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02/03/2014 n174
La marcha atrás dada hace unas semanas por el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en el proceso de externalización de seis hospitales, ante la paralización a la que la Justicia había sometido a este plan, es un ejemplo de que los gestores tienen cada vez las manos más atadas a la hora de tomar decisiones de calado en el sector sanitario, y que en bastantes ocasiones son los jueces quienes acaban decidiendo sobre la gestión.

Revista Médica
El sector público vive encorsetado en una serie de normas que limitan su eficiencia. Tratar de romper esa barrera burocrática y anticuada se está convirtiendo en un ejercicio de osadía política, porque la Justicia tiende a dar la razón a los inmovilistas. Ha sucedido recientemente con el intento de externalización de seis hospitales en la Comunidad de Madrid. En una región en la que tres centros públicos funcionan con normalidad bajo esta fórmula de gestión privada (Valdemoro, Torrejón y Rey Juan Carlos de Móstoles),

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, con el nuevo consejero de Sanidad, Javier Rodríguez, y su antecesor, Javier Fernández-Lasquetty

el Tribunal Superior de Justicia ha decidido paralizar el proceso para seis hospitales más. Ante el alto coste económico y político que suponía mantener esta judicialización previsiblemente durante años, y la incertidumbre que se podía crear entre los profesionales sanitarios que en ellos trabajan, el presidente regional Ignacio González ha decidido dar marcha atrás en la intención expresada casi año y medio antes por su consejero, Javier Fernández-Lasquetty. De la misma tacada ha aceptado la dimisión de éste, que se veía incapaz de llevar a buen puerto un proyecto que confesaba suyo, ideado para generar un ahorro ante la asfixia presupuestaria ocasionada por la obligación del cumplimiento del déficit. Con su decisión paralizadora la Justicia se cargaba de un plumazo el plan y al político que se atrevían a poner en entredicho el inmovilismo establecido en el sector público.

¿De dónde se puede ahorrar?
Pero, ante una situación de crisis económica, o simplemente si un gestor quiere optimizar los recursos de los que dispone, ¿qué puede hacer? La externalización no ha sido la primera medida incluso dentro del plan de ahorro de Fernández-Lasquetty que frena en seco la Justicia. Hizo lo propio el Tribunal Constitucional con el euro por receta que iba en el mismo ‘lote’ de sostenibilidad, como lo había hecho meses antes con la misma medida en Cataluña, donde fue ‘inventada’. En ambos casos el euro por receta duerme el sueño judicial a la espera de una sentencia definitiva, mientras que las autonomías que lo intentaron poner en marcha se quedaron sin una inyección a sus arcas que Fernández-Lasquetty cifró el día de su anuncio (noviembre de 2012) en 83 millones de euros en el caso de Madrid.

El consejero de Sanidad de Castilla y León, Antonio Sáez Aguado, y la ministra Ana Mato, mantienen un trato afable a pesar de que la Junta ha recurrido el copago hospitalario ante la Justicia



Otro caso reciente que habla de que la gestión de la sanidad vive al albur de las decisiones judiciales lo encontramos en Castilla-La Mancha. Allí, también en busca de la eficiencia a la que debe ser propia de la gestión pública, el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales José Ignacio Echániz trataba a principios de 2013 de racionalizar los puntos de atención continuada en núcleos con menos densidad de población. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha paralizaba esta acción política a pocas horas de ejecutarse, argumentando “circunstancias de especial urgencia”. Sin embargo, en Extremadura y Castilla y León, donde sus respectivos ejecutivos autonómicos tomaron una decisión parecida, pudieron seguir adelante con su plan al no encontrarse judicializaciones en su camino, solo las trabas propias de las poblaciones afectadas y alguna de la oposición. Paradojas que contribuyen a la falta de cohesión en la atención sanitaria entre comunidades.

Atención a inmigrantes, depende de dónde vivan
Más ejemplos recientes. Con la entrada en vigor del Real Decreto 16/2012 y el nuevo sistema de aseguramiento en la sanidad pública española, que trataba de frenar el gasto derivado de la atención a extranjeros, los inmigrantes irregulares se quedaron sin asistencia generalizada, pasando a disponer solo de la urgente. Esta medida impulsada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad tuvo su contestación en algunas autonomías, que la recurrieron. Hace unos días, el consejero de Sanidad del País Vasco, Jon Darpón, anunciaba que el Tribunal Superior de Justicia de esta autonomía daba la razón al recurso, y que la prestación a los ‘sin papeles’ no estaba restringida a lo indicado por la orden impulsada en 2012.

El consejero de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz (en el centro, con traje oscuro), está padeciendo la judicialización en varios de sus planes gestores. Incluso el nuevo Hospital de Toledo, que aperece en la imagen plasmado en una maqueta, ha podido sufrir retrasos en sus obras



No es la primera decisión de la ministra Ana Mato que llega a los tribunales. También tiene recurrido el llamado copago hospitalario, así como el farmacéutico. Del primero se anda a la espera de una decisión de los jueces. Del segundo ya se manifestaron ante la negativa de aplicarlo de País Vasco, que se ha visto obligado a hacerlo.

La política farmacéutica, a los tribunales
Dentro de la gestión sanitaria, la política farmacéutica es especialmente propensa a ser llevada ante los tribunales. Lo ha hecho desde Farmaindustria, la patronal innovadora, contra medidas como la del Gobierno vasco de Patxi López que limitaba la prescripción médica de algunos principios activos, hasta el Ministerio de Sanidad, tanto con inquilino socialista como ‘popular’. Como ministra, Leire Pajín llevó a los tribunales el llamado ‘cataloguiño’ gallego impulsado por el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo, y lo paró.

Leire Pajín y Pilar Farjas, cuando eran ministra y consejera de Galicia, durante una reunión para tratar de llegar a un acuerdo por el 'cataloguiño', que acabó paralizado en los tribunales

También lo ha hecho Ana Mato con las denominadas ‘subastas’ andaluzas, y advirtió asimismo a los ‘algoritmos’ valencianos, que finalmente se han consensuado entre consejería y ministerio para no ser judicializados. Todas estas medidas tenían en su fondo un objetivo de ahorro económico que se ha visto alterado por la interferencia política y judicial.

Como se ve, la judicialización no es exclusiva de gobiernos de izquierda ni de derecha. Ramón Quirós, que fuera consejero de Salud y Servicios Sanitarios de Asturias entre julio de 2007 y julio de 2011 en el gobierno del socialista Vicente Álvarez Areces, a la salida de una reunión con los sindicatos les acusaba de “judicializar” la sanidad. “Es muy difícil hacer una gestión coherente de personal en el Servicio de Salud cuando continuamente se traslada a los juzgados cualquier medida que se adopta en este ámbito, aunque ésta se haya negociado ampliamente, lo que alarga los plazos y genera inseguridad jurídica en los trabajadores”. El exconsejero madrileño Javier Fernández-Lasquetty, del Partido Popular, tras conocer en 2013 que el TSJM daba vía libre al Plan de Recursos Humanos, que había sido recurrido por CSIT Unión Profesional, señalaba que “este recurso que hemos ganado formaba parte de la estrategia sindical para impedir las reformas, los tribunales les han puesto en su sitio”. Los gestores son conscientes del inmovilismo que reina en el sector y de la resistencia que se encuentra quien trata de cambiarlo.

Todos acusan a todos
Es curioso que en el entorno sanitario todos los actores utilizan la judicialización, o creen que el que tienen enfrente de sus intereses lo está haciendo. En febrero de 2011, UGT acusaba a los responsables del Servicio Riojano de Salud (Seris) de “judicializar intencionadamente las relaciones laborales”, argumentando que el sindicato había presentado noventa demandas que podrían haberse solucionado por la vía administrativa y no por la judicial. Este fenómeno, al que se recurre en multitud de ocasiones para ralentizar procesos, se ha usado en nuestro país últimamente hasta para dilatar la puesta en marcha de un hospital. El año pasado la dirección facultativa del nuevo Hospital de Toledo decidía pedir ante el juzgado la paralización de las obras. Frente a este hecho, el viceconsejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Galván, mostraba la resignación que provocan estos casos: “Nosotros trabajamos habitualmente para hacer las cosas lo antes mejor, pero si se judicializa el proceso nos ajustaremos a los plazos y a lo que supongan el marco legal”.

María Jesús Montero pasó hace unos meses la cartera de consejera de Salud a María José Sánchez Rubio. En ella, entre otros temas, iban las polémicas 'subastas', recurridas por el ministerio




Un mal endémico
Para Juan Abarca, secretario general del Instituto para el Desarrollo y la Integración de la Sanidad (IDIS) -el gran lobby puesto en marcha en 2010 por el sector sanitario privado-, el asunto es claro: “La sanidad en España es un problema de Estado. No se quiere coger el toro por los cuernos y dar una solución. Todo está politizado y judicializado. El sector público necesita cambios estructurales. Con independencia de la ideología, judicializar el proceso que intente cambiar el modelo me parece una catástrofe para este país”, ha manifestado públicamente.

Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, califica la judicialización como una “estrategia de obstrucción, a base de presentar querellas y demandas para ver si algún juez las considera. Y claro, al final alguno las admite”.

El presidente balear, José Ramón Bauzá, tras conocer que el fiscal exculpaba a la Consejería de Salud de cualquier

El exconsejero asturiano Ramón Quirós criticó que los sindicatos paraban y ralentizaban todos los acuerdos en los tribunales

responsabilidad en la muerte de un inmigrante en situación irregular, se felicitaba por la decisión judicial, aunque valoraba que “no ha sido nada más que lo que estamos acostumbrados a ver: la judicialización de toda la actividad política por parte de la oposición”.

Pero esta no es una situación que afecte solo a los más altos despachos de la Administración. También un nivel intermedio, el de los gerentes, se topa con esta realidad. Un ejemplo claro lo encontramos en las trabas judiciales que encuentra el directivo en la gestión de recursos humanos, especialmente centradas en el modelo estatutario. Ignacio Martínez Jover, gerente del Hospital Universitario de Torrejón (público, de gestión privada de Sanitas), lamenta que “el modelo estatutario lo hemos encorsetado, entre todos empezando por el gerente que no se atreve a diferenciar y premiar con productividad variable al que trabaja más, y terminando por el sindicato inflexible que es incapaz de defender el interés de la mayoría y lo que va a defender es el de una persona en concreto aun cuando eso vaya en detrimento de todo. Los modelos tienen que evolucionar”.

Como se puede comprobar, el sector sanitario se encuentra encallado. Avanzar en nuevas formas de gestión y de optimización de recursos es casi misión imposible por la resistencia política y sindical, parapetada tras los tribunales. El sistema sanitario, que ha tenido que ser rescatado por fondos extraordinarios para poder pagar a los proveedores los casi 15.000 millones de euros que se habían acumulado de deuda en los últimos años, va a seguir condenado a hacer las cosas igual, al inmovilismo que se ha demostrado insostenible económicamente. Algunos gestores volverán a intentar seguramente vencer esa resistencia, pero es muy posible que la Justicia se vuelva a erigir como ministra o consejera de Sanidad y tome sus propias decisiones.