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15/12/2013 n163
Cataluña
se siente preparada
para la ‘independencia sanitaria’
Revista Médica

El órdago lanzado por la Generalitat de Cataluña al Gobierno español sobre la consulta soberanista invita a plantearse la cuestión de si la sanidad de esta autonomía está preparada para ser completamente independiente.


Artur Mas y su entorno han dado un paso más en su objetivo para conseguir la autodeterminación de Cataluña, y han planteado dos preguntas (‘¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado?’ y ‘si es así, ¿quiere que sea independiente?’) que han puesto en marcha ya el censo para que los catalanes puedan decidir. Como es lógico, la reacción del Gobierno español ha sido contraria, y su presidente, Mariano Rajoy, ha avisado de que “no se va a celebrar” esta consulta.

Con este panorama, cabe preguntarse si la sanidad de Cataluña está preparada para responder a las necesidades del nuevo estado que pudiera surgir. Por el momento, el máximo responsable sanitario en la actualidad, el consejero Boi Ruiz, lo tiene muy claro: “Tendríamos un sistema mejor”, afirmaba en 2012 a ‘Catalunya Informació’, y lo justificaba señalando que Cataluña “dispondría de una caja propia y no tendría que estar pendiente de si llega a tiempo y con qué cantidad la transferencia del Estado”. Además, en aquella ocasión afirmaba que el modelo de sanidad catalán está “absolutamente” preparado para funcionar de forma independiente al Estado, negando que hubiera que pasar por un proceso de adaptación complicado, porque “el modelo es muy simple” y pocas cosas tendrían de cambiar.


Cuenta con el apoyo profesional
Alguno podrá pensar que es lógico que Ruiz haga estas consideraciones, formando parte del Govern de Mas. Pero la perspectiva independentista trasciende lo político y lleva hasta lo profesional.

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En octubre de 2012, ante una resolución del Parlament que solicitaba “que el pueblo catalán pudiera decidir libre y democráticamente su futuro colectivo, como única vía para garantizar el progreso social, el desarrollo económico, el reforzamiento democrático y el fomento de la cultura y la lengua propias”, 40 colegios profesionales de Cataluña firmaron una nota de apoyo a esta iniciativa parlamentaria. Entre ellos se encontraban el Colegio de Médicos de Barcelona; el de Girona; los de Enfermería de Lleida y Tarragona; el Consejo de Farmacéuticos de Cataluña; el de Fisioterapeutas; Logopedas, Odontólogos, Podólogos, y los Colegios de Veterinarios de Barcelona, Lleida y Tarragona.

Todas estas corporaciones sanitarias se suscribieron a esta iniciativa porque “como representantes profesionales de nuestro país queremos ofrecer nuestra voluntad y disponibilidad para contribuir desde las instituciones a consolidar e impulsar el posicionamiento del Parlamento con todas aquellas aportaciones que permitan a Cataluña valerse de instrumentos propios para hacer posible un auténtico progreso social, económico y cultural”.


¿Suficiencia económica?
Pero, ¿el convencimiento de Ruiz y los profesionales sanitarios tiene un respaldo real que posibilite una sanidad catalana independiente de España? El primer hecho fehaciente es que esta comunidad autónoma fue pionera en recibir la transferencia sanitaria. En 1981, dos años después de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña, el Ejecutivo español, entonces liderado por la Unión de Centro democrático (UCD), le decía la gestión y prestación del servicio sanitaria en su territorio. Por lo tanto, son ya más de 30 años los que lleva administrándose, 20 más que las últimas que dieron este paso en 2002 (entre las que se encontraba Madrid).

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En 30 años el desarrollo de la sanidad catalana se ha fundamentado en la confianza en la red privada como apoyo a la pública, y en incorporar criterios empresariales a la gestión que la Administración ha hecho de sus centros. La base sin duda está puesta, pero quedan incógnitas, como la financiación, su talón de Aquiles en la actualidad. En marzo de este 2013 Boiz Ruiz aseguraba que vivían “un colapso financiero, pero no sanitario”. En junio CiU pedía a Rajoy en el Congreso de los Diputados que repartiera entre las comunidades autónomas la recaudación adicional conseguida gracias a las subidas y creación de nuevos impuestos, porque de lo contrario “no se van a poder pagar las 14 pagas de los médicos y enfermeros”, advirtió el diputado nacionalista Josep Sánchez-Llibre.

Esta asfixia económica que padece el sistema sanitario catalán le empujó a emprender medidas como el llamado ‘euro por receta’, un impuesto por cada prescripción retirada en la oficina de farmacia y con el que los responsables políticos creían que iban a solucionar algunas tensiones de tesorería. Sin embargo, a la resistencia profesional y ciudadana, se sumó la definitiva del Ministerio de Sanidad, que llevó el caso ante el Tribunal Constitucional y lo frenó en seco, meses después de haber sido puesto en marcha.


Un plan alternativo
Pero ante las dificultades económicas el Govern tampoco se detiene. Aunque haya empresarios de peso en la región, como Víctor Grifols, dueño de una multinacional farmacéutica afincada en Barcelona, que avise de que no apoyaría la independencia, solo un estado federal. Y es que Mas tiene un plan para sostener el sistema.

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Primero confía en que los impuestos de los catalanes y de las compañías sean suficientes, ya que considera que su paso por Madrid les devuelve mermado el fondo del que deberían disponer. Y segundo porque tiene entre manos el Pacto Nacional de la Salud en Cataluña. Como explicó en mayo el portavoz del Govern Francesc Homs, “su objetivo es “impulsar y promover un amplio consenso político y social sobre la base de un sistema público y universal”, y para ello, según dijo, están dispuestos a “revisarlo todo”.

Este pacto tiene ya una comisión a la que están invitados todos los partidos que tienen representación en el Parlament, porque pretende contar con un amplio consenso político y social que sirva para establecer unas reglas del juego que den una estabilidad global a la sanidad. Boi Ruiz lo ha definido como una especie de ‘Pacto de Toledo’ (el de las pensiones), pero en versión sanitaria catalana, indicando que responde “a la obligación moral y ética como país”. Por ahora este Pacto Nacional por la Salud va con retraso, pero quién sabe si la consulta soberanista que ya ha puesto Mas negro sobre blanco no lo acelera. Está claro que los protagonistas de la sanidad catalana se sienten preparados para que los ciudadanos decidan si quieren o no un sistema sanitario que no tenga que estar mirando a Madrid y a otras regiones.