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02/02/2014 n170
Los rescoldos
del plan de
LASQUETTY
Cristina Mouriño
Después de que el presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González haya dado marcha atrás en el proceso de externalización de seis hospitales previsto en el Plan de Garantías para la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público, es momento de comprobar qué ha quedado en pie de este proyecto.


El 1 de noviembre de 2012, el entonces consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, comparecía en rueda de prensa para anunciar las medidas incluidas dentro del Plan de Garantías para la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público. Aquel día Fernández-Lasquetty verbalizó la idea así: “partimos del punto de que tenemos una sanidad de excelente calidad; lo que ya no tenemos son los mismos ingresos. Se trata de una alternativa de viabilidad de la sanidad madrileña, no es el desmantelamiento de la sanidad pública, es su garantía. Su desarrollo viene marcado por la crisis económica unido a un deficiente sistema de financiación”. No había suficiente dinero en la caja, y había que ver cómo se conseguía gastar menos.

453 días después, el presidente madrileño Ignacio González, acompañado por el propio Fernández-Lasquetty, anunciaba que, debido a la maraña judicial en la que la externalización hospitalaria estaba envuelta, daba marcha atrás y dejaba sin efecto esa parte fundamental del plan. Acto seguido su consejero presentaba su dimisión. Pero, ¿qué queda del proyecto después de que su viga maestra ardiera en una ‘pira funeraria’ pública?

Concesionarias plantadas y centros de salud como están
Como explicó Fernández-Lasquetty en su primera exposición del plan, éste se componía de cuatro ejes: las reformas estructurales en la gestión sanitaria; la mejora de la atención de la población de mayores; la mejora de la eficiencia, utilización racional de los recursos y ahorro; y la ordenación de los equipos profesionales.

Dar marcha atrás en la principal de las reformas estructurales, la intención de externalizar la gestión de seis hospitales que ya estaban asignados a tres empresas, lógicamente tiene sus consecuencias. Para empezar, que ese compromiso con las concesionarias queda suspendido, después de que éstas hayan hecho una planificación y depositado incluso una fianza millonaria, un dinero que ha quedado inmovilizado durante meses. Sanitas, adjudicataria del hospital de Coslada, tuvo que avalar con 4 millones su apuesta; Ribera Salud, de Vallecas y Arganda, con 11,7; e HIMA San Pablo, de los de Aranjuez, Parla y San Sebastián de los Reyes, con 11,2. Por ahora mantienen un perfil bajo, pero no se descarta que pidan indemnizaciones muy cuantiosas, visto lo que han arriesgado dando este paso (han sufrido hasta ‘escraches’ en sus sedes), y que han realizado inversiones específicas para la tarea. Es el caso de Ribera Salud, que fichó a Cristina Granados como super-gerente de estas concesiones. Ahora, ella también se encuentra con que dejó la Gerencia del Hospital Universitario de Guadalajara y rechazó una oferta para dirigir el de Toledo por un proyecto que se ha desvanecido.

Lunes, 27 de enero: Ignacio González se sirve agua antes de anunciar la marcha atrás de la externalización de seis hospitales. Al fondo Javier Fernández-Lasquetty, que a continuación presentó su dimisión


La decisión de González también afecta a los 27 centros de salud que el plan preveía dejar en manos de sociedades formadas por profesionales. Se iba a probar primero en cuatro de forma piloto. La idea era tratar de emular las famosas entidades de base asociativa (EBA) de Cataluña, una fórmula en la que el profesional tiene el control casi total sobre el centro. Pero esta innovación también se descarta, y se seguirá con el modo de trabajo tradicional que tantas quejas levanta entre los profesionales, que reprochan a la Administración que no controlan sus propias agendas o los presupuestos, por poner dos ejemplos muy reiterados por ellos mismos.

En La Princesa, la primera chispa
La primera chispa que saltó en torno al proyecto fue en el Hospital de La Princesa, que debía pasar a ser un centro especializado en atención al mayor. Profesionales sanitarios y vecinos de la zona comenzaron la presión para que no fuera así. Varios jefes de servicio representativos lideraron una plataforma para, con argumentos no politizados, mostrar a la Consejería de Sanidad que debía desistir de esta idea. Hubo una mesa de negociación entre ambas partes, y al final se llegó a una solución intermedia: el centro seguiría atendiendo a pacientes de todas las edades, pero desarrollaría programas específicos para mayores. Es lo que se ha venido haciendo durante buena parte de 2013, según un balance presentado por el propio centro a finales de año, que indica que de 29 programas previstos se han ejecutado 17, que habrían beneficiado a unos 8.000 pacientes.

El Carlos III, absorbido por La Paz
Dentro de la ‘pata’ del plan para una atención específica a mayores no solo entraba La Princesa; también el Hospital Carlos III, que debía pasar a ser un centro de larga y media estancia. La oposición a esta posibilidad recogida en el plan no tuvo un cariz profesional como en La Princesa, sino que se integró en lo que se ha llamado la ‘marea blanca’, un movimiento pseudo-sindical cuya principal actividad fue la manifestación y la pancarta. Pero en el caso del Carlos III la presión no pudo vencer a lo proyectado. Lasquetty aclaraba que el centro ganaría “en la capacidad de hospital de media estancia que nos hace mucha falta”, evitando derivar pacientes a centros concertados, como se hacía hasta el momento. Todo este proceso se enmarcó en la absorción de este hospital por parte del de La Paz, muy cercano geográficamente. De hecho, en la mesa sectorial ya se ha informado a los sindicatos representados de la adscripción de las competencias, funciones y servicios, que pasarán a estar bajo la Gerencia de La Paz, permaneciendo en el Carlos III una subdirección médica. El personal fijo, interino y eventual del Carlos III queda adscrito orgánica y funcionalmente a La Paz. En cuanto a los servicios médicos, se integrarán orgánica y funcionalmente a La Paz, salvo el de Medicina Tropical y Consulta del Viajero.

La situación de La Princesa la desbloquearon los jefes de Servicio y la Consejería de Sanidad, que lograron un acuerdo con el que todos quedaron satisfechos


La central de compras funciona
En las medidas de racionalización del gasto diseñadas por Fernández-Lasquetty y su equipo se encuadraba una central de compras, aunque era una idea que se había cimentado ya en julio de 2012. El director general de Gestión Económica y Compras de Productos Sanitarios y Farmacéuticos de la Consejería, Jesús Vidart, la definía en abril de 2013 como “el complemento perfecto” de la puesta en marcha por el Ministerio de Sanidad. Esta central de compras ya está funcionando, tratando de cubrir las lagunas que aún tiene la estatal. Por ejemplo, dentro de los primeros acuerdos marco que alcanzó estaban las prótesis, con las que Vidart calculaba que “se ha generado un ahorro de entre un 15 y un 20 por ciento, teniendo en cuenta que en prótesis gastamos alrededor de 100 millones de euros”, exponía en una entrevista concedida a ‘Redacción Médica’. La central de compras puede considerarse una de las medidas del plan de Fernández-Lasquetty que mejor está funcionando.

El euro por receta, como el catalán
Otra de las medidas que despertó polémica del Plan de Garantías para la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público fue la adopción para Madrid del euro por receta ‘inventado’ meses antes por el Govern de Artur Mas. González y Fernández-Lasquetty se encontraron los mismos escollos que había sufrido Cataluña: trabas por parte de los farmacéuticos; descontento (e incluso insumisión)

Jesús Vidart y Armando Resino

entre la población; y sobre todo la negativa directa del Gobierno de Mariano Rajoy, que lo llevó, como el catalán, ante el Tribunal Constitucional, que días después de su entrada en vigor (el 1 de enero de 2013) lo suspendía. “El euro por receta no era una tasa recaudatoria. Se establecían los 83 millones como ingreso pero realmente nosotros no perse- guíamos ese ingreso, sino que pretendíamos lograr un uso más racional del medicamento para evitar esa acumulación de fármacos que los ciudadanos tenemos en casa, y precisamente esto se consiguió en el mes de enero en el que la factura farmacéutica bajó cerca de 20 millones en la Comunidad de Madrid”, explicaba Vidart a ‘Redacción Médica’, justificando la iniciativa. El euro por receta madrileño, como el catalán, duerme el sueño de los justos, aunque a diferencia de Artur Mas, Ignacio González decidió no plantear más batalla con recursos.

Reestructuración de los recursos humanos
En lo relativo a la plantilla del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), la medida más relevante ha sido la aprobación del Plan de Ordenación de Recursos Humanos el pasado mes de marzo. En este documento, que los sindicatos han llevado igualmente al juzgado, se establece, entre otros aspectos, la jubilación forzosa de los profesionales a los 65 años, con la excepción de que hasta un 30 por ciento de la plantilla puede acogerse voluntariamente a la prolongación en el servicio activo.

El Plan de Garantías también introdujo la jornada ordinaria de tarde con el objetivo, según explicó el consejero entonces, de incrementar la actividad de todos los centros de la Comunidad pero reduciendo considerablemente el coste al no pagarse como horas extraordinarias. Esta iniciativa ha permitido, tal y como avanzaba en diciembre la consejería, incrementar un 10 por ciento el rendimiento quirúrgico. Aunque actualmente existen 75 quirófanos que realizan actividad ordinaria en jornada de tarde, Fernández-Lasquetty reconocía que su departamento está topando con “verdaderas dificultades” para encontrar anestesistas y radiólogos para optimizar esta cifra.

De igual forma establece la movilidad interna por razones de reordenación de los servicios, lo que coloquialmente se conoce como movilidad forzosa. En una entrevista concedida a ‘Redacción Médica’, el director general de Recursos Humanos del Sermas señalaba que “se trata de una reordenación de efectivos”. “Los profesionales podrán elegir los centros a los que quieren trasladarse. Estos traslados tendrán que realizarse en base a criterios de méritos y antigüedad”, apuntaba Armando Resino.

El Plan de Recursos Humanos contempla asimismo la movilidad voluntaria que se desarrollará dentro del Área Única y en base a las necesidades de los servicios. Por otro lado, procede a unificar los procesos de movilidad entre hospitales con el objetivo de que compartan criterios comunes y evitar las diferencias entre los centros. En lo relativo a los concursos de traslados se introducirá la periodicidad de los mismos.

Reactivación del entorno sindical
Uno de los rescoldos más patentes que deja la ‘pira funeraria’ en la que González convirtió el plan de Fernández-Lasquetty el pasado 27 de enero es la reactivación del entorno sindical, adormilado en Madrid durante los años precedentes. No entraba dentro de lo previsto. O tal vez sí, pero no con esa insistencia.

Pedro González, presidente de AFEM, en una rueda de prensa ofrecida en el Colegio de Médicos

Sobre todo fue inesperada la irrupción de un invitado que nadie esperaba, AFEM, la denominada Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid, que durante más de un año ha rivalizado en las calles con el sindicato Amyts (Asociación de Médicos y Titulados Superiores) en representatividad profesional, y que ha ido de la mano con el Partido Socialista de Madrid (PSM) en argumentos y movimientos contra la externalización de los seis hospitales. AFEM se quiso mostrar como un movimiento profesional espontáneo, surgido como respuesta al plan, pero los registros del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (Bocam) le sitúan ya en los años 90 con una base fundacional puramente sindical. En cualquier caso, lo cierto es que los palos judiciales que estas organizaciones pusieron en las ruedas del plan lograron detenerlo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), hecho que finalmente ha sido el que ha provocado que Ignacio González, seguramente viendo consecuencias políticas más graves a largo plazo, haya decidido la marcha atrás de la parte principal del proyecto de Fernández-Lasquetty. No hay duda de que estos sindicatos salen reforzados y con un aprendizaje de guerra de guerrillas que pueden volver a poner en marcha en cuanto alguna decisión gubernamental no sea de su agrado.

Echando la vista atrás se ve un año largo de enfrentamientos, de desgaste en definitiva de la imagen de la sanidad madrileña, aunque el Gobierno de Ignacio González saca aspectos positivos de todo esto. Para el consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, este plan “ha abierto un debate y reflexión sobre la responsabilidad de esa sostenibilidad futura que ha derivado en importantes ahorros, a pesar de que esas medidas hayan podido ser suspendidas por mandato judicial. Lo importante es esa reflexión sobre la necesidad de entre todos, sanitarios, gobierno y ciudadanos, garantizarnos ese mantenimiento futuro del carácter público de la sanidad”.