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07/09/2014 n201
Una vez se celebre la Diada el próximo día 11, el Parlament de Cataluña votará la ley de consultas, paso previo para dar luz verde a la pregunta que el presidente Artur Mas se empeña en plantear el próximo 9 de noviembre a pesar de que, entre bastidores, admita que será difícil oponerse a una probable prohibición para tal cometido por parte del Tribunal Constitucional. Según sus asesores, que ya han publicado 18 informes sobre el hipotético escenario independentista, tanto los servicios sociales como la sanidad dispondrían de dinero de sobra para todos los ciudadanos sin excepción.
Javier Barbado
Los representantes con mayoría política en Cataluña no dudan de que, si esta autonomía lograra la independencia, sus arcas públicas tendrían más ingresos que gastos. En consecuencia, servicios básicos para los ciudadanos como la sanidad quedarían cubiertos con superávit y serían financiados a partir de los impuestos o de la propia tesorería en lugar de plegarse a las partidas concedidas desde Madrid, de acuerdo con la expresión habitual entre los partidarios de la secesión con quienes ha conversado ‘Revista Médica’.

Se trata del punto crucial en un asunto tan espinoso como éste. Según el decimoquinto informe de los 18 que ha publicado el Consejo Asesor para la Transición Nacional –organismo creado al efecto por la Generalitat para informar con datos contrastados al presidente Artur Mas–, los gastos adicionales de una hipotética Cataluña soberana enmarcada en el pasado año 2011 habrían sido de 39.507 millones de euros. En el mismo análisis, los autores del trabajo estiman que los ingresos se elevarían a 45.317 millones. En cuanto a la ganancia fiscal de la Generalitat en ese escenario ucrónico, calculan que sería de 11.591 millones de euros. Y no se trata de meras cifras especulativas. El informe recoge los razonamientos que conducen a esos números entre los que se puede citar, como ejemplo, la contribución que el Ejecutivo catalán habría de hacer a la Unión Europea o al Fondo Monetario Internacional más allá de la relación con el Estado español, al que se refiere de forma constante el estudio.

De hecho, el impacto económico de la independencia catalana debería medirse, según estos estudiosos (15 en total, entre los que figura la famosa militante de Ezquerra Republicana –ERC– Pilar Rahola), a partir de dos posibles situaciones figuradas: estar a bien con el Estado español o carecer de acuerdo entre ambos gobiernos. En cualquiera de los dos supuestos, sin embargo, aseguran que Cataluña dispondría de mecanismos de financiación que harían muy distinta la realidad anual de su balance fiscal y financiero.
Ezquerra aprieta las tuercas a CiU
Una vez publicados los referidos informes –algo que se ha hecho con puntualidad y esmero en los últimos meses con la probable intención de que estuviesen listos antes de la famosa consulta–, la Generalitat ha ido definiendo con precisión matemática los pasos por seguir en el pasado agosto y en los venideros septiembre y noviembre.

En efecto, en el mes en el que la mayoría de los españoles aprovecha para tomarse unas vacaciones, el Consejo de Garantías Estatutarias autonómico avaló la propuesta de los gobernantes de sondear a los catalanes sobre si desean un Estado independiente del español o prefieren la división competencial por autonomías consensuada en 1978 (las transferencias en materia sanitaria se adquirieron por la Generalitat en 1981).

Pero no se puede pasar por alto que esa aprobación quedó teñida por cuatro votos particulares (de nueve miembros que forman el organismo) en contra de la consulta. Al día siguiente, diversos periódicos generalistas españoles publicaron editoriales en los que se matizaba esta divergencia y se la comparaba, por su contraste, con el apoyo mayoritario del que disfrutó en su momento el Estatut hoy vigente en Cataluña.

Pedro Sánchez (PSOE) y Pilar Rahola (ERC)


En cuanto a la agenda del nuevo curso político, el día 19 de este mes, una vez celebrada el 11 la Diada, el Parlament catalán aprobará la ley de consultas. Si se supera este trámite (como sucederá, pues los partidos gobernantes la respaldan y así lo ha dado por hecho, entre otros, el secretario general de PSOE, Pedro Sánchez, tras reunirse a principios de mes con el presidente de la Generalitat), el siguiente paso es la celebración de la consulta en noviembre con el obstáculo, anunciado por el Gobierno de Mariano Rajoy, de una doble recusación que el Tribunal Constitucional resolvería por la vía urgente y a la que será muy difícil que Mas haga oídos sordos, como él mismo ha reconocido entre bastidores en el último tramo del mes de agosto.

Este extremo llevó en ese momento a ERC, por boca de su líder Oriol Junqueras, a lanzar una seria advertencia: “Si nos tenemos que quedar solos defendiendo la independencia así lo haremos, como ya hemos estado muchos años”. Al día siguiente de estas declaraciones públicas, 27 de agosto para más señas, ‘Revista Médica’ conversó con la portavoz de salud del partido en la Comisión del Parlament, Alba Vergés, quien confirmó el beneplácito de la formación con la resolución del Consejo de Garantías Estatutarias al tiempo que se desmarcó con sutileza de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) a pesar de permanecer en coalición con ella: “Hemos dado nuestro apoyo a los presupuestos (aprobados por la actual Presidencia), pero los consideramos injustos y creemos que no se los merecen los ciudadanos de Cataluña, aunque sabemos que las cifras globales se deciden en función de lo que diga Madrid”.

Para calmar los ánimos, el coordinador general de CDC, Josep Rull, contestó entonces al propio Junqueras alegando que “somos gente seria” que cumple los compromisos y que el 9 de noviembre “pondremos las urnas”. Todo un cruce de comentarios en el que no faltó la perseverancia de Rajoy en su rotunda negación a la iniciativa, que calificó de “disparate” político en una comparecencia conjunta con la primera ministra alemana, Ángela Merkel (quien se mojó solo con la punta de los dedos y tachó de “razonables” las deliberaciones del presidente español sobre tan delicado asunto).
¿Defienden el farmacéutico o el médico la independencia?
Eduardo Ortega Socorro / J.B.

La independencia política también ha hecho hueco entre los colectivos de profesionales sanitarios. Entre ellos se encuentra Farmacèutics per la Independència, un colectivo de boticarios que aboga por la emancipación de Cataluña del Estado español. Uno de sus miembros es Joan Antón Soriano, quien indica que la “idea del grupo”, formado por 63 farmacéuticos, “surge de la misma manera que aparece el proceso, a partir de una serie de sensibilidades individuales que se suman contra un Estado que se salta sus propias leyes”. Es más, Soriano considera que el germen del movimiento es el 15-M, la manifestación espontánea que acaeció en la Puerta del Sol de Madrid en el año 2011.

Joan Antón Soriano, miembro de Farmacèutics per la Independència


De hecho, la nación catalana que propone ha de estar caracterizada por el respeto a la ley y la transparencia de las instituciones. Desde esta base, comienza a idear la estructura de un Sistema Nacional de Salud catalán con vistas a la farmacia. Tiene claro que el modelo farmacéutico ha de ser “el mediterráneo, el que está por todo el sur de Europa: ése es el bueno”.

Por otro lado, asegura que la farmacia no debe estar obligada a hacer aportaciones al Estado, que Soriano describe como “vulgares comisiones”, como la incluida en el Real Decreto-Ley 8/2010 del 7,5 por ciento sobre los precios de los medicamentos.

Pero, ¿la independencia pondría final a los retrasos en los pagos de la Generalitat a los proveedores sanitarios? Soriano considera que sí, dado que la Administración catalana sería la que controlaría su propio presupuesto y podría cumplir con sus obligaciones “en tiempo y en hora, tal y como indica la legalidad”.

En definitiva, Soriano considera que la independencia es un medio para un fin, en el cual el objetivo es que “la normalidad, al menos en nuestro trabajo y función social, se transforme en hecho frecuente”.

Jaume Padrós, presidente del COMB


Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos de Barcelona (COMB), Jaume Padrós, distingue entre la consulta sobre la soberanía catalana y el propio hecho de la independencia, aspecto a su juicio relevante que la gente no discrimina. Y critica que el Estado español “no haya adelgazado su estructura burocrática y funcionarial” y, en cambio, en materias con las competencias traspasadas a las comunidades autónomas como la sanidad “se está centrifugando el déficit”. Para él, aquí reside la clave de una Cataluña independiente como mejor opción a la actual en el campo de la sanidad, ya que sus dirigentes dispondrían de más recursos al controlar los ingresos, ahora procedentes del Ejecutivo central. “Quienes más padecen esta circunstancia son los ciudadanos, pues los recortes se están haciendo en ámbitos como el de la sanidad o la educación; el consejero de Salud –al que también nosotros solemos criticar– solo dispone del 80 por ciento del presupuesto que se le asignó hace cuatro años” para desarrollar sus cometidos, y añade una ácida crítica al Ministerio de Sanidad al asegurar que ha nombrado a más funcionarios todavía a pesar de estar en posesión de menos competencias “y eso reviste un punto de inmoralidad”.
Nueva planificación sanitaria con soberanía o sin ella

Oriol Junqueras y Alba Vergés (ERC)

Pero cuando se conversa con líderes de la oposición o de la propia coalición gobernante, e incluso con ciudadanos catalanes, se da por sentada la urgencia de una reforma sanitaria planificada a medio y largo plazo tanto en una Cataluña independiente como en otra ceñida al Estado de las autonomías español. De ahí que los discursos políticos pronunciados desde comienzos de año a esta parte por el consejero de Salud, Boi Ruiz, sobre planificación de los recursos disponibles, se revelen válidos para cualquiera de los dos escenarios organizativos.

En este sentido, destaca el aviso de Ruiz sobre la necesidad de conocer de cuántos profesionales sanitarios, en especial los médicos, dispondrá Cataluña en la próxima década, aspecto en el que la Generalitat ha trabajado a conciencia sin dejar de tener en cuenta un escenario independentista, de acuerdo con Vergés: “Nos consta que el Govern ha trabajado con datos como el número de médicos y de enfermeros que se va a jubilar de aquí a diez años”, ya que, añade, al ser inferior la ratio de estos últimos por paciente respecto al de los médicos, se ha puesto especial hincapié en su reposición habida cuenta de que la población envejecerá en la comunidad autónoma a un ritmo muy acelerado al igual que se prevé que suceda en el resto de Europa.

En este aspecto, la diputada del Partido Socialista de Cataluña (PSC), Marina Geli, alerta a ‘Revista Médica’ de que se trata de uno de los mayores retos de la comunidad autónoma a pesar de que se haya mencionado poco en los últimos meses: “Basta echar un vistazo a los estudios del Instituto Nacional de Estadística de 2013 para comprobar el drama demográfico al haber muchas más muertes que nacimientos”, lo que sin duda amenaza el sostenimiento económico de la sanidad pública, tanto catalana como española.
La peculiar travesía de los socialistas

Marina Geli (PSC) y Josep Rull (CDC)

En el caso del PSC, la propia Geli –que conserva su condición de diputada pero perdió la de portavoz en la Comisión de Salud del Parlament por romper la disciplina de voto del partido sobre el asunto de la consulta del 9 de noviembre– recuerda que la formación ha sufrido disensiones con el PSOE: “Supongamos que la consulta es legal desde el punto de vista estatutario y conforme a la Ley Nacional de Garantías. Pensamos que, tal como está formulada la pregunta, sería legal a nuestro modo de entenderla”. “Ahora bien –precisa–, el PSOE está en contra y ésta es para nosotros una cuestión muy importante y, por ello, hemos defendido disponer aquí de un espacio propio en el PSC”.

En todo caso, tanto este partido como el resto de la oposición incluidos los englobados, por ejemplo, en el Grupo Mixto, a quienes pone voz Isabel Vallet, se muestran muy críticos con la labor en el Gobierno del presidente Mas aunque, por otro lado, respalden la consulta a los ciudadanos sobre la independencia, de lo que se deduce que, en efecto, ésta permanece como una cuestión paralela a la política sanitaria autonómica sin que se crucen ambas.

De hecho, Geli apunta aquí a un informe presentado hace poco al Parlament por su partido y otros ocho organismos, sindicatos incluidos, con el título Por un Sistema de Salud de Cataluña de responsabilidad y financiación pública, compromiso con la calidad, la equidad y la cohesión social, y alude a su validez tanto para una Cataluña como la actual como a otra independiente.
El modelo de la Transición, ¿agotado?
Con todo, de forma indirecta, la diputada socialista enumera algunas cuestiones que, se presupone, cambiarían si el Gobierno central no fuese el que decide sobre la financiación de la autonomía. El informe del PSC –al que ha tenido acceso ‘Revista Médica’– incide, según destaca Geli, en que “una amplísima mayoría en Cataluña está en contra del decreto del Partido Popular que suprime la universalidad en función de si se está o no en la Seguridad Social, por lo que debemos disponer de una ley catalana que blinde el acceso al servicio sanitario así como la financiación y el modelo asistencial”. Por su parte, el portavoz de CiU, Albert Batet, mantiene desde hace al menos un año que “el día que Cataluña tenga su propio Estado, la sanidad pública seguirá asentada en un modelo universal, de equidad y excelencia”. “Durante tres décadas –ha corroborado– hemos construido entre todos, y sobre todo con la ayuda de los profesionales, un modelo de referencia internacional, por lo que el día después será una estructura de Estado fundamental”. “El día que Cataluña no pierda 16.000 millones de euros de déficit fiscal –ha insistido– podremos garantizar una sanidad de primer orden en su totalidad, teniendo en cuenta a los profesionales sanitarios, a los pacientes y a los investigadores que trabajan incansablemente para un modelo mejor”, informa Cristina Mouriño.

Eva García (PP) e Isabel Vallet (Grupo Mixto)


Para Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), el ejercicio del derecho a decidir deber servir también para estudiar de nuevo no solo la relación con el Estado sino también qué formula política se desea establecer, pues el modelo surgido de la Transición se considera agotado. Por su parte, la portavoz del Partido Popular (PP), Eva García, hace tiempo que critica el doble rasero del Ejecutivo autonómico al desoír las peticiones desde Moncloa de no convocar la consulta y, al mismo tiempo, depender “más que nunca del Gobierno español, que son los que les pagan las facturas que CiU y ERC no quieren pagar a farmacéuticos y conciertos sanitarios”.

Conviene reparar aquí en que, de los miembros del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, los cinco que votaron a favor de la consulta fueron designados a propuesta de CiU y de ERC, en tanto que los cuatro discordantes se nombraron a propuesta de PSC, PP e ICV. Tal vez esta distribución, como ha quedado dicho, sea la pista más fiable de que, de celebrarse el sondeo no refrendario del 9 de noviembre, no habría mayoría política sólida para sustentar con garantías una respuesta positiva a la pregunta. En ese contexto, una sanidad autofinanciada con fondos públicos no dejaría de ser una empresa quimérica o de muy difícil consecución.