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10/08/2014 n197
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El mutualismo administrativo ha tenido un recorrido muy positivo en sus más de tres décadas de historia. Sin embargo, se encuentra en una situación compleja: los recortes presupuestarios y la ausencia de incorporaciones de nuevos beneficiarios, pero también los cambios en su cartera de servicios, han abierto heridas en el sistema que sitúan al modelo ante una encrucijada que es necesario desentrañar cuanto antes. Sindicatos y patronales de la sanidad privada coinciden en la necesidad de adoptar decisiones, pero las conclusiones y la forma de afrontarlas no son tan parecidas.

Enrique Pita

En España, el 21,9 por ciento de la población (en torno a nueve millones) dispone de algún tipo de seguro privado de salud, según datos del estudio Rol de las aseguradoras privadas en la sostenibilidad del sistema sanitario público, de los que el 18,7 por ciento (1,9 millones de asegurados privados) son funcionarios públicos beneficiarios de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), la Mutualidad General Judicial (Mugeju) o el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas), y que pudiendo elegir entre el sistema privado y el público han optado por recibir la prestación de asistencia sanitaria de entidades aseguradoras privadas.

Sin embargo, la situación que atraviesa el mutualismo administrativo tiene inquieto al sector sanitario privado, que se enfrenta a la congelación de las primas, pero también a los beneficiarios, que han visto cómo se recortan las prestaciones que cubre el sistema. De hecho, tal y como ha advertido en numerosas ocasiones el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), el modelo se enfrenta a un momento clave para su continuidad, ya que a los problemas presupuestarios que atraviesa se suma también el descenso progresivo del número de funcionarios.

De izquierda a derecha: Juan Abarca Cidón, secretario general del IDIS; Celima Gallego, gerente de Mugeju; Gustavo Blanco, director gerente de Muface; Pilar Farjas, secretaria general de Sanidad y Consumo, y Soledad Álvarez de Miranda, secretaria general gerente de Isfas


El caso más conocido, quizá por ser el que cuenta con mayor número de beneficiarios (en torno al 66 por ciento del total), es el de Muface. De acuerdo con el estudio anterior, el gasto sanitario por persona en el colectivo de funcionarios es un 27 por ciento menor que el gasto por persona en la sanidad pública (723 euros anuales frente a 995), según datos de 2011 y tras homogeneizarlos ajustando las diferencias entre el gasto sanitario público y el del mutualismo administrativo para hacerlas comparables. Esta diferencia, extrapolada al conjunto del gasto sanitario público equivalente, supone una diferencia de 13.000 millones de euros, según los autores del estudio, que ha sido liderado por José Antonio Herce, director asociado de Analistas Financieros Internacionales (AFI). El modelo Muface “contiene elementos clave de un sistema sostenible de aseguramiento del riesgo de salud y provisión de los servicios sanitarios asociados para el conjunto de la población”, defendía Herce en la presentación del documento.

Más allá de los distintos estudios que se han elaborado en relación con el mutualismo administrativo y sus beneficios, virtudes y defectos, lo cierto es que el modelo es una realidad sobre la que hay que decidir, y con cierta premura, porque la situación a la que se va viendo abocado es complicada. Esta opinión, la necesidad de abordar el futuro inmediato, es compartida por los distintos agentes del sector, desde las aseguradoras a los sindicatos. En este punto, se hace indispensable tomar decisiones; la primera, y aunque pueda parecer de Perogrullo, si se mantiene el modelo o si, por el contrario, se opta por integrar al colectivo de beneficiarios en el Régimen General de la Seguridad Social. A partir de aquí, y sea uno u otro el camino que se siga, habrá que enfrentarse a múltiples encrucijadas e interrogantes.

Caída presupuestaria
Continuando con los condicionales, si se decidiera seguir adelante sería necesario abordar, primero, el problema presupuestario. En los últimos años la aportación del Estado ha ido cayendo, y a esto se ha sumado la congelación de las contribuciones de los empleados públicos a la financiación del modelo. De hecho, las cuentas de Muface se han visto reducidas en algo más de 1.000 millones entre 2009 y 2013, y solo la utilización de otros casi 1.000 millones de euros del remanente de tesorería durante los últimos cinco años ha permitido a Muface mantener las cuentas en equilibrio, con 1.125,7 millones de euros en 2013, según se explicaba entonces en una jornada organizada por el sindicato CSI-F en colaboración con el IDIS.

Fuente: Rol de las aseguradoras privadas en la sostenibilidad del sistema sanitario público


Tal y como señala Manuel Fages, representante de CCOO en el Consejo General de Muface, “vamos por mal camino”, y explica que “en una situación en la que la mutualidad podría mantener bastante bien el sistema, la Administración, de manera unilateral, redujo las cotizaciones y, al hacerlo, era evidente que tendría resultados negativos que conducirían a los recortes”. Unos recortes que llegaron y que afectaron, al principio, a las ayudas al estudio y a las de vivienda y que han concluido con el recorte a las prestaciones protésicas, oculares y dentarias de los funcionarios anunciado el pasado mes de junio.

La caída del número de mutualistas es una realidad que incide directamente en el presupuesto de las mutualidades. Es decir, la falta de reposición de las jubilaciones que se producen en la Administración General del Estado (AGE) envejece progresivamente al conjunto de los beneficiarios, lo que supone más gastos sanitarios, pero también, menos ingresos económicos. En este sentido, Fages recalca que “si no hay nuevos empleados públicos y los que entran van al Régimen General de la Seguridad Social, la mutualidad terminará por entrar en un déficit profundo”. Y es que, según han explicado a ‘Revista Médica’ distintas fuentes del Consejo General de Muface, la media de edad de los beneficiarios ronda los 50 años, lo que implica que, de mantenerse la situación como en los últimos tiempos, en un horizonte de 15 años el modelo tendrá problemas aún más graves.

Luis Mayero, vicepresidente del IDIS

Una fórmula que podría adoptarse, y que ha sido defendida por el IDIS como vía de escape para preservar el modelo, es la de extender el mutualismo administrativo a otros colectivos. Más allá de la extrapolación que hacía el estudio citado anteriormente, una posibilidad sería comenzar a incluir en el modelo a los funcionarios de las comunidades autónomas. El IDIS, según explica su vicepresidente, Luis Mayero, ha contactado con distintos gobiernos regionales para explicarles la propuesta, pero sería necesario un cambio de modelo a nivel estatal que permitiera que estos colectivos pudieran incorporarse. Otra opción sería, como apunta Fages, dar la oportunidad de retornar a Muface a aquellas personas que fueron beneficiarias del modelo y que por cambio de categoría o de grupo dejaron de serlo, si bien es una proposición que no parece contar con el beneplácito de la Administración.



Otras alternativas

Sin embargo, no todos los agentes ven necesaria esta medida. En este sentido, la secretaria de Política Social de UGT, Carmen López, defiende que el mutualismo no se abra a nuevos colectivos de trabajadores, al estar estos cubiertos por el Sistema Nacional de Salud, aunque considera que debe mantenerse para atender a los trabajadores que ya forman parte de él. 

Fuente: Rol de las aseguradoras privadas en la sostenibilidad del sistema sanitario público


De hecho, López sostiene que habría que ir “acotando” el modelo, ya que el SNS es “potente, de calidad y, además es muy barato en comparación con otros países europeos”. “Siempre hemos apostado por reunificar los sistemas”, continúa, y señala que “no es lógico que la prestación sanitaria esté tan diversificada dentro del Sistema Nacional de Salud”. En su opinión, la extensión del modelo a otros colectivos conllevaría la necesidad de una inversión “tremenda” en hospitales, centros de salud, clínicas diagnósticas, etc., por lo que “no habría ningún ahorro”.

Por su parte, el representante de CCOO en el Consejo General de Muface, Manuel Fages, tampoco descarta que “en un contexto distinto se pudiera apostar por la integración de los beneficiarios del mutualismo administrativo en el Régimen General de la Seguridad Social”,

Carmen López, secretaria de Política Social de UGT

si bien reconoce que “si esa integración se produce debería ser de manera muy paulatina, porque de lo contrario, el Estado tendría que aportar unas cantidades de dinero importantísimas para equilibrar el sistema”.

Lo que parece claro es que la pelota está en el tejado de la Administración central, o de las Administraciones autonómicas, que deben adoptar las medidas necesarias para que el modelo perviva con la dotación presupuestaria necesaria y suficiente, o bien dictar su carta de defunción. Sea como sea, lo que parece menos deseable es que se deje languidecer un modelo que ha marcado un hito en las relaciones entre la sanidad pública y la privada en España desde los años 70 del siglo pasado.