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07/12/2014 n214
Los tres años de Ana Mato al frente del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad han estado marcados por las
grandes reformas del sistema sanitario,
los cambios en la cartera de servicios
o la introducción de nuevos copagos.
Ahora, en el año que queda de
legislatura, su sucesor deberá hacer
frente a uno de los grandes ejes de la
hoja de ruta marcada por el Ejecutivo
para esta área: alcanzar el ansiado
Pacto Sociosanitario.
Redacción / Imagen: Miguel Fernández de Vega

Alfonso Alonso era la sorpresa de Rajoy. Tras la dimisión de Ana Mato, mucho se había especulado con el nombre de su sucesor al frente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y hasta última hora del martes, día en que se anunció su nombramiento, en el seno del propio Partido Popular se daba por hecho que el presidente del Gobierno se decantaría por la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Susana Camarero. Sin embargo, parece que Mariano Rajoy lo consultó con su vicepresidenta, Soraya Sáez de Santamaría, y se decidió por un político muy de la confianza de ella, y que ha venido realizando una brillante labor como portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados.

Con el nombramiento de Alonso, también exalcalde de Vitoria, Rajoy huye del perfil técnico que, en ocasiones, se le ha demandado para retomar la senda del político puro, con experiencia en la gestión de equipos y administraciones, y, sobre todo, en la negociación con el resto de fuerzas políticas y agentes sociales.

El nuevo ministro jura su cargo en presencia del Rey, el presidente del Gobierno, la vicepresidenta y el ministro de Justicia. Foto: Casa de S.M. el Rey / Borja Fotógrafos

 Este matiz será, sin duda, muy apropiado para los retos que debe encarar en los próximos meses, los últimos de la X Legislatura, que en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad estarán especialmente marcados por la 'pata' social, toda vez que las reformas sanitarias de mayor calado ya han sido puestas en marcha o están ya en capilla, dispuestas para ser aprobadas.

Así, si los primeros tres años han sido los del Real Decreto 16/2012, para hacer frente a los objetivos de déficit del Gobierno; la implantación de nuevos copagos; los cambios en la cartera de servicios; la centralización de compras de medicamentos y productos sanitarios; o la orden de precios de referencia, lo más importante que queda en la agenda del futuro ministro para los próximos meses, tal y como han explicado a ‘Revista Médica’ fuentes ministeriales, será profundizar y completar el recorrido por la senda social. Se cerrarán así importantes compromisos programáticos como el Pacto Sociosanitario, uno de los grandes retos que se puso el propio presidente del Gobierno en su discurso de investidura y que todavía tiene que llegar a buen puerto.

Por otra parte, 2015 es un año peculiar en términos políticos, con dos convocatorias electorales: las elecciones autonómicas en mayo y las generales que, previsiblemente, se celebrarán en noviembre. Esto acorta tiempos y supone una presión añadida, ya que los actuales gobiernos regionales tendrán poco más de un trimestre útil y querrán presentar medidas concretas en el campo de los servicios sociales, un ámbito electoralmente muy jugoso. Además, esto supone que el ministerio arrancará el año negociando con unos ejecutivos autonómicos que pueden ser muy diferentes a los que resulten de las elecciones de mayo, lo que conlleva una dificultad añadida más.


El Pacto Sociosanitario, objetivo de legislatura El ansiado Pacto Sociosanitario ha sido uno de los ejes sobre los que ha girado la actividad del ministerio en los últimos años, no solo en esta legislatura. Desde mediados de los años 90 se ha trabajado en esta línea y distintas normativas, como la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) de 2003, ponían sobre la mesa la necesidad de adaptar las políticas a las nuevas realidades, especialmente marcadas por la cronicidad. Por otra parte, el Ministerio de Sanidad trabajó, durante la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero (2008-2011), en la elaboración de un Libro Blanco de Atención Sociosanitaria, que no vería la luz hasta 48 horas antes de que la última socialista que ha dirigido la sanidad española, Leire Pajín, fuera relevada por Ana Mato.

Desde entonces, y durante los tres años de Gobierno de Rajoy, el ministerio ha dado pasos constantes para lograr alcanzar este pacto, un documento que permita transformar y aunar los servicios sanitarios y sociales, dotándolos de verdaderas herramientas de colaboración y cooperación de forma que el paciente sea uno en todos los planos.

Ana Mato cede la cartera de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a Alfonso Alonso

 Con esto, según distintos expertos, se alcanzarían importantes cotas de eficiencia en ambos sistemas, uno de los grandes objetivos que se persigue desde tiempo atrás y que se ha visto acuciado por las necesidades derivadas de la crisis económica.

En este sentido, Ana Mato ha dejado los primeros pasos andados, lo que redundará en beneficio de la labor de Alonso. Así, uno de los encargos iniciales de la ya exministra al Consejo Asesor de Sanidad fue, precisamente, la elaboración de un documento sobre coordinación y atención sociosanitaria que se concretó en medio centenar de propuestas. Entre estas proposiciones están la implantación de un código de identificación personal único compartido por los servicios sociales y sanitarios –lo que se ha venido a llamar la puerta de entrada única–; el desarrollo de una historia digital compartida entre ambos sistemas; adoptar medidas de prevención para retrasar la llegada de la situación de dependencia; o la definición de los perfiles profesionales más adecuados para la composición de los equipos de gestión de casos, apostando por grupos multidisciplinares. Además, también sugiere mejorar las políticas formativas dirigidas a los cuidadores, tanto formales como informales, y reorganizar los niveles asistenciales.

Sobre esta base han trabajado ya las autonomías y el ministerio, que han redactado un borrador de pacto que se va a presentar a los agentes del sector para tratar de mejorar algunos de sus aspectos y que, más adelante, se debatirá con partidos políticos con el objetivo de enriquecerlo y conseguir que el documento no quede ‘marcado’ con el signo del PP, sino que sea fruto del diálogo y el consenso. Precisamente, es aquí donde debe cobrar fuerza la experiencia de Alonso y su relación con el resto de fuerzas del arco parlamentario, tejida a lo largo de sus tres años como portavoz popular. En su nuevo papel como ministro, Alonso deberá afianzar la labor desarrollada hasta ahora por el ministerio y cerrar definitivamente este acuerdo, previsiblemente en los primeros meses de 2015.

La ‘patata caliente’ del aborto
La reforma de la ley del aborto era uno de los compromisos programáticos de Mariano Rajoy en las elecciones generales que le auparon al Gobierno. Una vez investido, y contra pronóstico, encargó su redacción al Ministerio de Justicia y no al de Sanidad, en una decisión que no fue bien entendida en determinados foros profesionales y políticos. Lo cierto es que la propuesta del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que retomaba los supuestos de la ley de 1986, fue retirada, decisión que fue aplaudida por el ahora ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, que la calificó de “responsable” al considerar que el proyecto Gallardón “estaba dividiendo” a la sociedad.

Pero esto no significa que Alonso sea contrario a reformar el actual sistema de plazos que marca la ley promulgada por el anterior Ejecutivo. De hecho, y aunque ha sido una de las voces dentro del PP que más se ha opuesto a las propuestas de Gallardón, sí ha asegurado que el PP no va a retirar el recurso del PP ante el Tribunal Constitucional, que afecta a aspectos más amplios de la ley todavía vigente.

El nuevo ministro se ha mostrado partidario de buscar un consenso con el resto de fuerzas para reformar la normativa actual con el fin de que las menores de edad cuenten con el consentimiento paterno para poder interrumpir su embarazo. Previsiblemente, esta medida se incluirá en la ley de protección del menor y, probablemente, se acompañará de un plan de apoyo a la maternidad y la familia.

Otros retos en el campo de los servicios sociales Una de las primeras medidas adoptadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy tras su llegada al Gobierno fue el aplazamiento de la incorporación de los dependientes moderados al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Lo que en un principio se anunció como una moratoria de un año –se retrasó su incorporación hasta el 1 de enero de 2013– ha derivado en toda una legislatura fuera del sistema, ya que no será hasta julio de 2015 cuando se incorporen definitivamente, tal y como anunció el pasado mes de noviembre la entonces ministra Mato.

Esto supondrá que 300.000 nuevos beneficiarios entrarán al sistema de prestaciones. El principal problema al que se enfrentará el nuevo ministro es esencialmente económico, ya que los Presupuestos Generales del Estado no prevén esta coyuntura y será necesario incrementar la partida presupuestaria para que el Ministerio de Sanidad pueda hacer frente a su responsabilidad de “pagar el 50 por ciento de las prestaciones que corresponde al Estado”, tal y como la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, resaltaba recientemente.

La primera reunión de Alonso como ministro ha sido
con la secretaria de Estado de Servicios Sociales,
Susana Camarero

 Sin embargo, esta incorporación puede encontrarse con dificultades en forma de escollos autonómicos, ya que no está claro que los ejecutivos regionales hayan presupuestado esta contingencia y, además, quien deberá hacer frente a la incorporación de estos nuevos beneficiarios serán los gobiernos que salgan de las urnas de mayo.

Otro eje de calado de las políticas del Ministerio es el de la discapacidad. Aunque en este ámbito ya se ha avanzado mucho a lo largo de la legislatura, con grandes hitos como la promulgación del Texto Refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social en noviembre de 2013, lo cierto es que hay que seguir dando pasos hacia la normalización del papel de este colectivo en la sociedad. En este sentido, en los últimos 30 años se han derribado grandes barreras en ámbitos como la educación o el mercado laboral, pero todavía queda trabajo por hacer en el campo de la sensibilización para acabar con los estigmas que persiguen al colectivo.

Por otro lado, Alonso también deberá hacer frente a la adopción de las recomendaciones europeas en materia de envejecimiento activo, un aspecto en el que el trabajo, liderado por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), está muy avanzado. Y no deberá olvidarse de situaciones como las políticas de apoyo a la familia y a la infancia o la violencia de género.


Más allá de lo social Más allá de los retos en el campo de los servicios sociales y de la igualdad, Alonso no puede dejar de prestar atención a algunas medidas y retos que ya están en marcha pero que tienen que culminar. El desarrollo del Real Decreto de Troncalidad debe seguir su senda y la definición de dos reales decretos que afectan a la industria farmacéutica (el de precios y el de ensayos clínicos) debe cobrar impulso.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada, han acompañado a Mato y Alonso en el traspaso de poderes

Además, no puede olvidar la necesidad de abordar los planes de renovación de los equipos tecnológicos de los hospitales españoles, en creciente obsolescencia.

Pero si hay un eje en el campo de la Sanidad en el que Alonso debe dar el do de pecho es en la relación con las profesiones sanitarias. Así, a lo largo de 2013 Mato firmó una serie de pactos con representantes de médicos, enfermeras y farmacéuticos con desigual resultado. El primero es el que está más adelantado, si bien desde el Foro de la Profesión Médica han lamentado que las etapas se queman muy lentamente. Mientras, el de los farmacéuticos no ha terminado de desarrollarse. Más preocupante es el que se suscribió con la profesión enfermera, que está al borde de la ruptura. Por último, la relación del ministerio con los pacientes también debe definirse y concretarse en un pacto que, por ahora, vive guardado en un cajón.