¿Quiere recibir Revista Médica en su correo de forma gratuita?
18/01/2015 n220
El incremento del IVA sanitario, que desde el 1 de enero de 2015 ha pasado del 10 al 21 por ciento para un gran número de productos, abre un abanico de interrogantes de difícil respuesta. Esta subida tendrá sin duda consecuencias para los compradores, tanto hospitales públicos como privados, pero también para los fabricantes y distribuidores. Además, los ciudadanos se preguntan cómo les afectará esta medida.

Enrique Pita

El 1 de enero buena parte de los productos sanitarios pasaron de tributar al 10 por ciento a hacerlo al 21. Una subida de 11 puntos que mantiene en tensión al sector desde hace dos años, cuando se conoció la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que condenaba a España por aplicar un tipo impositivo “ilegal” a este tipo de productos. Esta situación ha abierto grandes interrogantes, no solo para las cuentas de los hospitales privados, los servicios autonómicos de salud o los fabricantes y distribuidores, sino también para el ciudadano de a pie, que se enfrenta a la duda de cómo podrá afectarle.

Cristobal Montoro, ministro de Hacienda

Durante estos dos años, la Administración y los agentes del sector, con especial protagonismo de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), han trabajado para elaborar un listado de productos que quedaran excluidos de este incremento, intentando convencer a Bruselas desde la premisa de la necesidad de mantener una tributación reducida (o superreducida, según el caso) a aquellos productos sanitarios que se puedan considerar de primera necesidad, es decir, aquellos que salvan vidas, corrigen discapacidades o solventan una minusvalía.

En este sentido, y pese a los intentos por mantener la tributación previa para el mayor número posible de productos, los cálculos elaborados el pasado verano por Fenin elevaban casi al 70 por ciento los artículos que se verían afectados al alza. Finalmente, fuera de esta subida y tributando al 10 por ciento han quedado productos como las gafas graduadas, las lentillas, las prótesis, las bolsas de recogida de orina, los absorbentes de incontinencia, los implantes quirúrgicos, las sillas de ruedas o las plataformas elevadoras, entre otros.

El impacto, en cifras
Aunque el impacto real de la medida está por ver, no será hasta que lleve en marcha un tiempo prudencial cuando se pueda hacer un balance con datos reales. Sin embargo, algunos estudios previos sí avisan de las complicaciones que puede suponer. Así, desde hace meses, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) ha venido advirtiendo que este incremento puede llevar a muchos hospitales privados a entrar en pérdidas y a afrontar una reorganización para conseguir adaptarse a la situación,

Enrique Álvarez, presidente de Fenin

lo que en algunos casos se traducirá en una reestructuración de sus carteras de servicios con un previsible menoscabo de prestaciones para sus pacientes. Según sus cálculos, el impacto de la medida se resume en un aumento de los costes superior a 82 millones de euros para el conjunto del sector hospitalario privado, con una reducción de los beneficios antes de impuestos (Ebitda) del ocho por ciento de media.

La Federación Nacional de Clínicas Privadas (FNCP) también ha puesto el grito en el cielo y ha asegurado que este cambio tributario va a suponer incrementar los costes de las compras habituales de los centros un 2,6 por ciento. En opinión de la entidad que preside Cristina Contel, este incremento llega en un momento “muy delicado para el sector”, en el que los conciertos con la sanidad pública siguen una tendencia a la baja desde hace cuatro años y en el que, además, la vía de ingresos que tradicionalmente ha sido la principal, la asistencia a beneficiarios de seguros privados de salud, también lleva muchos meses decreciendo a consecuencia del ajuste de márgenes que ha experimentado el sector.

Manuel Vilches, director general del IDIS

Por otra parte, no se puede excluir de esta ecuación a los ciudadanos. Más allá de los problemas que puedan tener los centros sanitarios para asumir este incremento, lo cierto es que muchos de los productos de venta en farmacias que previsiblemente podrían haberse visto afectados por esta subida mantendrán finalmente la tributación al 10 por ciento: gasas, vendas y análogos, compresas, tampones, protegeslips, preservativos y otros anticonceptivos no medicinales. Además, los dispositivos de tratamiento de diálisis domiciliaria o para tratamientos respiratorios, también se van a mantener al 10 por ciento. Sin embargo, artículos como los termómetros sí verán incrementada su tributación.

El último eslabón de la cadena está compuesto por las empresas fabricantes y distribuidoras de productos sanitarios, que presumiblemente tendrán que enfrentarse a complicadas negociaciones con unos clientes que buscarán que el incremento del IVA afecte lo menos posible al volumen de sus pedidos.
No solo para el producto sanitario de uso humano

La sentencia del TJUE condenando a España por la aplicación del tipo ilegal de IVA al producto sanitario se conoció en enero de 2013, aunque ya desde meses antes todo indicaba que el resultado del desencuentro sería el ya conocido. Sin embargo, la sentencia no afecta solo a estos productos, sino también a los aparatos para animales discapacitados y a las sustancias utilizadas en la fabricación de medicamentos.

En este sentido, es significativo ver cómo en los últimos meses del año se registraron ligeros incrementos en los pedidos de productos de fácil almacenaje con la intención inequívoca de sortear ligeramente la subida del IVA. Sin embargo, como han explicado fuentes del sector a ‘Revista Médica’, difícilmente los hospitales, tanto públicos como privados, pueden hacer acopio de material para mucho tiempo, en primer lugar por las limitaciones de espacio de almacenaje y, en segundo lugar, y probablemente la razón más significativa, por lo ajustado de los presupuestos y las dificultades económicas que viven muchos centros.

Por otro lado, hay que recordar el problema del incremento continuo de la obsolescencia del parque tecnológico de los hospitales españoles, que no se verá beneficiado por el alza tributaria. Y es que resonancias, ecógrafos y demás alta tecnología tributan desde el 1 de enero al 21 por ciento,

Cristina Contel, presidenta de la FNCP

lo que complica más la renovación de los equipos. Aun así, fuentes del sector han explicado a ‘Revista Médica’ que quien tenga que comprar un equipo terminará por hacerlo, aunque se hará con más cautela y buscando métodos de pago que hagan más asumible hacer frente al desembolso, lo que quizá contribuya al desarrollo de nuevas fórmulas, como el llamado ‘socio tecnológico’, el pago por uso, o el leasing (arrendamiento con opción de compra).



El sector público, ante la subida del IVA
El sector público tampoco quedará atrás. El impacto es el mismo, si bien con múltiples matices. Lo cierto es que la sanidad pública tiene que lidiar con el mismo incremento impositivo, con unos presupuestos ajustados y con la Administración General del Estado mirando con lupa sus actuaciones para evitar, por un lado, que haya un desvío de la línea de déficit trazada y, por otro, que caigan en la tentación, tan habitual en años precedentes, de financiarse a costa de sus proveedores. El problema, por tanto, es cómo prestar el mismo servicio a los mismos pacientes y con menos presupuesto para compras, teniendo en cuenta el incremento tributario.

De acuerdo con los cálculos previos elaborados por la propia Administración, Hacienda va a recaudar unos 400 millones

María José Sánchez Rubio, secretaria de Sanidad del PSOE

de euros con esta medida. Y aquí es donde está uno de los matices. El IVA lo recauda el Estado y, en el caso de la sanidad pública, lo pagan los gobiernos autonómicos a partir de sus propios presupuestos, con lo que, aunque parezca que todo queda en casa, no es realmente así. De hecho, algunas voces han reclamado que se establezca algún mecanismo para que ese IVA que recauda el Estado de las autonomías revierta en las propias autonomías.

En esta línea se ha manifestado el PSOE, que a través de su secretaria de Sanidad, María José Sánchez Rubio, ha exigido al Ministerio de Hacienda que destine esa recaudación tributaria a las prestaciones de salud. Así, la también consejera de Salud andaluza ha asegurado que esta medida “dificulta el acceso de los ciudadanos a dichos artículos y asfixia aún más a las comunidades autónomas”. “Se trata de un nuevo mazazo a la sanidad pública y al bolsillo de los españoles”, ha dicho. Sin embargo, esta propuesta ha levantado ampollas entre los agentes privados, que entienden que habría que establecer algún mecanismo para que la medida afectara lo menos posible al sector.

En este sentido, el IDIS, la FNCP, la Confederación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados (Cnchp) y la Asociación Nacional Empresarial del Laboratorio Clínico (Anlac) han apuntado en un comunicado conjunto emitido recientemente que “si no se toman medidas de apoyo a las partes de la cadena de valor afectadas y no se plantean medidas de estímulo a la compra de tecnología, esta subida puede poner en riesgo, tanto la actualización tecnológica futura como la competitividad y la viabilidad de muchos centros acreditados”.
El IVA en Muface

El pasado mes de diciembre se firmó el concierto de Muface con cuatro aseguradoras (SegurCaixa Adeslas, Asisa, DKV e Igualatorio Médico de Cantabria) para la prestación de asistencia sanitaria al colectivo de funcionarios civiles del Estado. El acuerdo incluye una subida de la prima por asegurado del 0,9 por ciento que las compañías y los sindicatos han calificado de insuficiente, entre otros motivos porque consideran que solo servirá para paliar en parte el incremento del IVA sanitario.

Este punto, el de la actualización tecnológica, es una vieja aspiración del sector de empresas de tecnología sanitaria como modo de hacer frente a la mencionada obsolescencia. El guante ha sido recogido por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que se ha comprometido a poner en marcha un plan para hacer frente a la renovación de los equipos, y aunque esta medida esté más relacionada en primera instancia con la antigüedad del parque tecnológico, sin duda es una puerta para suavizar en cierta medida el impacto del incremento tributario de este tipo de productos.

Vassilos Skouris, presidente del TJUE

Además, no hay que olvidar que este incremento del IVA llega en medio de una crisis económica de grandes proporciones y se suma a los impagos de las administraciones autonómicas, que han complicado la subsistencia de muchas empresas del sector, por lo que no viene sino a profundizar en las complicaciones a las que las compañías del sector salud deben hacer frente.

En todo caso, todavía es prematuro hacer una valoración objetiva con datos reales en la mano y todo se basa en estimaciones, por lo que habrá que esperar un tiempo para poder comparar el volumen de pedidos y compras, y las cuentas de resultados de las compañías, y conocer así en toda su extensión el impacto de una medida que todo parece indicar que va a complicar la vida –y, probablemente, a algunos mucho– al sector.