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08/12/2013 n162
Los cuatro errores sanitarios que llenan los juzgados
Ricardo Martínez
La mala información, los diagnósticos equivocados, las detecciones tardías y las complicaciones tras actos médicos o en tratamientos son las causas más frecuentes a la hora de plantear una reclamación.


Desde comienzos de los años 80 se vienen registrando incrementos sustanciales en las reclamaciones en el ámbito sanitario, que en algunos años han llegado a sobrepasar el 400 por ciento respecto a periodos anteriores. Según un estudio realizado por la correduría de seguros Uniteco Profesional a 26.000 profesionales médicos, mientras que en 2007 se abrieron un total de 352 siniestros, en 2011 se alcanzó la cifra de 660 y se llegó a 730 en 2012. La tendencia al alza de las demandas interpuestas por los pacientes tiene cuatro conceptos clave: la falta o incompleta información previa a las intervenciones o tratamientos más agresivos; los errores y los retrasos de diagnóstico, y los problemas derivados de tratamientos.

Este estudio corrobora que el 45 por ciento se estos siniestros se judicializan y, de estos, el 75 por ciento tienen una resolución totalmente favorable para los médicos y odontólogos, un 20 por ciento una estimación parcial y un 5 por ciento una resolución desfavorable. Otro dato relevante del mencionado trabajo es que las posibilidades que un médico puede tener de recibir una reclamación a lo largo de su vida laboral han aumentado desde el 1,45 por ciento en 2007 al 2,61 por ciento en 2011.

Una información completa ahorra problemas
En la actualidad, siete de cada diez demandas son por defectos en el consentimiento informado. Circunstancia que para Domingo Bello Janeiro, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de A Coruña, demuestra “una modificación del modelo de relación entre el médico y el paciente”, además de suponer un cambio en la forma de abordar las reclamaciones ante los tribunales.

La obligación de informar al paciente ha supuesto una redistribución de los riesgos, que son asumidos también por el profesional, lo que ha derivado en una mayor protocolización del modelo, que ha provocado a su vez un aumento de la desconfianza entre médicos y enfermos. Por lo demás, la aprobación del paciente sólo es válida cuando éste recibe una información completa, por lo que muchos de los formularios genéricos que firman los pacientes en el momento de la entrada en el hospital no sustituyen al consentimiento y no tienen la misma validez legal.

En este sentido, la jurisprudencia entiende, en lo afecta a la falta de información, que si no se produce un mal al enfermo, a pesar de que el defecto de consentimiento informado se considere un incumplimiento de la ‘lex artis’, no se suele castigar. De este modo, se requiere que se haya ocasionado un resultado lesivo como consecuencia de las actuaciones médicas para que exista condena. Sin embargo, hay magistrados que esta ausencia informativa la catalogan como daño moral, aunque no se haya producido daño físico, ni secuelas.

El error de diagnóstico y las pruebas necesarias
Un foco habitual de demandas son los hechos que se desprenden de errores diagnósticos, que suelen generarse más por actuaciones de urgencias. Sin embargo, este tipo de situaciones también pueden surgir incluso cuando se han realizado las pruebas diagnósticas habituales. En este punto, una de las claves reside en determinar si el error diagnóstico se ha debido a la falta de práctica de las pruebas diagnósticas que pueden ser esenciales, lo que determinaría un incumplimiento de la ‘lex artis ad hoc’, incurriendo en la responsabilidad administrativa. La sanidad no se ha librado de la judicialización que se vive en cada ámbito de la sociedad y los pacientes, en ocasiones, no asumen la materialización de los riesgos y aprovechan los cauces legales para obtener una satisfacción económica en una mal entendida medicina de resultado, cuando la obligación de los médicos es de medios (prestar al paciente los conocimientos y técnicas que en ese momento la ciencia pone a su disposición), tal y como recogen los tribunales.

Las detecciones tardías pueden acarrear pérdida de oportunidad
Las detecciones tardías son también fuente de conflicto, ya que pueden provocar en el paciente secuelas de relevancia. En este punto, hay que analizar si durante el proceso la actuación prestada fue correcta, realizando las intervenciones recomendadas, ajustadas a los protocolos, sin que se prive al paciente de ningún de tratamiento idóneo y sin que se produzca un retraso en el diagnóstico de la enfermedad, lo que supone una pérdida de oportunidad. Este concepto es una teoría jurídica que permite indemnizar al paciente que se ha visto privado de la posibilidad de curación. La diferencia que existe con los casos de responsabilidad en los que se imputa al médico la causa de un fallecimiento o de una lesión es que en este tipo de casos el enfermo ingresa en el hospital con un daño preexistente y lo que se atribuye al facultativo es la frustración de las expectativas de sanación.

Los errores en tratamientos y la obligación de medios
Los errores en tratamientos o complicaciones tras actos médicos completan el abanico de situaciones más frecuentes que pueden propiciar que el profesional se vea abocado a un proceso judicial. Toda decisión es susceptible de poder convertirse en una equivocación, pero no solo las apreciaciones del médico pueden ser la causa de un error, ya que también influyen las condiciones estructurales en las que desarrolla su labor. El error de tratamiento puede conllevar una lesión o deterioro de la salud que suponga una prolongación de la estancia hospitalaria, una incapacidad o el fallecimiento, y tiene su causa más en la atención sanitaria que en la propia enfermedad del paciente. Para evitar alguna de estas situaciones conviene extremar la precaución en la prescripción o administración de medicación, sueros o vacunas adecuadas, controlar al paciente después de la primera atención o del postoperatorio y realizar una evaluación correcta de los efectos colaterales de un determinado tratamiento.

La demanda histórica de un baremo específico
Actualmente, tras una intervención quirúrgica, si se formula una reclamación a nivel judicial, para calcular las indemnizaciones,
 los jueces utilizan por analogía el baremo de indemnizaciones que se aplica cuando hay accidentes de tráfico. El sector considera necesario un baremo propio del ámbito sanitario, de modo que se pueda evaluar de manera unificada la compensación, ya que fijar una tabla ayudaría a la agilidad de la reclamación. La exministra de Sanidad socialista Elena Salgado intentó regular en 2004 esta situación mediante un acuerdo con el Ministerio de Justicia, las compañías de seguros y los profesionales sanitarios, aunque finalmente no se concretó. En este momento, el Consejo Asesor de Sanidad trabaja en ello.

Embarazos, cirugía estética y listas de espera, foco de reclamaciones
Una vez vistos los cuatro conceptos por los que los profesionales sanitarios son más requeridos ante la Justicia, quedan por señalar los casos concretos. Bello Janeiro apunta que “en la jurisprudencia aparecen de manera recurrente condenas por errores en el seguimiento del embarazo o el parto, falta de detección de malformaciones visibles en pruebas ecográficas, daños en el feto por negligencia en el transcurso del parto o por prescripción de medicamentos a la madre”. Un ejemplo reciente lo encontramos en el Tribunal Supremo, que ha dictado una indemnización de 1.500 euros mensuales de por vida a un niño con síndrome de Down tras un diagnóstico prenatal equivocado.

También la Audiencia Provincial de A Coruña condenó en 2008 a un ginecólogo por negligencia ante la falta de monitorización continua de un parto que duró más de doce horas. La indeminización fijada fue de un millón de euros a la madre, ya que se consideró que la monitorización es imprescindible si hay factores de riesgo, considerando incorrecta la actuación médica al no llevar a cabo las medidas precisas de comprobación.

En cuanto a la cirugía estética, aunque últimamente se ha matizado, al ser medicina satisfactiva o electiva, se pide obligación de resultados, lo que ha hecho subir en estos casos las primas de los seguros de responsabilidad civil, frente a la medicina necesaria, en que no se exige a los médicos que curen, sino que pongan todos los medios para conseguirlo.

El contexto socioeconómico actual ha provocado que las listas de espera cada vez tengan mayor repercusión en el ejercicio de la profesión médica y en el paciente. Por esta razón, Bello Janeiro reclama “el máximo esfuerzo por una mejora en las listas de espera para evitar indemnizar daños y perjuicios y reclamar responsabilidad patrimonial a la Administración en casos de agravación de la dolencia mientras el paciente aguarda. Desde luego, la excesiva lista de espera es el motivo más importante de preocupación de la ciudadanía, así como el que más quejas, reclamaciones y denuncias causa”.

El número de delitos penales es muy reducido y más bajo todavía es el número de condenas. Se manejan datos de ocho reclamaciones por cada millón de actos sanitarios. Sin embargo, se ha detectado lo que se ha venido a llamar ‘medicina defensiva’, que acarrea angustia al profesional, costes elevados y ralentización de la asistencia. El propio código ético de la Organización Médica Colegial (OMC) subraya que es mala praxis y hay normas legales que también sustentan esta afirmación. Existe una impresión generalizada de que el médico que se ha visto personalmente involucrado en un proceso suele tender a agotar posibilidades diagnósticas que no hubieran sido necesarias en todos los casos. Es el precio que se paga por la judicialización de la sanidad.