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01/02/2015 n222
El informe de los defensores del pueblo sobre la organización de las urgencias hospitalarias ha levantado ampollas en la profesión médica. Y es que el argumentario de Soledad Becerril y sus homólogos autonómicos peca de tendencioso, quizá por falta de bagaje. La troncalidad se presenta como un posible remedio para el conflicto, pero no convence a quienes exigen una independencia total de la especialidad.
Redacción

¿Es o no adecuada la organización de las urgencias hospitalarias en nuestro país? La indecisión trae de cabeza a la comunidad médica desde hace tiempo, pero más en los últimos días. En este caso, la manzana de la discordia es una de las conclusiones del estudio Las urgencias hospitalarias en el Sistema Nacional de Salud: derechos y garantías de los pacientes,

Soledad Becerril y los defensores del pueblo autonómicos presentan el estudio

que se ha publicado esta semana. En él, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, y los defensores autonómicos reclaman que se cree una especialidad médica de Urgencias y Emergencias, pero algunos profesionales sanitarios no se muestran muy de acuerdo.

No obstante, esta demanda no es nueva. El informe anual del Defensor del Pueblo de 2009 ya señalaba que, a pesar de “la trascendencia que debe otorgarse a la formación específica de los profesionales implicados en la atención de urgencias y emergencias”, no se había producido “ningún avance significativo” respecto a la creación de la especialidad. Esa trascendencia de la que hablaba entonces Enrique Múgica radica, en opinión de los firmantes del documento más reciente, en que “la dotación y cualificación de los profesionales, así como los recursos asignados en función de las cargas de trabajo, son referencias básicas para la calidad en la atención”. Según Becerril y sus homólogos regionales, la especialidad que reivindican “tendría efectos positivos en los resultados de calidad asistencial, en el funcionamiento de los servicios y en una más eficaz organización hospitalaria”,

Carlos Macaya, presidente de Facme

y vinculan su reclamación “a la consecución de diversos objetivos, como un itinerario docente más coherente y adecuado para un servicio de tal relevancia, el desarrollo de un perfil investigador específico o la búsqueda de un mejor equilibrio en la adopción de decisiones en el ámbito hospitalario”.

Los defensores del pueblo opinan que los profesionales de Urgencias están expuestos “con más frecuencia que otros profesionales sanitarios a situaciones de tensión y estrés laboral propias de las circunstancias asistenciales que atienden”, por lo que requieren de un refuerzo en la definición y seguimiento de los protocolos de seguridad personal y de autoprotección”. En este sentido, consideran que los médicos internos residentes (MIR) no están preparados para ocuparse de forma habitual de esta carga de trabajo (entre el 30 y el 40 por ciento de la asistencia total en Urgencias) y denuncian que “la insuficiente dotación de plantillas titulares en muchos centros provoca que los MIR asuman un grado excesivo de responsabilidad”.


Malestar en Facme y SEMI Hay quienes creen que la Defensora del Pueblo y sus colegas autonómicos se han metido en camisa de once varas. Por ejemplo, al presidente de la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (Facme) le han sorprendido las “opiniones sesgadas” que recogen las conclusiones del informe. “Me causa sorpresa que la Defensora del Pueblo se involucre en asuntos tan delicados, polémicos y de tanta importancia como la especialidad de Urgencias, que es algo que hay que sopesar mucho dentro de un sistema sanitario”, comenta Carlos Macaya.

“Probablemente no tengan la información suficiente ni procedente de todas las partes”, añade, argumento que comparte plenamente Emilio Casariego, presidente de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI),

Emilio Casariego, presidente de SEMI

otra de las entidades que rechazan la creación de una especialidad para Urgencias: “A nosotros no se nos ha pedido opinión ni hemos estado en las reuniones de elaboración de este documento”.

Otros que echan de menos no haber sido consultados por los defensores del pueblo para la elaboración de su estudio son los pacientes. El presidente de la Alianza General de Pacientes (AGP), Alejandro Toledo, afirma “no tener constancia” de que las asociaciones de afectados hayan participado en el informe. Por su parte, Tomás Castillo, presidente de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, suscribe “todas las conclusiones”, en particular las que hacen referencia a “funcionamiento, estructuras y determinadas carencias en medios materiales y recursos humanos”, pero no entra a valorar la formación de los profesionales.

Cataluña y Andalucía tiran por la calle de en medio
Las comunidades autónomas no son ajenas al conflicto y ha habido dos que han decidido rebasar la línea roja que separaba a las Urgencias del rango de especialidad médica. La primera fue Cataluña que, en octubre del año pasado, dotó de amparo administrativo a estos profesionales del Instituto Catalán de la Salud (ICS) para que se organizaran en el hospital como lo hacen los integrantes de cualquier otro servicio. Los cambios introducidos por la Generalitat reconocían así la categoría de las Urgencias como servicio hospitalario, con el consiguiente nuevo estatus para sus integrantes.

Le ha seguido los pasos Andalucía, que acaba de declarar la independencia de sus servicios de Urgencias, diferenciándolos de los de Cuidados Intensivos. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) argumenta que, tras 20 años de existencia de los servicios de Urgencias y de Cuidados Críticos, en los que se han conseguido grandes avances y mejoras de dotación en medios humanos y materiales, ha llegado el momento de realizar cambios.

Sin embargo, esta decisión no ha puesto fin al problema. Cinco sociedades científicas (las tres de Atención Primaria –Semergen, SEMG y Semfyc–, SEMI y Semicyuc) han encontrado un gran “pero”: la resolución del SAS establece que solo los médicos con título de especialista en Medicina Familiar y Comunitaria podrán acceder a los servicios de Urgencias hospitalarias, algo que, sostienen, “genera discriminación entre especialidades y crea desigualdades en el ámbito estatal”. Así, los presidentes de las cinco sociedades (José Luis Llisterri, Semergen; Benjamín Abarca, SEMG; Josep Basora, Semfyc; Emilio Casariego, SEMI; y Lluís Blanch, Semicyuc) han firmado un manifiesto conjunto en el que rechazan la medida del SAS y exigen su inmediata modificación.

Voces a favor Quien sí ha estado en las tres jornadas previas a la elaboración del documento es el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes). Juan González Armengol destaca la importancia de que el informe haga una apuesta clara por la especialidad de Urgencias y que defienda que la carga de trabajo de los residentes sea proporcionada, sin que la asistencia se base en ellos. Para él, las conclusiones de los defensores del pueblo son “una crítica constructiva con recomendaciones que son posibilistas”.

En la misma línea se manifiesta Tomás Toranzo, expresidente de Semens y actual vicesecretario general de la Confederación Estatal

Alejandro Toledo, presidente de la AGP

de Sindicatos Médicos (CESM): “La carencia de una formación específica de los profesionales que están en los servicios de Urgencias se viene denunciando desde hace tiempo”. A su juicio, un plan formativo definido favorecería una mejor organización y gestión, y los pacientes tendrían “la asistencia que merecen”.

El también expresidente de Semes considera que el anterior Gobierno tenía previsto reconocer una formación específica, pero que el actual, “sin ningún argumento”, abandonó la idea. En su opinión, si el departamento que dirige ahora Alfonso Alonso no rectifica, “estaría ante un tipo de responsabilidad, aparte de ética, posiblemente hasta penal en algún caso”.


Tensión en el ambiente Para algunos, el estudio de Becerril y compañía contribuye a echar más leña al fuego. Porque la polémica lleva servida mucho tiempo. En julio del año pasado, Semes envió una misiva al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a la entonces titular de Sanidad, Ana Mato, para exigir que Urgencias fuera una especialidad troncal y no un área de capacitación específica (ACE), como aparece reflejado en la última versión del real decreto de troncalidad.

La carta respondía a otra firmada de forma conjunta por Facme, el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud (CNE), el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud (Cnecs), SEMI, la Sociedad Española de Medicina Intensiva (Semicyuc)

Juan González Armengol, presidente de Semes

y las tres sociedades médicas de Atención Primaria (Semergen, SEMG y Semfyc), que mostraba al Ejecutivo su rechazo total a la creación de esta especialidad troncal.

Macaya tachó de “chantaje” la estrategia del presidente de Semes al remitir un mensaje al Gobierno en contra de de la opinión de los órganos competentes en esta materia. “¿Quién es él (en referencia a González Armengol) para deslegitimar la opinión de las sociedades científicas?”, se preguntaba el presidente de Facme.

Meses después, en noviembre de 2014, Semes anunció que abriría un expediente a los socios que participaran en el comité de creación de la nueva ACE. Nuevamente, ante la sorpresa en Facme, Macaya calificaba esta medida como una “extorsión” y aseguraba que las sociedades “no pueden penalizar”. Y es que González Armengol defendía que el ACE de Urgencias no saldría adelante y que, de salir, sería “papel mojado, porque ni Semes, ni las sociedades internacionales a las que pertenece (Eusem e Ifem) reconocerán esta titulación ajena a la formación de Urgencias en el mundo desarrollado”.


La troncalidad como solución

Tomás Toranzo, vicesecretario de CESM

El estudio de los defensores del pueblo concluye que, a pesar de las reivindicaciones del colectivo, los profesionales de Urgencias “no han obtenido pleno respaldo normativo en el Real Decreto 639/2014 que regula la troncalidad”. Sin embargo, el presidente de Facme recuerda que su formación sí está prevista en un ACE de dos años. “Eso es lo que, a lo mejor, no ha comentado el presidente de Semes, cuya opinión, lógicamente, está sesgada”, señala Macaya.

Por su parte, el presidente de SEMI cree que durante la redacción de este punto del informe ha podido haber “algún tipo de confusión entre lo que es la organización del servicio de Urgencias y lo que es el conocimiento necesario para desempeñar las tareas en dicho servicio”. “Estamos de acuerdo en que el funcionamiento del servicio mejoraría con una mayor atención a la organización, pero no vemos cómo el tener una especialidad propia, que no cambia el conocimiento disponible, vaya a mejorar algo. Seguramente han tenido consejeros muy polarizados que solo han ofrecido una opinión”, concluye Casariego.

Con todo, los argumentos a favor y en contra invitan a los redactores del documento a valorar si era pertinente o no meterse en este brete. Nadie cuestiona la conveniencia de tomarle el pulso a la calidad asistencial en Urgencias, pero, quizá, el apoyo de Becerril y los defensores del pueblo autonómicos a la creación de la especialidad no está lo suficientemente fundamentado y evidencia un desconocimiento de la estructura organizativa de estos servicios.