en España: la introducción de la homeopatía y de las terapias naturales como tratamientos complementarios a la medicina tradicional. Y no solo eso, el partido de Pablo Iglesias estudiaba proponer financiar estas terapias sin evidencia científica con dinero público.

Gaspar Llamazares

Una medida que, hasta el momento no ha apoyado ningún partido con representación parlamentaria. PSOE e IU rechazan de plano pagar con presupuesto público la homeopatía, al igual que el PP, que califica de “irresponsable” hablar de financiación en unas terapias cuya eficacia en la salud de los pacientes no se ha constatado. CiU, por su parte, pide valorar la introducción de estos tratamientos, siempre y cuando cuente con el consenso total de los grupos parlamentarios. Una situación que, hasta el momento, no se ha producido.

En definitiva, el programa electoral que está elaborando Podemos de cara a los comicios de 2015 presenta pocas novedades, ya que se asemeja prácticamente a las ideas que han propuesto y, en algunos casos, han puesto en marcha los partidos de la ‘casta’, como ellos los definen. La más repetida es la de propugnar una sanidad pública, universal y gratuita, deseo común de todas las formaciones con representación parlamentaria. Y cuando el partido de Pablo Iglesias presenta unas medidas ‘innovadoras’, se queda solo, como es el caso de la expropiación de patentes, ya que ningún experto sanitario apoyaría la idea de que España arrebatara la exclusividad a los laboratorios, no solo porque impediría el progreso y la innovación, sino porque, principalmente, va en contra de la ley europea.