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11/11/2013 n158
Ahora que se pone en tela de juicio la capacidad de las empresas privadas para gestionar la sanidad en algunas comunidades autónomas, tal vez se deba dirigir la mirada a Cataluña, pionera en asumir las competencias en este campo y protagonista de un modelo organizativo muy peculiar en el que conviven consorcios, empresas públicas, fundaciones y otras fórmulas alternativas. Además, se trata de la única autonomía que ofrece resultados públicos anuales por medio de un observatorio propio, la Central de Resultados. De su último informe se deduce que las entidades sanitarias de titularidad privada no desentonan cuando colaboran con los organismos públicos; de hecho, algunos indicadores como el número de ingresos hospitalarios evitables apuntan a que lo hacen mejor.

Javier Barbado

Cataluña fue la primera comunidad autónoma en asumir las transferencias del extinto Instituto Nacional de la Salud (Insalud) en 1981. Y no fue una precocidad casual, ya que, en este territorio autonómico, se ha desarrollado un original modelo sanitario del que cabe destacar la creación de consorcios entre las entidades locales propietarias de los centros y el Servicio Catalán de la Salud. Tal como han destacado los estudiosos, lo de Cataluña se puede considerar un caso único en la sanidad española y, de hecho, la proliferación de nuevas formas de gestionar los centros (incluidas las que conceden autonomía a los profesionales: las entidades de base asociativa o EBA) no responde tanto a la búsqueda de innovaciones por parte de la Generalitat como a la necesidad de coordinar una muy peculiar distribución de la propiedad de los hospitales, centros de salud y demás organizaciones sanitarias.

No menos cierto resulta que, en los últimos veinte años, esta creatividad de la sanidad catalana ha influido en el desarrollo de la colaboración público-privada en el resto de España. De hecho, muchas voces acreditadas defienden que, a raíz de la Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña (LOSC), aprobada en 1990, se abrió la veda a lo que hoy algunos llaman privatización de los servicios sanitarios públicos, pese a que se trata, en realidad, de participación de las empresas en la gestión de hospitales y centros a partir de contratos firmados con los poderes públicos. Es probable, por tanto, que el atrevimiento catalán a la hora de innovar en la gestión sanitaria envalentonara a los dirigentes políticos de otras comunidades autónomas para hacer lo propio en ellas, por supuesto conforme a realidades y motivaciones por completo diferentes (léase Políticas sanitarias en España: pasado, presente y futuro del sistema sanitario español. Un desarrollo específico de la Medicina bajo el capitalismo publicado por Javier Rey del Castillo, donde este investigador no duda de que “los efectos de la ley catalana, fuera cual fuera su intención, se extendieron más allá de su propio territorio y dieron pie a la generalización de una nueva consideración de las formas de gestión en el SNS español” –páginas: 311-13–).

El consejero que vino del futuro
Con la llegada de la crisis económica internacional en 2008, la sanidad catalana fue la primera en anunciar, tres años más tarde, importantes recortes en el presupuesto hospitalario (alrededor del 10 por ciento por cada centro), entre otras medidas impopulares de contención del gasto. Le tocó hacerlo al actual consejero de Sanidad autonómico, Boi Ruiz, que por entonces se definió como “el político que venía del futuro” a aplicar las soluciones que, en efecto, no tardaron en implantarse en diversos grados en el resto de las autonomías.

En esta misma línea de iniciativas pioneras, Cataluña presume de ser, en la actualidad, la única comunidad autónoma que analiza, registra y divulga los resultados de salud de sus hospitales y centros sociosanitarios, según constata a Revista Médica Ana García Altés, investigadora de la Generalitat, quien precisa que, en efecto, solo la sanidad catalana ofrece indicadores con periodicidad anual por medio de la Central de Resultados adscrita al Observatorio del Sistema de Salud de Cataluña. Visto en perspectiva, el modelo sanitario catalán ha funcionado bien a lo largo de los años y, si se analiza cómo ha capeado la crisis el departamento de Salud que encabeza Ruiz por medio de los datos de este último organismo, se deduce que la colaboración público-privada no es tan mala idea como la presentan sus detractores o, al menos, merece la pena sopesar su cultivo, siempre y cuando se haga de la forma acertada, pues es verdad que el modelo catalán no se parece a ningún otro en España.

Así, los datos del último informe de la Central de Resultados (que se hace por encargo del Servicio Catalán de la Salud, rebautizado como Catsalut en 2001) son el espejo de un modelo solvente en el periodo comprendido entre 2004 y 2009 con un notorio empeoramiento de esta condición en 2010, pero que, a partir de 2011, se recupera: “En su conjunto, los proveedores de atención hospitalaria, a pesar del entorno económico desfavorable, han sido capaces de adaptarse a la situación”, se indica en el documento.

De acuerdo con el informe, la duración de la estancia hospitalaria (ingreso convencional del enfermo en el centro) ha disminuido en los últimos años de 6,6 días como promedio en 2006 a 6,1 en 2012. Esta reducción ha supuesto un ahorro de 280.000 días de estancia hospitalaria al año, lo cual equivale a haber preservado de uso unas 800 camas, cifra que se corresponde con las que posee por lo general un hospital grande.

En su apartado dedicado a la eficiencia se destaca, asimismo, la proliferación de la cirugía mayor ambulatoria (CMA) en esta comunidad autónoma. Como es sabido, las intervenciones quirúrgicas de esta índole no requieren de ingreso hospitalario y, por lo tanto, resultan mucho más resolutivas y baratas desde el punto de vista médico y económico, respectivamente. Los hospitales catalanes –se precisa– practican por medio de CMA el 46,9 por ciento de la actividad del quirófano, cuando en 2006 ese mismo porcentaje era del 37,3 por ciento.

Mejores resultados si hay empresas privadas
En tercer lugar, el número de hospitalizaciones evitables también constituye una variable que refleja el uso eficiente y adecuado de los servicios del centro y también la capacidad adaptativa de la atención ambulatoria.

El consejero de Salud de Cataluña, Boi Ruiz,
y Anna García Altés

Desde un punto de vista general, el 16,2 por ciento de los ingresos hospitalarios que tuvieron lugar en Cataluña en 2012 partieron de diagnósticos que, en realidad, no debían haber derivado en la hospitalización del enfermo.

Pero, si se afina el resultado de la misma variable en ese año por hospitales, se obtienen dife- rencias significativas. Entre los centros con menor número de ingresos evitables se encuentran, de nivel 1, el Clínic de Barcelona (14,6 por ciento); de nivel 2, el Sagrat Cor (10,8 por ciento) y el Hospital de Sabadell (13,6 por ciento); y, de nivel 3: el General de L’Hospitalet (11,6 por ciento); el Dos de Maig de Barcelona (12,4 por ciento) y Hospital Plató (7,3 por ciento). Por otro lado, los que registraron más hospitalizaciones evitables fueron, de nivel 1, el Hospital de Bellvitge (20,1 por ciento); de nivel 2, el Arnau de Vilanova de Lérida (20,8 por ciento); y, de nivel 3, el Hospital de Mataró (21,4 por ciento) y el San Joan Despí Moisès Broggi (20,8 por ciento).

De los hospitales mencionados, llama la atención que los que registran menor número de ingresos evitables pertenecen, todos ellos, a la Red Sanitaria de Utilización Pública (XHUP), que agrupa a centros de Cataluña de titularidad privada en los que el Catsalut contrata la prestación de los servicios. En cambio, de los citados con mayor número de hospitalizaciones que podían haberse evitado, dos pertenecen al Instituto Catalán de la Salud (ICS, la empresa pública de servicios de salud más grande de la autonomía: en concreto, el Hospital de Bellvitge y el Arnau de Vilanova de Lérida) y otros dos son consorcios públicos (el Hospital de Mataró, que pertenece al Consorcio Sanitario del Maresme, entidad pública participada por el Catsalut, el Consejo Comarcal del Maresme y el Ayuntamiento de Mataró; y el Hospital San Juan Despí Moisès Broggi, que está integrado en el Consorcio Sanitario Integral, entidad pública participada por el Catsalut, el ICS, el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat y el de San Juan Despí así como el Consejo Comarcal del Baix Llobregat). Por lo tanto, la balanza de resultados óptimos se inclina, en este caso, a favor de los hospitales donde se hallan presentes las empresas privadas.

Más vale prevenir que ingresar
Por otra parte y de acuerdo con las conclusiones del informe, “si todos los centros tuviesen el porcentaje de hospitalizaciones evitables del 10 por ciento de los hospitales con los valores más bajos, supondría aproximadamente el ahorro de 39.000 hospitalizaciones al año, lo cual equivaldría a la actividad que lleva a cabo un gran hospital” en ese intervalo de tiempo. Y también se apunta a que, al menos en algunos casos, los hospitales con tasas elevadas de ingresos eludibles se ubican en territorios provistos de una concentración poblacional de bajo nivel socioeconómico y una prevalencia más alta de enfermedades crónicas.


Otros valores recogidos en la investigación aluden a aspectos de la sanidad que van más allá de su calidad y de su eficiencia y reparan en el valor añadido que se aporta a la salud de los pacientes. En este contexto se analizan once indicadores, de los cuales el más relevante es el de los enfermos atendidos en las urgencias del hospital que, más tarde, ingresan en planta. Se estima que la mayor parte de estas “urgencias ingresadas” podría haberse eludido con una adecuada política de prevención y actuación sanitarias en el ámbito comunitario (Atención Primaria y sociosanitaria mejor coordinadas), en especial las relacionadas con la fragilidad y las enfermedades crónicas.

De todos los hospitales del sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña (Siscat), el Hospital General de Granollers encabeza el ranking de centros con mayor número de ingresos procedentes de sus servicios de urgencias: el 31,3 por ciento de las hospitalizaciones. También registran valores altos el Hospital de Santa María (26,1 por ciento), el Hospital de Vic (20 por ciento), el Hospital de Tortosa Verge de la Cinta (18,7 por ciento) y el Arnau de Vilanova (18,6 por ciento). En el extremo contrario se sitúan el Dos de Maig (4,6 por ciento) y el Hospital del Vendrell (4,8 por ciento).

En este caso, los dos hospitales citados con menos urgencias ingresadas pertenecen al XHUP, en tanto que los que resuelven más casos urgentes son una fundación privada también integrada en la XHUP (el General de Granollers); un centro del Catsalut vinculado a Gestión de Servicios Sanitarios, entidad de Derecho público con personalidad jurídica propia supeditada a la Generalitat de Cataluña y cuya actuación se ajusta al Derecho Privado (el Hospital de Santa María); un consorcio público (el Hospital de Vic); y dos hospitales públicos gestionados por el ICS (el Tortosa Verge de la Cinta y el Arnau de Vilanova).



Demasiada alegría con el bisturí
Otro aspecto que se mide con rigor en el informe es la “sobreactuación quirúrgica”, esto es, aquella cirugía que no siempre está indicada pero que se lleva a la práctica de todos modos, y, como ejemplo significativo, se cita el de las cesáreas: “Comparando hospitales del mismo nivel, el Hospital de Puigcerdà (fundación privada) registra un 14,6 por ciento de cesáreas, mientras que El Espitau Val d’Aran (Consorcio de Salud i Social de Cataluña) tiene un 47,6 por ciento, el Hospital de Terrassa (Consorcio) un 12,8 por ciento y el Hospital Verge de la Cinta de Tortosa (del ICS) un 28,9 por ciento”.

En total, existen en Cataluña seis hospitales con una tasa de esta práctica quirúrgica superior al 30 por ciento y dos por encima del 40 por ciento. Los autores de la revisión recuerdan que “una decisión del paciente bien informado puede corregir los excesos de indicaciones quirúrgicas forzadas o controvertidas desde el punto de vista de la evidencia científica”.

En suma, para que el enfermo esté de veras informado lo ha de estar antes el ciudadano, y Cataluña despunta en esta premisa porque, por el momento, solo ella ofrece datos globales de los resultados de todos sus centros sanitarios. Se trata de un ejercicio de transparencia habitual en otros países como Reino Unido o Estados Unidos, que, en una sanidad conformada para atender a casi todo el mundo como la española, no debería demorarse por parte de las dieciséis administraciones que, hasta la fecha, no ofrecen esa valiosa referencia para los pacientes.