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29/06/2014 n191
Ricardo Martínez Platel

La responsabilidad jurídica derivada de la asistencia sanitaria es un asunto que no deja de preocupar a los profesionales de la sanidad. Esto sucede a pesar de que los profesionales cuentan con pólizas de seguros para los riesgos indemnizatorios que cubren su responsabilidad y de que no existen evidencias de que, en los últimos años, se haya producido un incremento de las condenas. La exponencial subida de las reclamaciones producidas en el ámbito sanitario ha abocado al facultativo
a parapetarse en el exceso de precaución.


L a medicina defensiva es una práctica que consiste en un aumento de la realización de pruebas y de prácticas, que en ocasiones no son ni tan siquiera justificadas. Esta situación perjudica al paciente, al médico y al presupuesto. Ante este contexto, los tribunales no se lo ponen fácil a los facultativos y parecen hacer coincidir en sus resoluciones la buena praxis con la práctica de pruebas que rayan con la mencionada medicina defensiva.

Cristina Gil Membrado, profesora de Derecho Civil de la Universidad de las Islas Baleares, explica este fenómeno por la gran relevancia que ha adquirido el derecho de daños, especialmente en el ámbito del acto médico, a consecuencia del cambio de paradigma en la relación entre el médico y el paciente, a la complejidad técnica y humana propia de estas profesiones, a la repercusión mediática de los éxitos de la Medicina y a una tendencia a considerar el servicio sanitario como un bien de consumo, donde prima la idea de que, si las expectativas resultan frustradas, el paciente espera ser indemnizado.

Aunque España no ha llegado a cotas similares a las de Estados Unidos, donde prolifera el ‘abogado agresivo’ a la búsqueda de indemnizaciones y una sentencia condenatoria que puede conllevar la ruina económica y profesional del facultativo, si existe un aumento creciente de la actitud litigiosa hacia la práctica médica.

El médico recibe una media de cuatro reclamaciones
El catedrático de Derecho Civil de la Universidad de A Coruña, Domingo Bello Janeiro, destaca que hay determinadas especialidades, como la Cirugía Plástica o la Ginecología, donde las previsiones indican que cada profesional de la Medicina, a lo largo del desarrollo de su actividad asistencial, tendrá alrededor de cuatro demandas ante los tribunales de justicia por su actuación médica.

Cristina Gil Membrado, profesora de Derecho Civil de la Universidad de las Islas Baleares
Son los propios facultativos los que reconocen que, con la medicina defensiva, el médico adopta una postura de inhibición y de cautela máxima en los actos en los que no tiene la certeza plena de acierto, con el objetivo de evitar eventuales reclamaciones de responsabilidad posteriores.

Ello supone, como expone el doctor en Derecho y Medicina Juan Méjica, que el paciente se ve privado de mayores posibilidades de éxito en su curación en el caso de ser necesaria una determinada “medicina agresiva”. Esto conlleva el perjuicio no sólo para el enfermo en particular, sino que supone la paralización en último término de la propia acción sanitaria, la cual, además de procurar calidad asistencial, debe venir acompañada de la eficiencia en los remedios.

La judicialización de la actividad sanitaria
Cada año hay cerca de 100.000 nuevas contiendas a dirimir en los juzgados, lo que implica una excesiva judicialización de la sanidad. Los motivos pueden ser la búsqueda de compensación al dolor o el intento de obtener rentabilidad económica, en ocasiones con el apoyo y el aliento de los asesores jurídicos. Esto está produciendo como resultado que el médico, ‘acosado’ por la consecuencia jurídica a la que podría conducir su práctica, no toma decisiones de riesgo por miedo a la posterior reclamación, sometiendo al paciente a multitud de pruebas, sobre todo analíticas y de imagen ante el miedo a la demanda.

En concreto, como asegura Bello Janeiro, en la jurisprudencia aparecen de manera recurrente condenas por errores en el seguimiento del embarazo o el parto,
Domingo Bello Janeiro, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de A Coruña
falta de detección de malformaciones visibles en pruebas ecográficas o daños en el feto por negligencia en el transcurso del parto o por prescripción de medicamentos a la madre. Por ejemplo, el Tribunal Supremo concede una indemnización de 1.500 euros mensuales de por vida a un niño con síndrome de Down tras un diagnóstico prenatal equivocado.

El seguimiento de la lex artis, la mejor defensa

Ante la toma de estas complicadas decisiones, Cristina Gil Membrado aconseja al facultativo que se ciña a la lex artis ad hoc, porque su obligación es prestar la asistencia debida y no de garantizar la curación del enfermo. Así, éste es el parámetro de actuación de los profesionales sanitarios para valorar la corrección del acto médico o, lo que es lo mismo, la actuación con la diligencia debida en cada caso.
Juan Méjica, doctor en Derecho y Medicina


Los juristas también recuerdan que el seguimiento de los protocolos no exime al profesional de una posible condena, ya que puede ser que un paciente concreto necesite una intervención diferente. El protocolo no es una guía que detalle paso a paso cómo debe actuarse y un seguimiento a ultranza del mismo no es sino una nueva manifestación de la medicina defensiva. Aunque es cierto que los protocolos se erigen como útiles para definir la lex artis a seguir por el médico, si el resultado es lesivo el profesional tendrá que justificar su actuación fuera del protocolo. Esto deja patente de nuevo el difícil equilibrio que se le plantea al profesional ante la toma de decisiones.

Los efectos negativos
David Larios, letrado de la Administración de la Seguridad Social, recuerda que la medicina defensiva no es inocua, sino que provoca efectos perniciosos tales como la ralentización y el encarecimiento del proceso asistencial, y el aumento del riesgo de que el paciente sufra efectos adversos
David Larios, letrado de la Administración de la Seguridad Social
con motivo de la realización de un exceso de pruebas complementarias, de la administración injustificada de medicamentos profilácticos o antibióticos y de la propia demora. Así se produce, en definitiva, un desplazamiento del centro de atención que, en lugar de fijarse en el tratamiento del enfermo, se centra en la realización de actuaciones que tratan de evitar demandas, actuando así los profesionales y los servicios sometidos a una presión adicional.

De la misma manera opina Ofelia De Lorenzo, letrada del bufete De Lorenzo Abogados, que apunta que la medicina defensiva no solo es contraria al Código de Deontología Médica, sino que igualmente incrementa las molestias e incluso el sufrimiento del paciente al ser sometido a más pruebas complementarias de las necesarias y tampoco elude los procedimientos judiciales que se pretenden evitar con este actuación.

Más formación en Derecho Sanitario

Las causas principales de los procedimientos judiciales por responsabilidad profesional médica son fundamentalmente la falta o mal uso de historias clínicas, falta de información al paciente y el incumplimiento de protocolos o estándares mínimos.

Lo anteriormente expuesto evidencia que, para intentar minimizar el riesgo de procedimientos judiciales, la respuesta no está en el ejercicio de la medicina defensiva, sino en una formación específica en Derecho Sanitario y en un profundo conocimiento de la normativa. El médico debe conocer sus derechos y deberes, al igual que debe conocer los de sus pacientes para respetarlos; sólo así podrá exigir que se le respete favoreciendo una mayor confianza con el enfermo.
Ofelia De Lorenzo, letrada del bufete De Lorenzo Abogados


En este punto, Juan Méjica incide en que quienes se dedican a la Medicina no sólo deben aspirar a ser buenos profesionales en su terreno, sino también deben procurar adquirir durante la carrera, a través de los años de residencia y de la formación continua, los conocimientos básicos que son útiles para prestar también una atención asistencial legalmente correcta. El conocimiento de los derechos y obligaciones derivados de la relación clínica, los requisitos del consentimiento informado y el contenido, acceso o tratamiento de los historiales, resultan esenciales para la práctica médica diaria.

Por último, Ofelia De Lorenzo señala que la complejidad global de la asistencia sanitaria es tal, que resulta casi imposible prevenir el error. Frente a esta realidad, lo que debe intentar el profesional es conseguir una vigilancia de la seguridad clínica, anticipándose y previniendo los posibles errores.

La práctica sanitaria es una actividad que conlleva un inevitable margen de riesgo legal. Sin embargo, un excesivo temor de los médicos a ser demandados puede desarrollar una conducta encaminada a tratar de reducir a mínimos las opciones de sufrir una reclamación, lo que infringe lo previsto en las leyes y en los códigos deontológicos de las profesiones sanitarias, que recogen con claridad que la medicina defensiva es contraria a la ética.