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22/06/2014 n190

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se ha comprometido a promover la condición de autoridad pública a los profesionales sanitarios en el ejercicio de sus funciones, una buena noticia si no fuera porque se trata de una medida que tiene efectos cuando ya se ha producido la agresión. Así que, aunque el agresor irá a la cárcel, el médico se seguirá llevando el golpe. Los profesionales sanitarios exigen más prevención y que no se excluya a los compañeros de la sanidad privada, y lamentan la negativa de Ana Mato a poner en marcha un registro nacional de agresiones por razones presupuestarias.


Sandra Melgarejo

Los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas y la ministra Ana Mato acordaron el pasado 11 de junio promover que los profesionales que trabajan en el Sistema Nacional de Salud sean considerados autoridad pública en el ejercicio de sus funciones, como medida para evitar las agresiones que han sufrido 30.000 de estos trabajadores en los últimos cinco años. A efectos prácticos, el reconocimiento de esta condición supone que una agresión a un profesional sanitario pasará de ser una falta y verse por la vía civil a convertirse en un delito de atentado contra la autoridad (artículo 550 del Código Penal) y dirimirse en la vía penal. Así, por ejemplo, una agresión física ya no será una falta leve sancionada con 15 euros por día de baja causado al agredido, sino que se castigará con penas de cárcel.

Y aunque los médicos celebran esta decisión, no les parece suficiente: “no queremos que quien pegue a un médico vaya a la cárcel, sino evitar que le peguen”. Alberto Becerra, coordinador del Observatorio de Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC), valora que se unifiquen los criterios –hasta ahora, los profesionales sanitarios son autoridades públicas solo en Aragón y Castilla y León, y la nueva Ley de Salud de la Comunidad Valenciana, que podría ser aprobada el próximo otoño, también incluirá esta consideración– y que se aplique la misma norma en todas las comunidades autónomas. “Se ha conseguido un importante paso, pero ¿es esa la solución al problema?”, se pregunta Becerra.

La principal crítica que hace el coordinador del observatorio es que se trata de una medida de aplicación de hechos consumados, no preventiva: “Desde el observatorio hemos promovido campañas de concienciación a la población, pero la Administración no lleva a cabo ninguna.
Foto de familia del último Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud
No creemos que las medidas coercitivas sean las más adecuadas. Estamos muy contentos de que se nos considere autoridad pública, pero queremos que se prevenga la agresión en la fase inicial y que la población entienda que el médico no es el responsable de la problemática del sistema”. Es más, en ocasiones, la agresión va más allá del insulto o el golpe y acaba en tragedia, como ocurrió el pasado mayo en el centro psiquiátrico privado San Juan de Dios de Palencia, donde una psicóloga clínica falleció tras ser apuñalada por una paciente interna.

No obstante, Becerra reconoce que es una medida “absolutamente disuasoria”. Según los datos del observatorio correspondientes al año 2013, la consideración de delito contra la autoridad redujo las agresiones a sanitarios un 15 por ciento, contabilizándose un total de 354 casos de violencia, de los que el 18 por ciento conllevaron lesiones. Pero no es bastante: “Estamos muy contentos, pero no por ello vamos a abandonar la reivindicación de medidas preventivas y de la unificación de criterios para médicos de la sanidad pública y de la privada”.
Agravio comparativo

Lo que el Consejo Interterritorial se ha comprometido a promover es “el reconocimiento de la condición de autoridad pública al personal que preste servicio en instituciones adscritas o dependientes de los servicios del Sistema Nacional de Salud”. Esto excluye a los profesionales que trabajan en el ámbito privado, donde, en función de los datos del observatorio, se produce el 11 por ciento de las agresiones.

A Becerra, de nuevo, le asaltan las dudas: “¿Es que el Ministerio de Sanidad es solo el ministerio de los médicos que trabajan para el Sistema Nacional de Salud? ¿Es que esos médicos no tienen derecho a ser también autoridades públicas?”.
Serafín Romero, secretario general de la OMC; Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la OMC; Carmen Rodríguez, médico agredida; y José Alberto Becerra, coordinador del Observatorio de Agresiones
Y advierte: “Nuestro próximo caballo de batalla es que se considere la agresión al médico trabaje donde trabaje, en la pública o en la privada”. Bajo su punto de vista, el ministerio que dirige Ana Mato es “responsable de toda la sanidad, incluida la privada”. Según el representante de la OMC, “el acto médico unifica las consecuencias jurídicas en ambos sistemas y las sanciones deben ser las mismas. La consideración de autoridad tiene que llegar a la privada”.

El Ministerio de Sanidad también ha adquirido el compromiso de colaborar con el de Justicia con el objetivo de que, en caso de conflicto, el testimonio de los profesionales del Sistema Nacional de Salud tenga presunción de veracidad a la hora de valorar la gravedad de los hechos. Esto sí ha gustado en el seno de la OMC, donde lo califican de “gran avance”; también en la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), dado que se trata de una reclamación que llevaba haciendo “desde hace años”. Aragón fue la comunidad pionera en otorgar la presunción de veracidad al médico y allí, ante una agresión, la palabra del profesional sanitario tiene más peso que la del paciente.
Sin registro de agresiones

Sanidad dice sí a la consideración de autoridad pública y a la presunción de veracidad, pero se niega a crear un registro nacional de agresiones médicas alegando razones económicas. “Con lo que se gastó en la gripe A hubiéramos hecho 3.000 millones de registros. ¿No es triste que no sepamos cuántos médicos son agredidos?”. Nuevamente, Alberto Becerra cuestiona la decisión de Ana Mato quien, dice el coordinador del observatorio, se comprometió a ponerlo en marcha.

En su opinión, el coste de un registro de estas características no llegaría a los 100.000 euros: 52 ordenadores, uno en cada provincia, y 52 administrativos que ni siquiera tendrían que dedicarse a ello en exclusiva. “¿Es tanto el presupuesto que hay que invertir? Estamos hablando de un registro, no de poner un guardia de seguridad en cada centro, ni un botón del pánico en cada una de las consultas, ni cámaras de seguridad en los accesos, ni escoltas para los médicos que ya han sido agredidos… No es tan difícil”, afirma. De hecho, todas las comunidades autónomas tienen un registro de agresiones y la OMC publica un estudio sobre agresiones cada año.

Así, aunque desde la OMC reiteran que la consideración de autoridad pública es “muy positiva”, la organización tiene el foco puesto sobre la prevención primaria y, según Becerra, “una prevención magnífica era saber a cuántos médicos se pega de verdad”. “¿Con qué ilusión vamos a trabajar desde la OMC si el contratante mayor de nuestros médicos colegiados no permite, debido a los recortes, que haya un registro de agresiones para profesionales sanitarios?”. Sin embargo, el coordinador del observatorio asegura que no se desaniman y que seguirán trabajando.
Informe sobre agresiones

En el último Pleno del Consejo Interterritorial también se presentó el Informe sobre agresiones a profesionales del Sistema Nacional de Salud, el primer documento oficial de este tipo, que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas acordaron elaborar en el Interterritorial celebrado en diciembre de 2012. La OMC ha participado en su elaboración y el texto sugiere que “la coordinación a nivel estatal de los trabajos llevados a cabo por los distintos observatorios autonómicos podría resultar más beneficiosa que la situación actual”.

Por ello, propone la constitución de un Observatorio de Agresiones del Sistema Nacional de Salud, ubicado en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que funcionaría “en coordinación con el Observatorio de Agresiones a Médicos de la OMC y de los observatorios de otras organizaciones colegiales que pudieran establecerse, los observatorios autonómicos de agresiones que existan y que pudieran establecerse, así como con los puntos de contacto que se designen en las comunidades autónomas que no dispongan de observatorios autonómicos”.

En este sentido, la OMC lleva la delantera y el Ministerio de Sanidad parece reconocer que no tiene información. Algo que, para Alberto Becerra, pone de manifiesto la importancia del observatorio, “que ha sido capaz de recoger los ítems y de hacer mucho con poco”. En definitiva, después de la presentación de este informe, los médicos dicen salir dañados porque no se ha conseguido el registro nacional de agresiones, pero fortalecidos porque son los únicos que tienen todos los datos.
Los enfermeros, los segundos más agredidos

El Informe sobre agresiones a profesionales del Sistema Nacional de Salud revela que, aunque todo el personal de centros sanitarios ha sufrido este fenómeno, por profesiones, los médicos son los más agredidos, seguidos de los enfermeros. En opinión de Máximo González Jurado, presidente del Consejo General de Enfermería (CGE), “todo paso que se dé para garantizar la seguridad de los profesionales sanitarios en el ejercicio de sus funciones siempre será bienvenido”.

Sin embargo, comenta: “Lo que no puede hacerse es poner parches. Realmente lo que necesitamos es que se impulse una normativa, a nivel nacional, para proteger a los profesionales en su ámbito laboral, sea el que sea, pues con lo que se ha acordado en el Interterritorial volvemos a dejar indefensos a todos los profesionales que trabajan en la sanidad privada (casi el 20 por ciento de la profesión)”. González Jurado se une a las críticas de la OMC: “¿Es que un enfermero por trabajar en el sector privado debe tener menos derechos y estar más desprotegido frente a la violencia de sus pacientes que sus compañeros de la sanidad pública? ¿Es menos enfermero por no estar contratado por la Administración?”.

Tanto el CGE como el Sindicato de Enfermería (Satse) han participado activamente en la elaboración del informe. La organización sindical juzga positivamente el compromiso alcanzado en el Consejo Interterritorial y espera que “se haga realidad lo más pronto posible”, aunque reprocha que “podría haberse logrado antes”. Satse entiende que el reconocimiento de la condición de autoridad pública puede propiciar, en el medio y largo plazo, una reducción del número de agresiones,
Máximo González Jurado, presidente del CGE, y Víctor Aznar, presidente
de Satse
pero matiza que es una más de las distintas medidas que tienen que impulsarse y desarrollarse: sensibilizar a los profesionales para que denuncien las agresiones (solo lo hace un 11 por ciento); concienciar a la población para que no arremeta contra el profesional…

Con respecto al rechazo a la creación de un registro nacional de agresiones, Satse cree “muy necesario tener una buena ‘radiografía’ de lo que está pasando, para poder actuar en consecuencia, y este registro vendría a ser una herramienta muy útil en este sentido”. Desde el sindicato piensan que se pueden buscar fórmulas que no tienen por qué suponer un desembolso económico importante y que pueden propiciar el tener una información unificada de ámbito estatal.

La sensación general es la de que se avanzan dos pasos, pero se retrocede uno. Médicos y enfermeros se felicitan por los logros conseguidos –la condición de autoridad pública y la presunción de veracidad, si bien echan en falta que se apliquen también en el ámbito privado–, a la vez que lamentan que estos no vayan acompañados de un registro que permita dibujar un mapa real de la situación. Y es que, aunque el profesional sanitario sea el representante visible del sistema, no es la oficina de reclamación y exige tolerancia cero con respecto a las agresiones.