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23/11/2014 n212
La desarticulación de varias tramas de contrabando de medicamentos por la Guardia Civil durante los últimos meses ha puesto sobre la mesa la realidad de este problema en España. Aunque el sector de la distribución le resta importancia alegando que no afecta a las grandes compañías (extremo que, en cambio, las fuerzas del orden público no descartan), la Aemps reclama penas más severas contra un delito que es más rentable que el tráfico de drogas. Y es que, según los investigadores, por cada fármaco vendido en el mercado negro se obtiene un beneficio del 800 por cien.

Eduardo Ortega

En lo que va de 2014, el sector farmacéutico se ha convertido en un triste protagonista de las páginas de sucesos y de las crónicas sociales de los medios de comunicación españoles. Solo a lo largo de este año, la Guardia Civil ha puesto fin a la actividad de cuatro redes de tráfico ilícito de medicamentos, una de ellas la mayor conocida hasta ahora en España. Y fuentes del Instituto Armado afirman que esto puede ser solo el principio, dado que las investigaciones siguen en marcha y las detenciones pueden continuar.

La más llamativa de todas fue, o está siendo más bien, la ‘Operación Convector’, una trama desarticulada a finales de octubre. Lo que originó el inicio de las pesquisas de la benemérita fueron una serie de denuncias, reiteradas, sobre una situación anómala dada en farmacias de Teruel. Los demandantes eran ciudadanos que no lograban encontrar varios medicamentos que, según los registros de la Consejería de Salud de Aragón, sí habían sido pedidos y recibidos por las boticas sospechosas.

Estos hechos, sucedidos durante el verano, fueron los que llevaron a que se iniciara una investigación que llevaría a la operación ‘Pharmakon’, y más tarde a la actual ‘Convector’, que acumula ya 30 detenciones y dos imputados, además de 28 registros en farmacias, almacenes mayoristas y domicilios de Zaragoza, Teruel, Barcelona, Granada, Málaga y Valencia.

Para entender la magnitud de los hechos, hay que recurrir a las cifras. Solo en Aragón (no hay cálculos todavía de la actividad de la red fuera de esta región), se ha detectado la venta ilícita de 123.000 envases, con una facturación superior a 1.460.000 euros. Sin embargo, estas cantidades no son definitivas y la Guardia Civil da a entender que pueden ser muy superiores a las estimadas. Sobre todo teniendo en cuenta que la investigaciones siguen en marcha.

Conexiones entre las redes
De hecho, según fuentes del instituto armado, ya han encontrado conexiones entre la ‘Convector’ y el otro frente abierto por las fuerzas del orden público en el norte de la Península Ibérica, la operación ‘Noisa’. Esta trama, que ya ha

Belén Crespo, directora general de la Aemps

dado pie a varias detenciones en noviembre, tiene su base en Galicia y fuentes de la investigación indican que ya se ha ordenado el envío a prisión del empresario Carlos Iván López, dueño de varias empresas farmacéuticas investigadas por el delito de tráfico ilícito de medicamentos.

El modus operandi en ambos casos, a los que hay que sumar ‘Pharmakon’ y ‘Caduceo’ (desarrollada en Navarra) era similar: la distribución inversa. Esta práctica consiste en la venta legal de un número determinado de medicamentos a una o varias farmacias, del que estas se quedaban con una pequeña parte para su dispensación a los pacientes. El resto se enviaba a un almacén de distribución, con el que estaban asociados los establecimientos, que se encargan de su venta en el extranjero. El beneficio llegaba por el bajo precio que tienen los medicamentos financiados en España, respecto al que tienen en otros países en el mercado privado.

La Guardia Civil concreta que los fármacos exportados eran normalmente “de alto valor”, en su mayoría para patologías relacionadas con las áreas de oncología, trasplantes, enfermedad mental y sistema nervioso central. Asimismo, informa de que su destino eran países tanto de la Unión Europea como de otras áreas geográficas, aunque las pesquisas han determinado que la mayoría acabaron en Alemania, Bélgica y Reino Unido. Todos ellos por precios superiores un 800 por cien al que tenían cuando se vendían en España.

Crisis como causa

Consultadas por las razones que han llevado a este incremento del tráfico ilegal de fármacos en España, fuentes de la Guardia Civil dudan. Aunque reconocen que la crisis económica y la reducción de ventas y facturación pueden haber sido un detonante en algunos casos, varias de las farmacias intervenidas no padecían estos problemas.

En cambio, desde la distribución farmacéutica se advierte de que este fenómeno tiene que ver con “el estado de ruina del sector”. De hecho, desde la cooperativa Cofares no pueden asegurar que las boticas a las que sirven no practiquen esta actividad.

Esta idea también es compartida por la oficina de farmacia. Jaime Giner, presidente de los farmacéuticos valencianos, recuerda que los que llevan a cabo estas prácticas de contrabando muchas veces se ven arrastrados a ellas por una situación económica “crítica, de impagos”.


Una mano más dura con los crímenes
Entre todas las tramas desarticuladas en lo que va de año, ya van 50 personas implicadas, más de un centenar de farmacias investigadas y varios almacenes mayoristas registrados. Todo ello también gracias a la implicación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) en las investigaciones, siempre de la mano con la Guardia Civil. De hecho, Belén Crespo, directora del órgano regulador, ha denunciado en varias ocasiones lo “barato” que es en España cometer este tipo de delitos, y no duda en pedir más mano dura contra ellos.

Es más, Crespo asegura que los beneficios por este tipo de delincuencia son un 25 por ciento superior a los del tráfico de drogas,

Miguel Valdés, director general de Fedifar

y lamenta que la máxima pena alcance solo el millón de euros en casos en los que las ganancias de los infractores llegan a ser de "miles de millones".

De ahí que advierta de que, a su juicio, el Código Penal no tiene aún suficientes penas en relación a estas prácticas y apuesta por su tipificación expresa como delito, idea en la que ha encontrado el apoyo expreso del Consejo General de Farmacéuticos presidido por Carmen Peña.

Y es que tanto Guardia Civil como Aemps coinciden en advertir de que estas tramas nacionales ponen en serio riesgo la salud pública, dado que pueden provocar el desabastecimiento de fármacos vitales en el tratamiento de diversas enfermedades al afectar a la cadena de suministro. Es decir, que se pone en peligro el principio fundamental de acceso al medicamento.

¿Un problema no generalizado que no llega a las grandes compañías?
¿Qué responden las empresas de distribución ante esta situación? Consideran que el del comercio ilegal es un problema, pero no generalizado, y no creen que haya llegado a las principales compañías del sector, como Cofares o Hefame. “El sistema de distribución farmacéutica no está enfermo ni afectado de forma extensa”, asegura Miguel Valdés, director general de la Federación de la Distribución Farmacéutica (Fedifar).

El responsable de la patronal respalda su argumento en cifras: “En España hay 351 licencias para almacenes mayoristas de medicamentos. 160 de ellas están vinculados a Fedifar, y se encargan del 97 por ciento de lo que abastece a las farmacias españolas. De ese tres por ciento restante se encarga el resto de las distribuidoras, que es el grupo en el que están los almacenes implicados y que escapan al alcance de Fedifar”.

Sin embargo, las grandes empresas pertenecientes a Fedifar sí que podrían estar afectadas. Dentro de las actuaciones de la operación ‘Convector’, la Guardia Civil detuvo a un comercial de Alliance Healthcare por su participación en la trama.

Carlos González Bosch, presidente de Cofares

Sin embargo, fuentes de la distribuidora farmacéutica europea recuerdan que la compañía “no ha sido llamada a testificar o a declarar en dicha causa, estando plena y naturalmente dispuesta a colaborar con las autoridades competentes”. De hecho, aseguran que cumplen “estrictamente con toda la normativa vigente”.

Asimismo, recuerdan que “los almacenes que se dedican a hacer verdadera distribución se les somete periódicamente a inspecciones muy exigentes que duran varios días y en las que se revisa todos los procedimientos y registros; sería imposible ocultar en una de estas inspecciones compras sistemáticas realizadas a proveedores no autorizados, como las farmacias”.

Mientras, desde Cofares, la mayor distribuidora de España, advierten de que “un caso no puede dar mala imagen a todo el sector”. Además, informan de que, en su caso “hay filtros para evitar que se haga comercio paralelo con los productos que suministramos”.

Estas posturas también son compartidas en Hefame, donde tampoco consideran que las exportaciones paralelas e ilícitas sean una práctica habitual en el sector farmacéutico.

Sin embargo, fuentes de la benemérita advierten de que las investigaciones siguen abiertas y no descartan ninguna posibilidad, ni siquiera la de que las grandes compañías del sector estén implicadas en estas infracciones, sobre todo teniendo en cuenta cómo se están extendiendo los tentáculos de ‘Convector’.

El inicio: ‘Caduceo’

Aunque no está conectada con ‘Pharmakon’, ‘Convector’ o ‘Noisa’ (al menos, no se ha visto esta relación aún), los primeros resultados de la guerra al contrabando de medicamentos también llegaron con la operación ‘Caduceo’, que se desarrolló en el mes de julio entre Comunidad Valenciana y Navarra, principalmente. En el marco de este operativo, los agentes de la Guardia Civil constataron la existencia de un almacén mayorista con sede en Alboraya, constituido por tres empresas, que compraba en farmacias medicamentos que solo podían dispensarse a particulares, alegando imposibilidad de abastecerse de los laboratorios que los fabricaban, para venderlos en países europeos.

A la hora de hacer la factura, farmacias y almacén pactaban un concepto de precio final distinto del real, normalmente de productos de parafarmacia ya que la tipificación de IVA es mayor que la del medicamento. De esta manera, las boticas implicadas obtenían un incremento de las ganancias superior por la devolución del IVA que pedían, además de la comisión acordada por la venta de estos fármacos.

‘Caduceo’ se resolvió con varias detenciones y diversos registros que permitieron dar con un almacén clandestino con más de 12.000 medicamentos valorados en 300.000 euros.


Preocupación
Y aunque es cierto que todavía ninguna de las grandes cooperativas ha sido relacionada con los delitos, el sector está preocupado por la situación. Los primeros espadas de la distribución aseguran que la alarma generada está “perjudicando la reputación” de las empresas y sus

César Martínez Recalde, presidente de Alliance Healthcare

prácticas, más si cabe en un momento en el que la población está sensibilizada por los casos de corrupción política destapados en las últimas semanas. Por ello, todas esperan que “la Justicia actúe con celeridad y se clarifique la situación lo antes posible”.

Sin embargo, los tentáculos del comercio ilegal de fármacos son extensos. Y está claro que para la Guardia Civil y la Aemps lo destapado en lo que va de 2014 puede ser solo la punta del iceberg de un fenómeno con unas raíces más sólidas de lo esperado en el sector farmacéutico español. ¿Soluciones? Parece que un mayor endurecimiento de las penas (algo que el sector apoya) asociado a la actividad policial deberían poner coto a estas prácticas. Así que la pelota queda el tejado del Ministerio de Justicia, que todavía no ha respondido sobre si va meditar la puesta en marcha de las medidas reclamadas.