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19/10/2014 n207
Parece que, por el momento, la reforma local emprendida por el Gobierno central está encallada. La iniciativa del departamento que encabeza Cristobal Montoro se ha encontrado con un frente autonómico que no está dispuesto a asumir el gasto que ahora sufragan los ayuntamientos y diputaciones en determinados servicios sanitarios y sociales. La intención del Ministerio de Hacienda es abrir un periodo de negociación con las autonomías que ya han aprobado un decreto propio para blindar las competencias municipales, pero no descarta, como última opción, llevar a la justicia los decretos autonómicos si no se ajustan a la normativa estatal.
Cristina Mouriño
Al Gobierno de Mariano Rajoy se le ha abierto otro frente autonómico. Esta vez es contra la reforma local con la que el Ejecutivo central pretende que las comunidades autónomas pasen a asumir las competencias que ahora mantienen los ayuntamientos y diputaciones. Son las conocidas como competencias impropias, que afectan, entre otros ámbitos, al sanitario y al de servicios sociales.

Hasta la fecha, 13 de las 17 comunidades autónomas se han negado a hacer propias estas competencias ya que supone asumir un mayor gasto al que alegan no poder hacer frente. El objetivo del Ministerio de Hacienda es evitar la duplicidad que en la actualidad se produce en la prestación de algunos servicios entre ayuntamientos y comunidades autónomas. Fuentes ministeriales y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) estiman que la reforma en su conjunto generará un ahorro a las arcas estatales de unos 8.000 millones de euros. El ministerio asegura no tener desglosado esta cantidad por áreas, por lo que el dinero que se dejará de gastar en sanidad y servicios sociales al evitar la duplicidad de servicios es aún desconocido.

Situación autonómica de la reforma local
Los ayuntamientos con superávit continuarán prestando los servicios

Según ha explicado el presidente de la FEMP, Íñigo de la Serna, “si el ayuntamiento está en situación de superávit puede seguir prestando los servicios siempre que no estén duplicados”. La asunción de las competencias en materia de sanidad, cuyo plazo es de cinco años, “está, en parte, vinculada al desarrollo del nuevo modelo de financiación”, ha añadido el presidente de la FEMP, quien reconoce que la federación no tiene constancia de cómo están aplicando esta reforma las comunidades.
Rechazo de 13 comunidades
Andalucía, Asturias, Cataluña, Canarias, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Región de Murcia, Navarra y País Vasco han mostrado su rechazo a hacer propias las competencias municipales, entre las que se encuentran los servicios de inspección sanitaria o el control sanitario del medio ambiente.

En medio de esta ‘lucha autonomías-Estado’, algunas de ellas se han apresurado a elaborar leyes autonómicas que preserven estas competencias en los municipios. Este es el caso de Andalucía, Asturias, Cataluña, Castilla y León, Galicia, La Rioja, Madrid, Región de Murcia y Navarra. Otras, como País Vasco y Comunidad Valenciana, han avanzado la intención de seguir los pasos marcados por estas nueve comunidades, pero, hasta el momento, solo han hecho constar en una circular su oposición a la ley estatal.

Asimismo, Canarias ha anunciado que también desarrollará un decreto autonómico que garantice que las competencias municipales seguirán en manos de las entidades locales. En el caso de Extremadura, ha sido la Asamblea autonómica la que ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la ley estatal.


Reunión de la Comisión Nacional de Administración Local

La reforma, al Constitucional
La reforma local que pretende el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas no ha escapado de la judicialización. Como otros asuntos sanitarios –por ejemplo, la resolución que ordenaba el copago hospitalario o el Real Decreto 16/2012 de Medidas Urgentes para la Sostenibilidad del Sistema Sanitario–, esta norma se ha llevado ante el Tribunal Constitucional por parte de algunos gobiernos autonómicos, concretamente por el asturiano, el andaluz, el catalán y el canario.

En este sentido, también se han manifestado otros tantos parlamentos autonómicos (Extremadura, Navarra, Cataluña y Andalucía) que han recurrido la reforma del departamento de Cristobal Montoro ante el alto tribunal. Fuentes del Constitucional han confirmado a ‘Revista Médica’ que todos estos recursos se han admitido a trámite y se han sumado al interpuesto por 2.900 ayuntamientos de toda España y por el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados.

La Ley 27/2013 de racionalización de la Administración Local, promovida por el Ministerio de Hacienda, establece en su disposición transitoria primera que las comunidades autónomas asuman las competencias relativas a la salud. Según cita la norma estatal, entre éstas figuran las relativas a la participación en la gestión de la Atención Primaria de la salud. Hacienda exige que en el plazo máximo de cinco años desde la entrada en vigor de esta ley, las autonomías asuman de forma progresiva –un 20 por ciento anual– la gestión de los servicios asociados a las competencias sanitarias mencionadas. Además, la comunidad autónoma deberá elaborar un plan para la evaluación y reestructuración de los servicios.

Pero el ministerio de Cristobal Montoro va más allá y establece que se cargará a la comunidad autónoma el gasto por la prestación de estos servicios si el Gobierno autonómico decide mantenerlos en los municipios. Asimismo, señala que si la autonomía no transfiriere las cuantías precisas para sufragar dicho gasto se aplicarán retenciones en las transferencias que les correspondan por aplicación de su sistema de financiación.

En lo que respecta a las competencias relativas a servicios sociales, la disposición transitoria segunda de la reforma local prevé que la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social, que hasta ahora desempeñaban los ayuntamientos, la realicen las comunidades autónomas. En un plazo de cinco años, y previa elaboración de un plan para la evaluación, reestructuración e implantación de los servicios, las comunidades habrán de asumir la cobertura inmediata de dicha prestación.

Sin embargo, el plazo para la asunción de las competencias en materia de inspección sanitaria es menor: seis meses. La reforma de Cristobal Montoro recoge que, en ese periodo, las comunidades prestarán los servicios relativos a la inspección y control sanitario de mataderos, de industrias alimentarias y bebidas que hasta ese momento vinieran prestando los municipios.

La asunción de las competencias en materia de sanidad, cuyo plazo es de cinco años, “está, en parte, vinculada al desarrollo del nuevo modelo de financiación”, ha explicado el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, a ‘Revista Médica’, quien reconoce que la federación no tiene constancia de cómo están aplicando esta reforma las comunidades.
Íñigo de la Serna y Cristobal Montoro
Hasta 5.900 entidades ineficientes

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas calcula que unos 5.900 ayuntamientos españoles son ineficientes porque prestan sus servicios a un coste superior del que podrían prestarlos, según los cálculos del departamento. En concreto, se trata de 5.583 pueblos de menos de 5.000 habitantes, el 92 por ciento del total, y de 344 de entre 5.000 y 20.000 habitantes, el 60 por ciento.
Comunidades con normativa propia
En relación a las autonomías que han desarrollado su normativa propia, De la Serna, asegura que “se ha pedido auxilio al Gobierno central para que defienda su propia ley, ya que podría quedar hueca, si no se toman medidas”. El presidente de la FEMP ha apuntado que la Comisión Nacional de Administración Local –que es el órgano permanente para la colaboración entre la Administración General del Estado y la Administración Local, representada en la federación– ha pedido al ministerio que “actúe con contundencia”, a lo que Hacienda ha respondido que “los decretos autonómicos se recurrirían ante la justicia como última opción”.

Fuentes ministeriales han confirmado que, hasta el momento, son nueve las autonomías que han desarrollado sus propias legislaciones. “Cuando se encuentran discrepancias, lo primero que se hace es abrir un proceso entre la comunidad autónoma y el Gobierno central en el que se tratan de negociar estas diferencias”, señalan las mismas fuentes. Este es el caso en el que se encuentran Andalucía y Galicia, con las que se ha iniciado un periodo de negociación de seis meses. Sobre la posibilidad de recurrir las normas autonómicas, desde Hacienda aseguran que “esta es la última opción; antes de llevarlo a la justicia, se llevará a cabo el diálogo con las comunidades”.

A la espera de que el resto de comunidades desarrolle o no una ley propia, ministerio y gobiernos autonómicos tienen por delante una importante labor de negociación y acercamiento de posturas para evitar que, una vez más, se gestione una reforma estatal de 17 maneras distintas.