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13/07/2014 n193
La relación entre la industria sanitaria y el Estado, gobierne quien gobierne, es como la historia de dos amantes despechados: llena de promesas incumplidas. Ya sea a causa de la crisis o no, lo cierto es que las propuestas y los compromisos a los que llega el Estado con los laboratorios y compañías de productos y tecnologías sanitarias distan mucho de la realidad que se encuentran las empresas, a pesar de la afirmación gubernamental de que son un sector fundamental. Y es que un marco regulatorio inestable e impagos es lo que se encuentran las compañías que, hoy por hoy, apuestan por la ‘Marca España’.

Eduardo Ortega / Enrique Pita

Atraer la inversión extranjera es, ha sido y será uno de los objetivos de cada gobierno, ya sea nacional o autonómico. Para ello se ofrecen incentivos de diversa naturaleza, desde beneficios fiscales a facilidades para la instalación de plantas industriales. Aquí, uno de los focos principales de atracción es el sector sanitario, tanto el de la industria farmacéutica como el de tecnología sanitaria, pero también el de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), un ámbito que año a año va creciendo de forma exponencial. Sin embargo, todas estas iniciativas, de naturaleza estatal o autonómica, no se reflejan en una realidad económica y regulatoria cada vez más hostil con un entramado empresarial que, a pesar de todo, sigue aumentando la inversión en I+D en España.

Uno de los mantras del Gobierno actual (y del anterior) es la necesidad de cambiar el modelo productivo, y aquí destaca el llamado Programa de Reindustrialización, una iniciativa a través de la que se financian las actuaciones que supongan la inversión de nuevos centros de producción, al tiempo que se presta apoyo financiero a la implantación de nuevas líneas de negocio. En este sentido, es revelador que el Ministerio de Industria haya situado a los laboratorios farmacéuticos entre los vectores esenciales para abordar la reindustrialización del país, junto a otros como la automoción o la aeronáutica.



Ese cambio de modelo productivo pasa también por situar a la investigación y a la innovación en el eje. En este contexto, atraer la inversión internacional para actividades de I+D+i se convierte en todo un reto, y aquí entran en juego los incentivos, fundamentalmente de carácter fiscal. En este sentido, el Gobierno define el régimen fiscal como uno de “los más favorables de los países de la OCDE”, lo que se traduce, por ejemplo, en un impuesto de sociedades que fluctúa entre el 15 y 30 por ciento en el tipo general en función de determinadas variables o, en el caso concreto de la I+D+i, en una deducción del 25 por ciento de los gastos asociados al proyecto o del 42 por ciento en el caso del personal investigador con dedicación exclusiva.

Además, la Ley de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización “permite recuperar las deducciones por la realización de actividades de I+D+i que no hayan podido ser aplicadas por falta de cuota suficiente mediante un sistema de devolución en efectivo”. Es significativo que la reforma fiscal que prepara el Gobierno no modifica estas magnitudes en lo referente a la I+D.
El apoyo institucional, un valor añadido
Más allá de las promesas y aunque no es lo usual, las compañías multinacionales también pueden contar con el apoyo de los gobiernos de sus casas matrices a la hora de establecerse en nuevos países. Este es el caso de Novo Nordisk, biotecnológica especializada en diabetes y hormona del crecimiento, y tercera compañía que más factura en su nación de origen, Dinamarca.

Lone Dencker,
embajadora de Dinamarca

Según cuentan desde la compañía, “la Embajada de Dinamarca en España nos apoya muchísimo”, un recurso fundamental, sobre todo para facilitar los siempre necesarios contactos institucionales en el mundo del medicamento financiado. “Nos permite, en el ámbito institucional y político, abrir muchas puertas”. Además, el propio edificio de la embajada sirve como emplazamiento para la celebración de actos, que son presididos por la propia embajadora,
Lone Dencker.

Este nivel de colaboración por parte de la diplomacia danesa ha auspiciado “una alianza sociosanitaria” de la industria farmacéutica y del producto sanitario (representada por Leo, Alk, Lundbeck y Coloplast) presentes en España para la organización de eventos relacionados con el sector.

Sin embargo, este respaldo no es una característica común en el sector sanitario: según varias compañías españolas y foráneas, dedicadas tanto al medicamento como al producto sanitario, las Administraciones no suelen ser un apoyo a la hora de moverse en mercados extranjeros.
El Plan Profarma, o cómo atraer a la investigación farmacéutica
Por otro lado, la Administración ha puesto en marcha estrategias concretas para el fomento de la inversión en industria innovadora. Entre ellas destaca la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020, establecida con el objetivo de que se pueda duplicar el esfuerzo investigador del sector empresarial español en relación al producto interior bruto (PIB). Sin embargo, sigue sin haber avances: los últimos datos disponibles, correspondientes a 2012, muestran cómo el gasto en I+D en España ha caído un 8,2 por ciento.

Humberto Arnés, director general de Farmaindustria; Elvira Sanz, presidenta de la patronal; y Agustín Rivero, director general de Farmacia del Ministerio de Sanidad

A pesar de ello, es destacable que la industria farmacéutica ha sido el único sector que ha aumentado su inversión en este ámbito. De hecho, los laboratorios cuentan con incentivos específicos para aumentar su actividad en España, recogidos en el Plan Profarma, una iniciativa del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y del Ministerio de Sanidad que busca fomentar la competitividad en sector.

El programa estatal ‘puntúa’ tanto las inversiones en I+D como las de producción. Gracias a ello, las compañías pueden lograr reducir las aportaciones que deben hacer por sus ventas al Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con lo previsto en la Disposición Adicional Sexta de Ley 29/2006, que fija tanto los porcentajes de aportación como los porcentajes de reducción.

“Profarma nos permite generar prestigio dentro de la industria y atraer la inversión de las multinacionales”, indica Manuel Valle, director general de Industria del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. De hecho, él mismo informa de que los laboratorios pueden participar de unos préstamos estatales ya puestos en marcha “para la reindustrialización y competitividad”, con un tipo de interés del tres por ciento.



Caso contrario es el del sector de la tecnología sanitaria, que no cuenta con un programa similar, por lo que debe aferrarse a las condiciones marcadas para el conjunto de la industria.

En todo caso, llama la atención que, a pesar de apostar, al menos teóricamente, por el fomento de la I+D+i y la implantación en España de empresas innovadoras, el Gobierno no ha desarrollado en toda su amplitud el sistema de Compra Pública de Tecnología Innovadora (la Administración compra tecnologías que aún no existen y que las empresas producen a demanda), una oportunidad para las compañías, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, y que sectores como el biotecnológico han visto como una ocasión para impulsar su crecimiento.




Reducciones, retrasos y ‘golpe’ con la realidad
Sin embargo, estas ideas y planes de la Administración no se encuentran con una aplicación real en sus políticas de recursos. Continuos cambios trastornan el marco regulatorio en el que se mueven laboratorios y compañías, modificaciones que han tenido que ver con un profunda rebaja de la factura sanitaria y de los beneficios de las empresas.

La prueba más clara la aporta el gasto farmacéutico. Este indicador ha caído en 2014 a niveles de 2002, según indica Farmaindustria. Además, las medidas aplicadas por la Administración no son coyunturales, sino estructurales, dado que se han recortado los precios que paga el SNS por los medicamentos financiados, tanto en productos innovadores como genéricos.

Este tipo de medidas supone, además, reducir el capital que mueve el mercado farmacéutico español, circunstancia que no afecta solo a los laboratorios, sino también a toda la cadena del medicamento. De hecho, la puesta en marcha de los nuevos precios de referencia de medicamentos supondrá la pérdida de 580 millones, según IMS.

Por otro lado, las negociaciones de

Manuel Valle, director general de Industria del Ministerio de Industria

precios de fármacos en la Comisión Interministerial correspondiente están siendo cada vez más largas y duras por el empeño de la Administración por obtener el precio de medicamentos innovadores más bajo de Europa. De hecho, la actitud de ‘poli malo’ estaría protagonizada por los ministerios de Sanidad y Hacienda y Administraciones Públicas, dado que según revela Manuel Valle, representante de Industria en dicha comisión, “nosotros queremos precios más altos para nuestra industria. Lógicamente, los otros representantes ministeriales quieren medicamentos bonitos y baratos”. Este choque lleva a que esas comisiones sean “tensas, aunque no lleguemos a las manos”.

La situación en el ámbito del producto y de la tecnología sanitaria tampoco es halagüeña. Según la patronal del sector, Fenin, “el actual entorno económico está causando una drástica reducción de la inversión en el mantenimiento del equipamiento médico. Este hecho contrasta con el creciente nivel de obsolescencia que, justamente, requiere lo contrario, un incremento de servicios de soporte técnico para mantener las prestaciones y garantías de uso de equipos que cuentan con muchos años en producción”.
La deuda moviliza a embajadas y cámaras de comercio
La realidad de la deuda con el sector de tecnología sanitaria y la industria farmacéutica alcanzó un pico insostenible a finales de 2011. Solo en el sector tecnológico, se acercaba a 5.000 millones, tras haber crecido más de 3.000 millones de euros en apenas cuatro años. La realidad para muchas empresas era tan grave que incluso hubo algunas que llegaron a plantearse reducir la distribución de sus productos en España.

José Manuel Torre, director financiero de Philips Ibérica

Ante el riesgo de que la escalada de impagos se mantuviera desbocada, embajadas y cámaras de comercio ofrecieron su apoyo a las multinacionales del sector tecnológico con presencia en España y se dirigieron al recién elegido presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una misiva en la que mostraban su preocupación por la situación que atravesaba entonces el país y, más en concreto, el sector sanitario.

Así, apoyándose en los datos que la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) publica de forma periódica y en los que suministraban las propias multinacionales, elevaron una serie de propuestas que pasaban, en primer lugar, por hacer frente a los pagos.
Tuviera o no efecto este movimiento, lo cierto es que una de las primeras medidas del Ejecutivo de Mariano Rajoy en materia sanitaria fue incluir a ambos sectores en los planes de pago, lo que ha permitido reducir la deuda, si bien no se ha acabado con el problema, ya que las Administraciones autonómicas siguen acumulando impagos.

Precisamente, con estas políticas el Gobierno español no está incentivando la presencia de las multinacionales. José Manuel Torre, director financiero de Philips Ibérica, considera que “existen tres elementos importantes a la hora de mantener la presencia de compañías multinacionales en nuestro país. Uno es la armonización normativa. Consideramos que la garantía de la unidad de mercado resulta un factor fundamental en la simplificación de los actuales procedimientos administrativos, impositivos y legislativos, reduciendo así la complejidad y duplicidad existente entre las distintas administraciones y en beneficio de la eficiencia económica del sistema. Otra condición necesaria y fundamental es la estricta adhesión de los diferentes entes públicos a la legislación en vigor, armonizada con la Unión Europea, en materia de cumplimiento de las obligaciones de pago con sus respectivos proveedores, lo que se traduciría en una incremental confianza por parte de los inversores. Y en tercer lugar, pero no por ello menos importante, creemos que el apoyo consistente a inversiones productivas en I+D+I resultaría un acelerador significativo en materia de competitividad, atracción y retención de talento, así como de desarrollo de nuevos espacios de valor en aras de la generación de crecimiento sostenible en el medio y largo plazo”.
Obsolescencia y morosidad
A todo esto hay que sumar una lacra que afecta a todos los proveedores del Sistema Nacional de Salud (SNS): la morosidad. A pesar de las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno que preside Mariano Rajoy, como los planes de pago a proveedores, las compañías sanitarias siguen acumulando deudas impagadas. En mayo de este año, las comunidades autónomas debían a los laboratorios que forman Farmaindustria unos 2.323 millones, con una media de retraso en el pago de 184 días. Por otro lado, a las compañías adscritas a Fenin las regiones debían también en mayo más de 1.200 millones, con un plazo medio de pago de 169 días.

Estos datos constatan además una situación preocupante que los representantes del sector recuerdan periódicamente: ninguna de las Administraciones está cumpliendo el plazo legal de pago de 30 días.

Daniel Carreño, presidente de Fenin



Lo cierto es que desde la Administración se hacen propuestas y se esbozan planes, pero su aplicación práctica tiene pocas consecuencias reales. Se anuncian programas para fomentar la inversión en I+D, pero los incentivos quedan lejos de las expectativas de las empresas; se habla de un cambio de modelo basado en la innovación, y sin embargo las políticas públicas no parecen acabar de dar el paso definitivo; con una mano se paga parte de la deuda pública, pero con la otra se sigue aumentando, convirtiendo a las compañías en financiadoras del sistema… En definitiva, el problema es que España corre el riesgo de convertirse en protagonista del cuento de ‘Pedro y el lobo’, y para evitarlo en algún momento habrá que plantearse no exigir esfuerzos desmedidos a las compañías, sino poner sobre la mesa realidades que las inviten a quedarse y a continuar innovando en nuestro país.