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16/03/2014 n176
Francisco Javier León de la Riva abandona el consistorio vallisoletano por un día para imaginar cómo serían sus actividades como recién nombrado ministro de Sanidad. El alcalde de Valladolid ha aceptado el juego planteado por ‘Revista Médica’ y, por unas horas, se ha puesto en la piel del responsable del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Ejecutivo español.

Elsa García

Olvidando por un momento sus 19 años como edil, ‘retoma’ su consulta en ginecología y sus años en la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, desempolva los apuntes de la Facultad y se pone manos a la obra. Lo primero que destaca son los pilares en los que un buen sistema sanitario debería fundamentarse. No duda en afirmar que es fundamental una asistencia general y gratuita a todos los ciudadanos, porque “además, ya se paga a través de los impuestos”. “Para mí, es una premisa imprescindible –aclara- pero no necesariamente tiene que hacerse a través de los servicios públicos”. En este punto recalca que él no habla de privatización, pero sí plantea la posibilidad de ofertar servicios en régimen concertado, algo que “no es novedoso en España”, ya que “hace décadas que eso se hace en algunos de los hospitales catalanes de mayor prestigio y reconocimiento en nuestro país”.

De la mano de este cimiento, el alcalde vallisoletano saca a relucir el copago, del que se declara partidario, “pero con matices al hablar de las recetas”. Como ciudadano de a pie, León de la Riva se describe como un hombre que los sábados se dedica a ir a por el periódico, a por el pan y a la farmacia cuando hace falta, “y no hay fin de semana que no me encuentre a un jubilado con 10 o 15 recetas de las rojas, de las gratuitas, llenando la cesta con medicamentos que el médico, para no complicarse, le ha recetado porque se las ha pedido y esas medicinas acaban no siendo utilizadas o, si se llegan a utilizar, no son precisamente por el titular”, un hecho que debería regularizarse, en su opinión, de alguna manera.

El exginecólogo manifiesta que le parece terriblemente injusto que frente a un pensionista con una retribución máxima y un parado con cuatro hijos, este último tuviese que pagar la misma parte de los medicamentos que el primero.

León de la Riva es ginecólogo y fue consejero de Sanidad de Castilla y León

“Me parece igual de razonable que ese padre no pague nada a la hora de recoger una receta en la farmacia como que un jubilado con una pensión alta pague una parte proporcional”. También deja claro que mantendría el que los trabajadores en activo sigan pagando el porcentaje actual, y con los jubilados establecería un baremo en función de las pensiones, al igual que tendría en cuenta la situación económica de las familias y los parados.

No aceptaría el copago de los medicamentos dentro del hospital, como se está planteando ahora en determinados supuestos desde el Ministerio de Sanidad, pero sería más estricto al hablar del copago de las ambulancias, ya que opina que “hay un abuso absoluto en su uso”. “Una persona que ha necesitado una ambulancia para ir al hospital y a la que se le ha dado el alta en el momento sin que tenga nada, no puede pedir esa asistencia de nuevo para que le lleve a casa”, apunta, “y si la quiere, la paga”.
¿Y en la piel de un consejero?
León de la Riva también hace por un momento el ejercicio de ‘asumir responsabilidades’ en la gestión de la sanidad autonómica, lo que quizá le supone menos esfuerzo que ponerse en la piel de un ministro, ya que fue consejero de Sanidad castellanoleonés entre 1987 y 1991. Acerca de la decisión de la Junta de Castilla y León de trasladar a 73 médicos y 45 enfermeras a zonas urbanas y periurbanas, pero también a algunas rurales, con el objetivo de equilibrar las cargas asistenciales de los profesionales sanitarios y acercarse así a los cupos óptimos de tarjetas por médico, León de la Riva asegura entender que exista esa necesidad de traslado, ya que siempre se hace referencia a la redistribución de profesionales, pero en ningún caso a la eliminación de puestos de trabajo.

“Yo fui consejero de Sanidad en Castilla y León durante cuatro años y terminé mi mandato en el año 1991”, apunta, “y el actual mapa sanitario de la comunidad que se está modificando en estos días es el que dejé yo, siendo consejero”. En esa época las comunidades autónomas no tenían las competencias que poseen hoy día, pero la Atención Primaria sí dependía de la Junta de Castilla y León. Ya entonces, el alcalde de Valladolid era consciente de que cuando prestas la atención a los pueblos tienes que tener en cuenta las vías de comunicación, el número de habitantes, su edad, etcétera; es decir, una serie de parámetros que actualmente han cambiado. Los pueblos están mejor comunicados, habitualmente hay menos habitantes que hace unos años y estos suelen ser más mayores y “eso debe condicionar el tipo de asistencia que reciban”.

“Hay que saber contemplar la realidad de una comunidad como la nuestra, que tiene cerca de 2.240 núcleos rurales y más de 4.000 pedanías o núcleos menores, admitiendo que, en una región tan dispersa como la nuestra, es mucho más caro prestar servicios sociales y sanitarios en la provincia que en la capital”, argumenta.
Educar al sanitario y al ciudadano
El hablar claro e implicar a los agentes directos de la sanidad sería otra de las primeras acciones que llevaría a cabo, haciendo partícipes activos a los sanitarios, “que a fin de cuentas es el personal que genera el gasto” y a través de quienes se podría lograr su mejor contención. Pero no sólo se dirigiría a ellos. “También es importantísimo hacer un ejercicio de educación con los ciudadanos, porque hay determinadas personas y determinados colectivos que llegan a un hospital con una prepotencia tremenda y exigiendo de muy malas formas cosas a los profesionales que no les corresponde hacer”, reprende.

Pero este enfoque didáctico no debería dirigirse sólo a las actitudes de algunos individuos ante los médicos, sino también hacia la comprensión del esfuerzo económico que supone mantener un sistema sanitario general y público, porque los ciudadanos han de ser responsables y conscientes de la realidad sanitaria y presupuestaria del país. “No hay que hacer demagogias baratas, porque la vida de un ciudadano no tiene precio, pero la sanidad es muy cara”, asegura. “Que uno no pague en el momento las pruebas que se realicen no significa que sean gratis y una analítica superflua es dinero que le cuesta al contribuyente”, arguye.
García Vargas y Pastor, los mejores ministros
Otro de los pilares que considera fundamentales para dirigir correctamente un Ministerio de Sanidad es “hacer lo que vengo haciendo desde que tengo responsabilidades de Gobierno”, que no es más que tratar de rodearse de los mejores. “El secreto para conseguir un buen equipo es tener al lado a gente que, de su materia, siempre sepa más que uno mismo”, reconoce, recordando sus años en la consejería y a un compañero que era “la persona que más sabía por entonces de Salud Pública: José Luis Useros”. También se acuerda de los dos, a su criterio, mejores dirigentes de este Ministerio que España ha tenido. “Uno era hombre, no médico y del PSOE: Julián García Vargas. La otra era mujer, médico y del PP: Ana Pastor. Y para mí han sido los dos mejores ministros de Sanidad que ha habido en toda la democracia”, recuerda.
¡Cuidado con los 17 miniestados!
También reconoce que, ante la adjudicación de competencias sanitarias a las diferentes comunidades autónomas, poca capacidad le resta al Ministerio en algunos aspectos, pero sí cree que habría que homologar una serie de carteras de servicios para que fuesen universales para todos los ciudadanos españoles. “Un hombre que tuviese su tarjeta sanitaria de Valladolid, debería ser atendido, presentándola, en Barcelona, en Burgos y en Bilbao”, apostilla. Un objetivo para el que la tarjeta inteligente, en la que se puedan ir insertando datos de la historia clínica del paciente, va acelerando las cosas.

En este punto, aprovecha para pedir, desde su despacho como alcalde de Valladolid y médico que ya no ejerce la profesión,

El alcalde vallisoletano es un buen conocedor del sistema sanitario

 que “se unifiquen los criterios vacunales en toda España”, porque al haber creado “17 miniestados, tenemos 17 de todo” y el calendario vacunal debería ser de criterio único para todos los españoles.

León de la Riva es muy claro al hablar de las listas de espera, que “necesariamente tienen que existir”, porque si no “tendríamos a los médicos mano sobre mano”, pero hay que distinguir “a quien tiene una hernia inguinal de quien tiene un cáncer de estómago”, aclara sacando su perfil más médico. Respecto a este asunto, asegura que, a su parecer, existen determinadas pruebas que, sistemáticamente, tardan demasiado en hacerse (como algunas pruebas alérgicas), al igual que ocurre con procesos como las exploraciones ecográficas. Y León de la Riva también evidencia la necesidad de establecer una prioridad de diagnósticos que han de tener un tratamiento preferente, porque “aunque teóricamente existe esa prioridad, no sé yo hasta qué punto se cumple”.

El alcalde se declara poco partidario de acabar con el desempleo “engrosando las nóminas públicas” y clarifica que en la sanidad hay que promover una renovación progresiva, “algo que ya se ha comenzado a hacer, al menos en nuestra comunidad”, pero reconoce que le puede llegar a parecer “un disparate” que a los 65 años a un médico le obliguen a jubilarse, porque a esa edad puede tener una experiencia y una capacidad de trabajo tremenda que no va a poder compartir. “Ya sé que para el hospital es más barato pagar a un MIR que acaba de incorporarse que no a un médico que tiene un montón de trienios detrás, pero no sé si esa experiencia debería perderse”, apunta, mientras propone una solución correcta y justa tan simple como que a los 65 se hiciese un análisis objetivo de la actividad profesional de cada individuo, “porque hay algunos que deberían estar en sus casas bastante antes, pero también hay otros que a esa edad se encuentran a pleno rendimiento y es una pérdida para la sociedad dejar de contar con esos profesionales”.
La evolución de los Colegios de Médicos
Para León de la Riva, es una obviedad es que la formación continuada es fundamental. “Yo hace tiempo leí que cada 10 años se renovaba el 50 por ciento de los conocimientos médicos y yo asistí el último parto en 1988, así que me di cuenta de que estaba para el retiro”, bromea, para después alabar el papel que en este sentido desarrollan los Colegios de Médicos, que ofrecen mucha diversidad de formación gracias a que “han evolucionado mucho”, ya que antes solo se les podía considerar órganos “para discutir los impuestos con Hacienda y para proteger a los médicos cuando estos hacían una fechoría”.
La ley del aborto vista por un ginecólogo
Antes de ‘devolver’ el puesto a Ana Mato, León de la Riva aborda la última y más polémica de las cuestiones sanitarias que actualmente se presentan sobre la mesa del Gobierno español: el anteproyecto de la nueva Ley del aborto. Reconoce su relación cordial con Alberto Ruiz-Gallardón, con quien ha hablado sobre este asunto, intentando aconsejarle lo mejor posible.

Decantándose más cercano a la Ley de 1985 de Felipe González, aclara que durante los cuatro años que ejerció como consejero, León de la Riva se encontró con que el cien por cien de los abortos legales que se hacían en Castilla y León encontraban su justificación en la alteración de la salud psíquica de la madre,

Con Elsa García, durante la entrevista

“y curiosamente todas venían formadas por el mismo psiquiatra”, pero también manifiesta que le parece un “auténtico disparate” que, con la ley de plazos de Bibiana Aído, “una niña de 16 años pueda abortar sin que se enteren sus padres, cuando no se la permite ir a sacarse una muela sin el consentimiento paterno”, al igual que considera la dispensación de la píldora del día después sin prescripción facultativa “una auténtica barbaridad” porque es un “chute hormonal” que, tomado una vez resulta inofensivo, pero habría que tener cuidado cuando “muchas jovencitas lo toman como un método anticonceptivo habitual”.

León de la Riva concluye: “sí a la nueva ley, pero con modificaciones muy claras”. La mujer que tiene un feto con una malformación ‘severa’, muchas veces incompatible con la vida de forma inmediata, “debería estar exenta” de llevar el embarazo a término, y aquellas que decidan tener al bebé a pesar de ello, “sabiendo que condicionará la vida extrauterina de esa criatura”, deberían poder contar con una ayuda económica por parte del Gobierno.