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23/03/2014 n177
El gasto farmacéutico es una de las principales preocupaciones de la Administración sanitaria. Por eso, desde hace un tiempo está articulando formas de control sobre el principal profesional prescriptor: el médico. Las autonomías, con las competencias sanitarias y de recursos humanos en la mano, se han lanzado a implementar diversas iniciativas que van desde el incentivo económico al facultativo ‘ahorrador’, hasta la amenaza de castigo al que consideran hiperprescriptor. Un reportaje de Javier Barbado.
Los gestores de la sanidad pública viven, como es lógico, con un ojo pendiente de la calidad asistencial, y el otro de cómo va la tesorería para atender a todas las necesidades. El profesional sanitario, también de forma comprensible, tiende a buscar qué tratamiento es el más adecuado para curar o aliviar al paciente. Todos estos intereses a veces van alineados, pero otras chocan. Esto está sucediendo con mayor frecuencia en los últimos tiempos, en los que la Administración anda especialmente preocupada por recortar gasto farmacéutico, partida en la que está visto que los poderes públicos consideran que se pueden ‘rascar’ más euros.

Así está surgiendo un choque entre la autoridad científica del médico a prescribir lo que considera mejor para su paciente, y los límites que está poniendo la Administración para que las recetas que extienden los facultativos no lastren la economía. El tira y afloja ha llegado a un punto álgido hace unas semanas en Galicia, donde casi un centenar de médicos fueron citados por la Inspección Sanitaria de la Consejería para repasar pautas de prescripción recomendadas por la propia Administración, así como advertirles de que estaban incumpliendo los criterios de calidad incluidos en los acuerdos de gestión,

Antonio Fernández Campa,
del Servicio Gallego de Salud

 referidos, entre otros criterios, al coste medio por estatinas, porcentaje de genéricos y de prescripción electrónica, de novedades terapéuticas, y al coste medio por receta. Desde el Sindicato Médico CESM ven esto como una coacción al profesional.

Pero, ¿qué pasó en Galicia que no haya sucedido en otras autonomías? La respuesta está en que su administración presume de tener implantada la receta electrónica en toda su red sanitaria y que el 97,5 por ciento de los fármacos dispensados en el primer nivel asistencial son quedan reflejados en un registro. Parece obvio que, si se sabe con un ordenador qué prescribe un médico, cuánto, cuándo, y con qué alternativas terapéuticas, el inspector de Sanidad dispone en su mano del controlador más certero posible. Ahora bien: los médicos se niegan a aceptar que la calidad de la prescripción la reflejan unos algoritmos preprogramados en la computadora y en su mayoría no ven negociable que el juicio clínico del médico carece de sustituto posible.
Sanción no, solo ayuda
Por eso, en Galicia y el resto del país, los políticos se esmeran en aclarar que sus programas de prescripción no buscan sancionar al facultativo, sino que sirven para “ayudarle a analizar” por qué se desvía de las normas de la prescripción racional que ellos fijan e introducen en el software de los ordenadores. Según lo investigado por este medio, las administraciones autonómicas regulan la prescripción de fármacos y medicamentos por parte de los médicos tanto hospitalarios como de centros de salud, pero no los sancionan por recetar más de lo recomendado o por prescribir productos de marca si existen genéricos con el mismo principio activo.

Benjamín Abarca preside SEMG

 A lo sumo, los inspectores les visitan en los ambulatorios “para analizar las desviaciones” detectadas por los ordenadores en su actividad prescriptora y ayudarles a enmendarlas, para lo cual, si es preciso, se les hace un seguimiento semestral, tal como ha confirmado a ‘Revista Médica’ el secretario general de la Consejería de Sanidad de Galicia, Antonio Fernández Campa.

Desde su punto de vista, ha trascendido ese aspecto de los acuerdos de gestión autonómicos porque inducen a pensar en una injerencia de la Administración en la labor de los médicos, pero lo importante del programa reside en la posibilidad de controlar una prescripción eficiente gracias a las herramientas informáticas de nueva cuña, no en castigar a los profesionales. “Tenemos una información muy precisa sobre quiénes recetan cada medicamento y tratamos de separar lo que se dispensa de lo que se prescribe: es una medida [de control] más”, asevera.

No obstante, tanto Fernández Campa como el presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), Benjamín Abarca, coinciden en que no ha habido apertura de expediente ni sanción alguna a los médicos gallegos.
Control e incentivos en muchas comunidades
Otra comunidad autónoma en la que los médicos sienten que existe un exhaustivo control de la prescripción es Andalucía, solo que, en este caso, la consecuencia para el médico por no recetar conforme a lo estipulado se traduce en no cobrar el suplemento de productividad, que se reserva para quienes sí lo hacen, según ha aclarado un alto cargo del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos.

Por su parte, el secretario de Atención Primaria de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Salvador Galán, aclara que el seguimiento por funcionarios de las administraciones de la labor prescriptora de los médicos “está bastante extendido en toda España” y se lleva a cabo a partir de planes anuales de inspección que son aplicados por las consejerías u otros órganos específicos de dirección como es el caso de las unidades de gestión clínica (a menudo polémicas entre los facultativos por esta razón, ya que las ven como una manera de interferir en su libertad de acción con respecto al tratamiento del paciente).

Ese control administrativo –ha señalado Galán– “debería ser orientativo, aunque muchas veces es, por el contrario, de obligado cumplimiento”.

Salvador Galán, de CESM

El secretario del primer nivel asistencial de CESM no se atreve a hablar de “persecución” a los facultativos en este sentido, “pero sí de una vigilancia excesiva del cumplimiento, llegando a efectuarse inspecciones”. Para este representante del Sindicato Médico, el facultativo ha de hacer uso de la libertad de prescripción para contribuir al sostenimiento del Sistema Nacional de Salud (SNS), “pero nunca a costa del enfermo”, y por eso tacha de “barbaridad” lo sucedido en Galicia, donde los inspectores llegaron a remitir una misiva a los facultativos que no prescribían conforme a las recomendaciones del servicio autonómico de salud (Sergas) emplazándoles a reconducir su conducta en el plazo de seis meses.

Otras comunidades autónomas siguen la línea de la andaluza y, en un momento dado, han incentivado –o piensan hacerlo– a aquéllos médicos de Primaria que mejor se ajusten a las directrices de prescripción eficiente publicadas por cada Consejería de Sanidad. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, fuentes del departamento de salud reconocen a ‘Revista Médica’ que, antes de la crisis económica, ésa era la práctica habitual. Después dejó de hacerse pero, en este año, la intención del Ejecutivo que preside María Dolores de Cospedal pasa por retomar los incentivos al que prescriba con criterios de ahorro (lo cual, para el político, no es incompatible con una correcta praxis médica).

Otras dos autonomías, Aragón y Cataluña, han anunciado este mes la noticia de que premiarán con un tope de 12.000 euros anuales a los médicos que mejor receten en consonancia con la economía y la guía farmacoterapéutica. En el caso de la primera, ya se hacía desde hace tiempo, solo que, ahora, se ha aumentado la cuantía de la recompensa. “Se buscan criterios de calidad, no de cantidad, y se ha elevado el incentivo a ese límite máximo desde este año”, ha confirmado el propio departamento aragonés.

En cualquier caso, la discusión parece que tiene difícil acuerdo entre Administración y médicos, porque seguramente ambos parten de un punto de vista muy particular, pegado a la respuesta que tienen que dar a sus respectivas demandas, la económica y la asistencial. Lo que sí es cierto es que muchos facultativos viven con la sensación de que un Gran Hermano como el que describió George Orwell en su novela ‘1984’, vigila lo que prescriben a sus pacientes.