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11/01/2015 n219
La imagen del médico en internet se puede ver ‘salpicada’ por antiguas denuncias que, aunque lleguen a declararse infundadas, generan una indudable e irreversible carga de desprestigio para la persona que las sufre por la larga tramitación del proceso. Ahora, tras una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se puede exigir la cancelación y cese de la exposición de determinados datos, un instrumento esencial para luchar contra la ‘pena de buscador’. La clave radica en distinguir qué derecho se impone: la libertad de expresión o aquellos que afectan al propio sanitario.
Ricardo Martínez Platel

Los profesionales sanitarios se mueven en un ámbito en el que la reputación de cara a los pacientes es un elemento de garantía para poder desarrollar su carrera. Antes era frecuente que los médicos tuvieran que lidiar con la llamada ‘pena de banquillo’, en la que se ven sometidos a un juicio en el que, ganen o no, salen perdiendo puesto que se pone en duda su labor y, a pesar de salir absueltos en los juzgados, su trayectoria queda empañada.

Cristina Gil Membrado,
profesora de Derecho Civil


La ‘era de internet’ ha obligado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a regular el ‘derecho al olvido’ o, más bien, a no ser encontrado. Son muchos los profesionales que han sufrido alguna reclamación infundada y que han obtenido pronunciamientos favorables. Sin embargo, siguen apareciendo en la red manifestaciones o referencias de desprestigio, aunque ahora ya cuentan con un respaldo jurídico suficiente como para poder defenderse.

El profesional sanitario que rellene el formulario del derecho al olvido porque se considera agraviado en su intimidad, honor, imagen o, simplemente, por el tratamiento de su información personal, no está solicitando a Google que elimine determinadas páginas en el editor de contenidos. Lo que en realidad pide es suprimir la posibilidad de que poniendo su nombre o algún dato personal en el motor de búsqueda aparezca esa información indexada, que es a lo que obliga la sentencia, tal y como explica Cristina Gil Membrado, profesora de Derecho Civil de la Universidad de las Islas Baleares.
La sentencia que motiva el cambio
El abogado español Mario Costeja fue quien denunció al buscador por publicar información desfasada sobre él: remitía a dos páginas del diario La Vanguardia del año 1998, en las que aparecía la información de un anuncio de una subasta de inmuebles por deudas a la Seguridad Social, que el demandante había resuelto hace años. Costeja consideraba que ya era hora de que aquello se guardara en el baúl de los recuerdos, pero el buscador seguía tratando información que no era adecuada ni pertinente sobre su persona y, por ello, había que suprimirla. El abogado emprendió las acciones legales pertinentes, que derivaron en el pronunciamiento de la justicia europea contra Google, confirmando así la resolución previa de la Agencia Española de Protección de Datos, que ya le había dado la razón.

El abogado Mario Costeja


En este punto, surgen dos aspectos fundamentales: el primero es que, paradójicamente, este abogado, al aducir el ‘derecho al olvido’, está siendo universalmente conocido, ya que pocos conocían antes de la sentencia su identidad y su vinculación a la existencia de estos hechos. El segundo es que la información a él referida sigue y seguirá apareciendo en la hemeroteca digital de La Vanguardia, ya que el tribunal no condena al periódico a que la elimine, porque la publicación estaba justificada, pues fue el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales quien la ordenó para dar publicidad a la subasta. Frente a ello se puede aducir que si bien, en inicio, respondió a la legítima finalidad de que los licitadores concurrieran, no parece que, muchos años más tarde y una vez saldada la deuda, la permanencia responda a una finalidad legítima.
La aplicación en el ámbito sanitario
Estos hechos no resultan ajenos a lo que puede acontecer en el caso de un sanitario que haya sido condenado por mala praxis o que, sin ser condenado, haya sufrido la ‘pena de banquillo’. El médico vizcaíno Joseba Aguirre, también conocido desde que presentó una demanda judicial a Google para conseguir que le ignore “para siempre”, salió victorioso del procedimiento judicial previo, tras ser acusado de formar parte de una red que ofrecía “dietas milagro”. La acusación acabó en sobreseimiento al no haber motivos, según la Audiencia Provincial de Vizcaya, de proseguir con la causa.

No obstante, las arañas o robots de indexación del buscador han propiciado que el médico siga apareciendo como “presunto”, a consecuencia del barrido y rastreo de la información a él referida que se realiza con carácter previo a mostrar el acceso a los contenidos alojados en las páginas web. Según una información del diario El Correo del pasado 1 de diciembre, el médico se ha dirigido a los Juzgados de Getxo, apoyado en la sentencia del TJUE del 13 de mayo de 2014, no solo contra Google sino, también, contra la empresa editora del periódico, que mantiene esta información desde 2009.

Parece claro que la información que desprestigia al profesional y que, con seguridad en este caso, tendría que haber desaparecido totalmente, seguirá ahí si el fallo judicial obliga a Google a retirarla pero no al editor de contenidos, ya que cualquiera podrá acceder a ella, bien dirigiéndose directamente a la web o bien por accidente al realizar cualquier búsqueda. Eso sí, al no indexar esta información será más difícil encontrarla.
Las aseguradoras lo añaden a sus pólizas La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que daba la razón a la Agencia Española de Protección de datos en su disputa con Google, ha alcanzado tal repercusión en el ámbito sanitario que ha provocado que las aseguradoras incorporen a las pólizas de los médicos la posibilidad de ejercitar el derecho a reclamar por daños y perjuicios.

En este sentido, Gil Membrado, que participa en el Proyecto de Investigación DER2013-42294R titulado Privacidad y redes sociales: nuevos retos en la protección de datos y de los derechos al honor, intimidad e imagen, es más afín a la idea de reforzar la decisión tomada frente a Google haciéndola extensiva al editor del sitio web. Además, hay que tomar en consideración que existen herramientas para que el editor active protocolos como ‘robot.txt’ o ‘noindex’, entre otros, de modo que determinada información puede ser excluida de la indexación que realiza el motor de búsqueda.

De hecho, lo anterior se puede justificar también desde un punto de vista pragmático, ya que difícilmente Google, que indexa información de todo el mundo, sabe cuándo una determinada información es adecuada, pertinente y no excesiva. Aunque pudiera realizar con garantías los juicios que implican determinar los límites del ‘derecho al olvido’, hay quien señala que obligar a los buscadores a valorar los contenidos implica anular su valor como instrumentos “neutros” en la sociedad de la información.

Considerando que tanto Google como el editor de contenidos son responsables, desde el punto de vista del tratamiento de datos personales, por decidir sobre la finalidad y los medios del tratamiento, y que pueden menoscabar los derechos a la intimidad, al honor y a la imagen del profesional, ambos tendrían que ser obligados a suprimir la información o, dicho en términos de protección de datos, a garantizar el derecho a la cancelación del interesado que, en definitiva, tendría que ser el olvido. Pero, hoy por hoy, únicamente se puede hablar del derecho a no ser encontrado. No existe el ‘derecho al olvido’.

En la esfera profesional del sanitario la relación de confianza con el paciente es fundamental. Un ataque infundado a su reputación puede quebrar esta confianza de modo irreparable. Las pólizas de responsabilidad civil profesional pueden incluir el derecho a reclamar por daños y perjuicios dando cobertura a su imagen virtual, pero difícilmente cerrarán la brecha que se abre en lo más profundo de su honra profesional.


La situación legal
Existe una insuficiencia normativa y de mecanismos que garanticen el derecho al honor, a la intimidad y a la imagen del ciudadano a consecuencia de la irrupción de internet, donde los riesgos se multiplican exponencialmente y perduran en el tiempo, y donde la ponderación de derechos, especialmente el de la libertad de información y el de la libre expresión, no puede producirse en la misma medida en el mundo real y en el virtual. En este caso, estando en juego algo tan sensible como el prestigio profesional, las cautelas tendrían que adoptarse de modo preventivo mediante el establecimiento de filtros que dieran acceso únicamente a la información veraz y actualizada.
La posibilidad de limpiar la reputaciónLa protección de datos de las personas y, en este caso, de los facultativos prevalece, con carácter general, sobre el interés económico del gestor del motor de búsqueda, lo que supone que los profesionales de la salud puedan evitar que su nombre se vea manchado, salvo que el médico tenga notoriedad social y el acceso a la información esté justificado por el interés público.

Hasta el momento, el profesional que consideraba que determinada información presente en la red menoscababa su imagen, su honra o su reputación, no sabía dónde acudir. Teniendo en cuenta que, probablemente, la información se habría recogido por distintos editores de sitios web, la situación se complicaba. No en vano son muchas las reclamaciones que han llegado a los tribunales y a la Agencia Española de Protección de Datos con intención de salir de la red. Impedir que los motores de búsqueda indexen esa información es solucionar en parte el problema de abocar al afectado a peregrinar por cientos de páginas.

Para Cristina Gil Membrado, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el ‘derecho al olvido’ es un paso más, pero “queda todavía mucho por recorrer”. Mientras tanto, habrá que analizar cómo se materializa y cómo se resuelven los conflictos pendientes a la luz de la nueva doctrina.