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28/10/2013 n156
Los ideólogos sanitarios de Felipe y de Aznar,
ENFRENTADOS
‘Revista Médica’ ha invitado a los exministros de Sanidad Julián García Vargas y José Manuel Romay Beccaría a un diálogo cara a cara sobre lo que era el Sistema Nacional de Salud en sus años de gobierno, y cómo lo ven ahora. Creen que bastantes problemas de entonces siguen sin resolverse, y las diferencias políticas que se les presuponen de partida (el primero fue ministro de Felipe González con el PSOE y el segundo de José María Aznar con el PP) parecen diluidas en lo esencial. De hecho, coinciden en muchos temas, principalmente en que ahora predomina un debate más político que técnico que dificulta los consensos.


Javier Barbado / Imagen: Miguel Ángel Escobar y Pablo Eguizábal
Revista Médica: Comencemos por una normativa clave que se aprobó en 1986, año en que es nombrado ministro del ramo García Vargas: la Ley General de Sanidad. Visto en perspectiva, ¿consideran un acierto su aprobación?

Julián García Vargas, exministro de Sanidad del PSOE (1986-1991): Llegué al Ministerio un mes después de que se aprobara la ley y, por lo tanto, a mí me tocó aplicarla. Pero debo decir algo que con frecuencia se olvida y es que parte de la ley se había anticipado mediante un decreto-ley de reforma de estructuras básicas de salud que fue una iniciativa del ministro Lluch y de Pedro Sabando. Y la reforma que produjo en la Atención Primaria ya estaba instrumentándose, esto es, había aspectos de la ley que ya habían comenzado su andadura y a mí lo que me correspondió fue la aplicación más sistemática y completa.

Revista Médica: Por entonces, ¿qué cargo tenía Romay Beccaría?

José Manuel Romay Beccaría, exministro de Sanidad del Partido Popular (1996-2000) y actual presidente del Consejo de Estado: Era diputado en el Congreso de los Diputados en el momento de debatirse la Ley General de Sanidad y, por una ‘carambola’ de ésas que pasan en los partidos, a pesar de que yo no me ocupaba de los temas sanitarios, Fraga me pidió, a la hora de la verdad, que fuera yo el encargado de la enmienda a la totalidad de la normativa. Eso me dio la oportunidad de estudiarla más en profundidad y de adquirir un criterio sobre ella. Pude ver lo que de avance y modernidad tenía entonces la ley, que también adolecía, en mi opinión, de algunas carencias: se quedaba corta en algunos aspectos.

Julián García Vargas: Luego hablaremos de esas carencias, que seguramente vamos a coincidir en lo fundamental, ya lo verás.

En el estudio de televisión de Sanitaria 2000



Revista Médica: ¿Qué discrepancias había sobre la ley en el seno de los propios partidos, es decir, más allá de las visibles entre los grupos parlamentarios?
Julián García Vargas:
Me gustaría destacar que ha habido, en efecto, una Ley General de Sanidad en 1986, y también una normativa complementaria que es la Ley de Cohesión y Calidad de 2003, y, mientras tanto, se han aprobado cinco leyes de Educación. Es decir, la Sanidad, siendo un tema tan sensible, ha tenido una vocación más duradera, quizá porque es una ley muy declarativa de principios que no son realmente discutibles en un país moderno, y además porque es una ley bastante flexible. Así, por ejemplo, concibe un sistema mixto con una participación del sector privado.

Siempre que se aplica una ley como ésta que quiere hacer un sistema articulado que afecta a todo el sistema nacional, hay intereses que pueden no estar de acuerdo; por ejemplo, [la normativa] exigía una unificación de redes de hospitales clínicos y universitarios, de hospitales de las diputaciones, de la Seguridad Social. Unificar todo eso fue bastante complicado, especialmente porque tocaba intereses retributivos: había médicos que trabajaban en la Seguridad Social y también en una clínica. Todo eso se tuvo que abordar y dio origen evidentemente a resistencias.

Pero una vez que se puso en marcha el proceso, incluso entre los profesionales, fue bastante poco discutida. Se puso empeño en debatir el modo, el ritmo, a quién le tocaba antes la aplicación de esas incompatibilidades, por ejemplo; cuando se pone en marcha la mejora de un servicio tan importante, sucede que todo el mundo quiere ser el primero en obtener la mejoría, de modo que hubo cierta tensión territorial y pasaba como ahora, que no había dinero. De modo que todo el mundo decía: “Primero resolveré lo mío, ya se resolverá lo de los demás”.

Revista Médica: ¿Hubo mucha presión de los partidos nacionalistas?
Julián García Vargas: No. Porque Cataluña ya había conseguido la transferencia [de las competencias en sanidad; en concreto, en 1981] y fueron muy colaboradores. En aquel momento estaba Xavier Trías de consejero [ahora es alcalde de Barcelona] y era una persona con la que había alguna discrepancia pero nunca nada que no fuera “civilizado”. Y también muy recientemente Andalucía había asumido las competencias. Con ninguna de las dos [hubo problemas]; o yo, por lo menos, tuve una relación excelente con ambas dos.



Revista Médica: El Partido Popular defendió una enmienda a la totalidad de la ley; sin embargo, en 1996, el Ejecutivo de José María Aznar no la reforma y, por lo tanto, la apoya de forma implícita. ¿Por qué se opuso a ella en su momento?

José Manuel Romay Beccaría: Eso dice algo favorable en todo caso sobre la responsabilidad con que el Partido Popular afronta la legislatura en 1996. No se trata de desmontar la ley, pero sí se hizo algo en aquel año que apunta a las carencias a las que me refería en relación con el carácter monolítico del sistema y en relación con algunas estructuras burocráticas, administrativas, con las que se había concebido la sanidad en España y que se mantienen a lo largo del tiempo incluso cuando entra en vigor la Ley General de Sanidad. La sanidad es un servicio muy complejo y, a mi juicio, le van mal las estructuras administrativas. No es igual a otros servicios de la Administración; lo componen personal de diversas categorías difícil de manejar… Y todo ello no se tuvo en cuenta en la ley a mi juicio, de modo que, en 1996, iniciamos un proceso que, de alguna manera, vemos que sigue siendo demandado ahora para flexibilizar un poco el modelo.

Nosotros pensamos que había que introducir flexibilidad empezando por el estatuto del personal, y, de alguna forma, las fundaciones y todas estas figuras que intentamos poner en marcha tendían a romper con esa rigidez del modelo burocrático. Mi crítica a la Ley General de Sanidad era que mantenía el modelo burocrático anterior de la sanidad, que le va mal, y, en ese sentido, era poco innovadora. Y esto lo seguimos viendo. En ese aspecto nos acercábamos entonces al Reino Unido y, en cambio, nos alejábamos de los otros modelos europeos: menos burocráticos, más flexibles, con más agentes que prestaban servicios de sanidad… Tal vez por eso eran más difíciles de gestionar, pero, a cambio, permitían mayor competencia entre los diversos agentes proveedores del sistema. En nuestro caso, el modelo era demasiado monopolístico, poco flexible, y se mantiene en la actualidad. Es muy difícil conseguir altos niveles de eficiencia con un modelo burocrático de relaciones laborales, igualitario, sin incentivos.

Informe Abril Martorell
Revista Médica: Ha mencionado las nuevas formas de gestión. El Informe Abril Martorell se le entregó en mano al ministro que relevó a García Vargas, Julián García Valverde, y en él se abre la puerta a esa posibilidad. ¿Por qué se archivó sin más por el Gobierno central?
Julián García Vargas: Yo quiero expresar mi coincidencia con lo que dice Romay Beccaría en cuanto a las estructuras administrativas y, especialmente, no solo lo que se refiere a la aplicación de la Ley de Contratos del Estado, sino, sobre todo, al régimen de personal. Indudablemente había una corriente con la que yo me identificaba plenamente en el Partido Socialista, donde no había una posición monolítica: yo tuve muchos problemas en ese aspecto con gente de mi propio equipo con la que, a veces, discrepaba, porque creían en un modelo administrativo porque le daba uniformidad al sistema.

No olvidemos –y antes lo cité– la unificación de redes que promueve la Ley General de Sanidad, que coordina y agrupa lo que antes estaba disperso, y entonces el único instrumento jurídico que había era, en realidad, el Derecho administrativo. Pero yo creía que se podía dar un paso en el aspecto del personal y lo intentamos en algún momento.

Creé una comisión muy discreta dentro del ministerio con algún asesor externo, y nos propusimos cambiar el régimen estatutario. Avanzamos bastante, pero llegó un momento en que se acumularon muchos problemas, y, en fin, fue una época socialmente convulsa, como siempre que ocurre cuando se sale de una crisis, porque los que han perdido en ese periodo quieren recuperar lo perdido cuanto antes. De hecho, creo que sucederá algo similar con la crisis actual cuando concluya la década.

De modo que, en Hacienda, me invitaron a dejar el proyecto porque ya había muchas tensiones en el sector público, incluido el sanitario, y no era cuestión de añadir otras. Ésa es una asignatura pendiente que la ley de nuevas formas de gestión [aprobada en 1997] trata de abordar. Pero en el fondo hay una resistencia, sobre todo por parte del personal, a dejar de ser estatutario. Creo que muchas personas piensan, equivocadamente, que están más protegidas con el régimen estatutario que con el laboral.

Romay Beccaría es en la actualidad presidente del Consejo de Estado



Revista Médica: Los dos partidos refrendaron esa ley y, por lo tanto, se deduce que están de acuerdo en la extensión de nuevas fórmulas de gestión. Sin embargo, persiste en el discurso político una clara batalla por este asunto con dos frentes, uno en el PP y otro en el PSOE, en especial en algunas comunidades autónomas. ¿Por qué razón?
Julián García Vargas: El Informe Abril fue un intento modernizador de introducir en España un sistema de aclarar grandes debates políticos y sociales asignado a alguien independiente, que lideró una comisión de personas que no estaban directamente involucradas en el problema, para elaborar así un documento sobre el que después se discutiría y se tomaría como referencia.

Recurrir a Fernando Abril Martorell fue un gran acierto porque era una persona de una grandísima autoridad, y que tenía gran experiencia. Pero chocó con esta costumbre que tenemos en España de no respetar a los árbitros, a una persona independiente que dice cosas que, a veces, no le gustan a todas las partes. Y yo creo que uno de los problemas del Informe Abril es que todo el mundo se lo leyó con mucha atención, pero en su casa, y miró en qué le afectaba, de modo que cada cual empezó a decir lo que no le gustaba en razón de su conveniencia, y la suma de esas partes dio cierta hostilidad al informe. Todo el mundo pensaba, en resumen, que era magnífico, pero también todo el mundo se decía: “Que a mí no me afecte”.

Lo que le ocurrió a mi sucesor [Julián García Valverde] fue que se encontró con un informe que era recibido de forma hostil por el sector, y por ello no se atrevió a utilizarlo.

Nuevas formas de gestión
Revista Médica: Lo traemos a colación porque, en la actualidad, no pocas veces sale a relucir, por lo general citado por altos cargos del Partido Popular, que justifican su política sanitaria a partir de algunas de las recomendaciones del documento y le reprochan al PSOE que no sea coherente con lo que apoyó en aquellos años. Nos referimos, por ejemplo, a la postura de ambos partidos respecto a las fórmulas de concesión administrativa en la Comunidad de Madrid.
José Manuel Romay Beccaría: Oposiciones internas a las reformas las hay en todos los partidos y, en general, en la sociedad. Lo que dice Julián García Vargas respecto al Informe Abril Martorell es rigurosamente así: es un trabajo lleno de buenos diagnósticos y consejos, pero encuentra resistencias inevitables. Ya lo decía Maquiavelo, que algo debía de saber de estas cosas: “Las reformas son siempre difíciles porque encuentran grandes resistencias en aquellos a quienes perjudica, y solo tibios apoyos en aquellos a quienes beneficia”.

Pero la cuestión es que tenemos una buena sanidad y, con vistas al ciudadano, resuelve muchos de sus problemas y lo hace bien. Se valora mucho el poder ser atendido con la calidad que tienen nuestros profesionales y nuestros servicios. Ahora estamos en una coyuntura que hace especialmente apremiante la búsqueda de eficiencia, cosa que nosotros no vivimos: es verdad que Hacienda nos controlaba y limitaba, pero el país iba aportando siempre lo imprescindible y lo necesario para que se fueran dando esos servicios y para que se mantuvieran a lo largo de los años. Ahora la crisis nos golpea muy duro y el panorama externo e interno hace muy difícil mantener el nivel de estas prestaciones, y eso exige un esfuerzo de eficiencia mayor que nunca.

García Vargas, que también fue ministro de Defensa, está más centrado ahora en este sector



De ahí que, a mi juicio, sean apremiantes esas reformas profundas, de calado, que permitan aumentar esa eficiencia. Me refiero a esos cambios en el régimen de personal que permitan mayor flexibilidad, mayores incentivos… que hagan que el sistema no sea tan monolítico. Se necesita un sistema de relaciones laborales mucho más ágil que el que tenemos, y la presencia del sector privado buscando la eficiencia también se hace más necesaria que nunca por estas exigencias de eficiencia y de sostenimiento en el contexto de la crisis y la globalización.

Un modelo laboral más flexible
Revista Médica: En el PSOE no había entonces una sola postura respecto a esa crítica al modelo rígido, burocrático y provisto del régimen estatutario. ¿La hay ahora?
Julián García Vargas: Yo lo que veo es que, efectivamente, siguen siendo partidarios de un modelo estatutario. Observo que tampoco ahora el partido es monolítico pero sí que hay –y esto es una creencia bastante común en la izquierda– una tendencia a creer en el modelo burocrático más que en el gerencial.

Hay un asunto respecto a los informes que hay que destacar. Normalmente un gobierno encarga una cosa a una comisión independiente cuando quiere que diga lo que hay que hacer sin que la perturbe el debate político; es decir, que lo pueda analizar alguien que esté fuera. Ahí está el ejemplo de Reino Unido, que estaba gobernado entonces por Margaret Thatcher. Ella iba en dirección contraria, es decir, quería privatizar el viejo sistema nacional de salud británico. Por ello le encargó a Griffiths que hiciera un informe. Pude hablar con él en una visita que nos hizo y él me confesó –era naturalmente conservador– que se había acercado al sistema nacional de salud inglés con una cierta prevención, pensando que era muy ineficiente por el hecho de ser público; sin embargo, se llevó la sorpresa de que el sistema funcionaba razonablemente bien y así lo expresó en su informe. Pero a Thatcher no le gustó nada el informe, y, sin embargo, no tocó demasiado el sistema, es decir, lo contrario de lo que sucedió aquí, donde no gustó el informe Abril Martorell y no se aplicó. Creo que ahora es el momento propicio para llevar a cabo una reforma pendiente en nuestra sanidad.

José Manuel Romay Beccaría: Sí, estoy de acuerdo.



Revista Médica: ¿Hablan de encargar un informe como el de Abril Martorell en este momento?
Julián García Vargas: Yo no repetiría un informe ahora de ese tipo, es decir, no recurriría a la misma fórmula: un documento muy exhaustivo a partir de comisiones que analizaron con mucho detalle algunos de los aspectos del sistema… Haría, en cambio, una cosa bastante más sencilla. Trataría de diseñar unas cuantas líneas de reforma y adaptación del sistema en una época de limitación de recursos financieros que va a durar mucho. No sería un documento demasiado largo y tan complejo como aquél, pero sí otro que le fuera asignado por el Consejo Interterritorial a alguien no involucrado directamente y de no más de 20 o 30 folios, y después que cada comunidad autónoma lo fuera aplicando en función de sus problemas, que no son iguales, no tienen la misma urgencia. Pero que hubiera una serie de líneas de actuación comunes, y eso lo puede hacer una comisión independiente.

El SNS, ¿en peligro?
Revista Médica: No son pocos los analistas que ven en peligro el Sistema Nacional de Salud y que hablan, incluso, de su desmoronamiento. ¿Son ustedes más optimistas?
José Manuel Romay Beccaría: De ninguna manera tengo una visión tan catastrofista. Creo que el sistema tiene deficiencias muy importantes debido a problemas de eficiencia y de financiación, y por lo difícil que va a estar todo el panorama financiero en los próximos años para atender servicios tan costosos.

Pero también creo que se está resistiendo bien, que habrá que hacer el esfuerzo de conseguir ahorros y afrontar las dificultades sin mermar las prestaciones que reciben los ciudadanos. Porque, hasta ahora, se han hecho recortes, fundamentalmente, de los salarios de los profesionales y de los gastos farmacéuticos, pero de lo que es la prestación que llega al paciente creo que está preservada, salvo algunos pequeños copagos, algunas cosas del transporte sanitario, es decir, sustancialmente se sigue manteniendo la gratuidad básica para los pacientes y la calidad de nuestro sistema y la amplitud de las prestaciones. Con una tensión muy grande, eso sí, y en un contexto en el que se encarece cada vez más debido al envejecimiento de la población. En un programa de coste creciente y de dificultades de financiación debido a que no se podrán subir mucho los impuestos en los países occidentales para no dejar de ser competitivos, tenemos que conseguir, por encima de todo, márgenes de eficiencia.

Se hicieron, en el pasado, muchas intervenciones para mejorar la eficacia del modelo; pero no se hizo lo propio con la eficiencia, es decir, hacer todo eso con menos dinero y sin perder la calidad, porque la financiación iba llegando. Ahora es cuando hace falta poner el foco en la eficiencia. Existen historias clínicas digitalizadas que permiten ahorrar y eludir la repetición de pruebas, por ejemplo; no se pueden tener algunos hospitales haciendo lo mismo cuando podrían tal vez concentrarse esos servicios. Acabo de saber, por ejemplo, que toda el área norte de la provincia de A Coruña a efectos de servicios cardiológicos es una sola unidad.

Más que un Informe Abril, hace falta hablar mucho con los sindicatos, con las clases médicas, con todo el que tenga algo que decir en este terreno para alcanzar mayores índices de eficiencia.

Julián García Vargas: Soy un poco más pesimista. El sistema sí se está deteriorando, pero para nada se está desmoronando y espero que vaya a seguir existiendo durante muchos años. Pero está ocurriendo lo mismo que en otros sistemas sanitarios, es decir, yo no veo ningún país en el que el sistema no sea objeto de polémica más o menos recurrente. Países que gastan mucho más que España como, por ejemplo, Canadá, que lleva un par de años o tres inmerso en una tremenda polémica, padece enormes dificultades aunque gasta un tercio más, en términos de Producto Interior Bruto (PIB), que España. Todos están en apuros por razones bien conocidas: el crecimiento de la tecnología, la mayor demanda de los ciudadanos, la mayor carestía de los medicamentos… Y el sistema libra, en todos los sitios, una batalla a favor de la eficiencia.

Es muy difícil hablar de eficiencia en la sanidad, porque da la sensación de que se quiere quitar algo a alguien cuando, en realidad, se trata de hacer más con menos. Creo que hay cosas que, en España, se podrían hacer con menos esfuerzo. Por ejemplo: dar estabilidad a los gerentes; ahora tienen de media dos años y medio en el cargo, y eso es bastante insensato. Habría que tratar de que estuvieran un tiempo mínimo y, después de ese tiempo, se les evaluara y siguiera: que no hubiera este vaivén continuo porque –y eso es ahora muy diferente de cuando nosotros éramos ministros– hay gente, en la gestión, tan bien formada que a menudo son captados por la privada.

A pesar de las diferencias ideológicas de los partidos a los que representaron, les unen muchos temas en común respecto a la sanidad



El sistema no va a poder dar todos los avances en medicamentos, en tecnología, a todo el mundo de forma gratuita. Y esto lo sabemos desde siempre. Por querer darle todo a todo el mundo gratis, fallamos muchas veces en darle a todas las personas lo esencial en casos graves. Y lo estamos viendo ahora con determinados tratamientos oncológicos; yo creo que la decisión de introducir un copago de medicamentos que regule la demanda –medicamentos que, además, son bastante baratos– está bien tomada si eso permite darle fármacos muy específicos y muy caros a las personas que tienen una enfermedad muy grave. Pues esto hay que explicarlo. Uno de los problemas del sistema es que se explican muy mal las cosas: no está en quiebra, sino que libra una batalla continua contra el aumento de costes y la demanda creciente.

Y, por otra parte, no solo se han de tomar decisiones gerenciales, sino también clínicas. Iniciativas como la hospitalización a domicilio, la telemedicina, han supuesto un cambio radical, es cierto. Pero hay que explicar a los ciudadanos que deben colaborar para que sigamos dando unas prestaciones estupendas. Y, en general, todos los problemas de salud pública –y también de salud individual y de adherencia al tratamiento– deben tomarse más en serio. Por poner un ejemplo, en el servicio de salud británico, si un paciente no deja de fumar se le pueden llegar a negar muchos tratamientos.  

José Manuel Romay Beccaría: También integrar la Atención Primaria y Especializada… Conozco a muchos gerentes bien formados y, desde luego, la sanidad es un servicio con mucha más calidad de gestión que ningún otro servicio público; los niveles alcanzados en técnicas de gestión supera a la de otras prestaciones públicas. Pero otro paso en el que se debería avanzar es en el de contar más con los profesionales, con los médicos, en las responsabilidades de gestión. El médico no solo tiene que ser el que cura al paciente, sino que ha de corresponsabilizarse en el uso eficiente de los medios. 

Ambos son requeridos con frecuencia en el sector sanitario para ponencias, foros y debates



Julián García Vargas: Otro factor por tener en cuenta es la evaluación del desempeño; la capacidad de valorar el trabajo de los compañeros, cosa que no se podía hacer hace tiempo debido a un corporativismo mal entendido.

José Manuel Romay Beccaría: Hay experiencias modélicas de unidades de gestión clínica en las que los profesionales asumen responsabilidades directivas sin merma de la calidad. No se trata de hacer las cosas peor, sino de hacerlas igual de bien pero más baratas.

El rol del Consejo Interterritorial
Revista Médica: Desde su aventajada posición de análisis histórico de la sanidad española, ¿creen que el Consejo Interterritorial y el Ministerio de Sanidad carecen del peso específico que deberían tener?
Julián García Vargas: A veces se ha hablado en ese sentido de las debilidades de la Ley General de Sanidad, en concreto del hecho de que tenía que haber destacado más lo que eran competencias básicas del Estado. Las experiencias de los últimos veinte años nos demuestran que las competencias de las comunidades autónomas siempre son inviolables, pero no sucede lo mismo con las del Estado. Y esto no es razonable. Así, por ejemplo, hay un continuo ataque a las responsabilidades del Estado en materia farmacéutica, a veces con ‘inventos’ autonómicos que, aunque son razonables en su intención porque quieren reducir el coste, a mí me suscitan muchas dudas porque merman la calidad de la prestación y entran, además, en un terreno que no es el suyo.

Esto es algo que debería resolver el Consejo Interterritorial. Pero –y José Manuel lo ha sufrido igual que yo– este órgano…

José Manuel Romay Beccaría: Yo creo que, en mi época, fue una experiencia positiva.

Julián García Vargas: Yo lo puse en marcha y entonces funcionó muy bien.

José Manuel Romay Beccaría: Y avanzamos por medio de reuniones constructivas. Ahora bien, esa actividad del Consejo era mejor debido a la situación política: no había una confrontación política tan dura como la que hay ahora.

Julián García Vargas: Además el Consejo estaba naciendo y no había incurrido en el error grave en que lo hizo después y que comenzó a adivinarse al final de la época de José Manuel: desde algunas comunidades autónomas se empezó a interpretar el Consejo como una especie de parlamento sanitario… Oiga, no: el Parlamento es otra cosa, y esto es el Consejo Interterritorial, que tiene funciones de coordinación y de gestión.

José Manuel Romay Beccaría: También en mis años interferían algunas comunidades en cosas, pero en el Consejo se podía llegar a acuerdos (algunos de los cuales después se frustraron por razones políticas). Pero había mejores relaciones entre los partidos.

Su relación es cordial, como se puede ver en esta imagen tomada al finalizar la entrevista



Revista Médica: ¿Alguno de los principales partidos políticos se plantó en alguna ocasión y no acudió al Consejo, como ha sucedido más de una vez en los últimos años?
José Manuel Romay Beccaría: No, nunca ocurrió.

Julián García Vargas: A mí me tocó transferir las competencias en sanidad a cuatro o cinco comunidades autónomas, y los consejeros, cuando llegaban, eran noveles, en contraste con nosotros que, desde el Ministerio, teníamos más oficio. Así que había una relación muy tranquila. Creo que el Consejo se debilitó en el momento en que se decidió restar poder a la representación del Ministerio, además de convertirlo en una especie de parlamento sanitario. A mí, personalmente, me incomoda ver que, después de cada Consejo, los consejeros autonómicos emiten declaraciones en clave política (incluso dirigidas a su televisión autonómica), cuando los problemas en realidad son los mismos y afectan a todos.

Transferencias a las comunidades autónomas
Revista Médica: ¿Por qué, en el periodo en que fue ministro Romay Beccaría, no se hizo ninguna transferencia de competencias en sanidad a comunidad autónoma alguna? Fue la ministra Celia Villalobos quien completó el proceso entre 2000 y 2002.

José Manuel Romay Beccaría: Para nosotros la prioridad fue tratar de conseguir más equidad entre las comunidades autónomas, porque nos encontramos con que el nivel de prestación de los servicios era bastante diferente según cada autonomía. Hicimos un gran esfuerzo por mejorar la situación de Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León por medio del Insalud, que era lo que nosotros gestionábamos, ya que estaban por debajo del resto. Y pensamos que era prioritaria hacer esa igualación y posponer las transferencias restantes a la siguiente legislatura.

Julián García Vargas: A todos nos pareció razonable entonces unificar las comunidades autónomas y, además, suprimir la financiación finalista en el contexto de un proceso autonómico generalizado. La verdad es que ahora vemos que no se ha logrado y, los que se quieren diferenciar, no tienen mucho margen para hacerlo. Pero éste es un debate en el que no quiero entrar porque me genera muchas dudas. Lo del ‘café para todos’ será una crítica que hará la próxima generación, porque no todos somos iguales.

Por otra parte, creo que el sistema cometió un error muy grave en la década pasada, que fue el de romper, ante la euforia económica, con algunos de los principios de la sanidad que eran más sensatos: luchas contra el ‘hospitalocentrismo’. Éste es un sistema que no va a sobrevivir sin una perfecta coordinación con los servicios sociales. Somos un sistema que ha de atender a crónicos y personas mayores, y, sin embargo, se han creado hospitales por doquier. ¿Por qué? Porque donde se construye un hospital, se garantiza la mayoría absoluta, y, además, hay tal aceptación ciudadana que la oposición no se atreve a discrepar. Yo no he visto ninguna oposición que diga que un hospital no es necesario. Ahora no sabemos qué hacer con esos elegantes hospitales y, además, hay que desmantelar algunos hospitales fantásticos, incluso referentes en Europa, para poder llenar ésos.

José Manuel Romay Beccaría: En todas partes ha habido errores en la planificación, en casi todas las comunidades autónomas ha habido excesos de este tipo. Pero sobre todo en la planificación. Y otra cosa que enlaza con el ‘hospitalocentrismo’ es la necesidad de integrar la Atención Primaria con la Hospitalaria. Hay muchas más cosas que se pueden hacer de forma coordinada y con asistencia social incluida: la informática y las telecomunicaciones lo hacen posible.

Julián García Vargas: Ha habido notables avances por ejemplo en cirugía mayor ambulatoria, o, en el caso de Andalucía, con la implantación de hospitales de alta resolución que permiten eludir el ingreso en otros centros. Ahora vemos que, en algunos sitios, se quiere ceder [la gestión] al sector privado porque no se puede con ellos desde el público, o porque éste no tiene la flexibilidad en la gestión del primero.

Los exministros García Vargas y Romay Beccaría, junto al periodista Javier Barbado




Revista Médica:A pesar de que han pasado más de 20 años desde que García Vargas dejó de ser ministro de Sanidad, y 13 de la salida de Romay Beccaría de la sede del Paseo del Prado, ambos siguen siendo un referente, y su opinión es requerida en multitud de foros sanitarios, aunque sus carreras profesionales se hayan encaminado hacia otros sectores. Han sido los dos últimos ministros del ramo que han permanecido en el cargo más de cuatro o más años. Sus sucesores, Julián García Valverde, José Antonio Griñán, María Ángeles Amador, Celia Villalobos, Ana Pastor, Elena Salgado, Bernat Soria, Trinidad Jiménez y Leire Pajín fueron cesados antes, para reemplazarles o por victoria electoral de otro partido político.