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07/10/2013 n153

En España, tradicionalmente, se ha tendido a demonizar la relación público-privada, acompañándola siempre de un halo de sospecha. Sin embargo, en cualquier país avanzado de los que nos rodean es una opción lógica aprovechar las sinergias en beneficio de la comunidad. También los talentos de los directivos, que van de la Administración a la empresa privada y viceversa, conscientes de los conflictos de interés, pero también de la experiencia que pueden aportar. Es cuestión de transparencia.

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‘Revolving door’, puerta giratoria. Así es como los británicos bautizaron en su día a este fenómeno por el que un alto cargo de la Administración acepta ser directivo en una empresa privada vinculada a su anterior actividad pública. Desde luego, no es exclusivo de España, ni de un sector, ni de una ideología, como vemos en las decenas de casos que hay, sin ir más lejos, en el ámbito sanitario. El último conocido es el de Paloma Leis, ya exviceconsejera de Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, que aceptaba a comienzos de septiembre la oferta realizada por el Grupo Quirón para ser directora médica corporativa. Desde el PSOE de esta región no tardaron en avisar de que detrás podría haber una intención ‘privatizadora’ de la sanidad pública. Parecidas suspicacias tuvo el PP asturiano cuando Elena Arias pasó en 2007 de ser responsable de los recursos humanos de Capio (ahora Idc Salud) a

Elena Arias, a la izquierda en su faceta de Capio, y a la derecha cuando era gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), y en 2011, cuando abandonó el Sespa para volver a la misma empresa. Curiosa la reacción similar como oposición de los dos partidos principales de nuestro país ante casos idénticos registrados en gobiernos autonómicos de sus respectivos colores políticos.

Pero, ¿está regulada la llamada puerta giratoria? Ante el caso de Arias, la diputada de Izquierda Unida y exconsejera de Bienestar Social y Vivienda del Gobierno asturiano Noemí Martín señalaba que “hace falta con urgencia una ley de incompatibilidades para que esto, muy común en sanidad, no se convierta en moneda corriente, máximo en tiempos de crisis, en los que la sanidad pública puede verse como un nicho de negocio más que apetecible”. Para algunas legislaciones es simplemente cuestión de dejar pasar un tiempo. La Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, limita el ejercicio de actividades privadas a los dos años siguientes a la fecha del cese del alto cargo, que “no podrá desempeñar sus servicios en empresas o sociedades privadas relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado”. Esta norma afectaría a las cabezas visibles del Gobierno de España (presidente, vicepresidentes y ministros), a las secretarías de Estado, y a diversos puestos directivos en la Administración, y a empresas y fundaciones públicas. También recoge esta ley que si antes de los dos años un alto cargo del Estado va a emprender una actividad privada, debe hacer una declaración ante la Oficina de Conflictos de Intereses, “que en el plazo de un mes se pronunciará sobre la compatibilidad de la actividad a realizar y se lo comunicará al interesado y a la empresa o sociedad en la que fuera a prestar sus servicios”.


Pero la realidad es que esta legislación estatal es un oasis en el desierto de la regulación autonómica. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, Isabel Barreiro (esposa del actual ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo), jefa de Gabinete de Juan José Güemes cuando éste era consejero de Sanidad del Gobierno de Esperanza Aguirre, no tuvo ningún impedimento legal ni ético para fichar por el laboratorio GlaxoSmithKline (GSK) al poco tiempo de su cese del cargo público. ¿Donde no llega la legislación, debe hacerlo entonces la ética? Precisamente Güemes fue protagonista de un episodio curioso en esto de la puerta giratoria.

Isabel Barreiro pasó de dirigir el gabinete de Juan José Güemes en la Consejería de Sanidad de Madrid al laboratorio farmacéutico GSK.

En 2013, dos años después de dejar de ser consejero de Sanidad, la Cadena Ser denunció su relación como consejero de Unilabs, una empresa que había comprado a otra, Balaguer, los análisis clínicos de seis hospitales que en 2009 le había adjudicado la Comunidad de Madrid, siendo Güemes consejero. Una carambola, porque Unilabs perdió precisamente aquel concurso frente a la propuesta de Balaguer. Sin embargo, Güemes, no se sabe si por sentirse culpable de algo que debería estar normalizado, decidió dimitir cuando el caso se expuso en la prensa, alegando que quería “ser libre para seguir defendiendo mis convicciones sin que nadie me pueda decir que tengo intereses personales; abandoné el gobierno hace tres años y he tenido muchas ofertas en el sector de la sanidad que no acepté, pero la de Unilabs sí porque no contrataba con la Comunidad de Madrid y se presentó a un concurso que perdió”.
¿Donde no llega la legislación, debe hacerlo entonces la ética?


A veces la puerta giratoria se abre de par en par y los límites entre lo público y lo privado no son lo claros que deberían, porque se compatibilizan responsabilidades difíciles de conciliar. Por ejemplo, en mayo de 2012 el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, tuvo que ‘animar’ a dimitir al entonces consejero de Salud y Política Social, Francisco Javier Fernández Perianes, porque en la prensa regional se descubrió que pasaba consulta como oftalmólogo en la vecina localidad portuguesa de Elvas, algo que chocaba con la ley de incompatibilidades extremeña.
En Cataluña, Josep Prat, presidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS) hasta junio de 2012, tuvo que presentar su dimisión por el escándalo mediático generado en torno a su actividad privada en algunas empresas. “En los últimos meses he sido protagonista involuntario de una serie de informaciones en las que se ha cuestionado de forma sistemática la compatibilidad de mis ocupaciones, la legitimidad de mi tarea al frente del ICS e, incluso, mi profesionalidad y honorabilidad”, expresó entonces Prat en una carta que envió a los trabajadores del ICS.
Francisco Javier Fernández Perianes toma posesión como consejero de Salud y Política Social de Extremadura, ante la mirada del presidente José Antonio Monago.
Otro caso más, también significativo en el ámbito sanitario autonómico. Xavier Pomés, consejero de Gobernación, de Interior y de Salud entre 1995 y 2003 en los gobiernos de Jordi Pujol, está aún en el punto de mira de la prensa catalana por su ir y venir en la mencionada puerta giratoria. Con la llegada del Tripartito al Gobierno de Cataluña, Pomès ocupó un cargo de relevancia en la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, entidad sin ánimo de lucro, pero que mueve muchos millones de euros en todo el mundo. Solo en Cataluña gestiona tres grandes hospitales y cuatro centros asistenciales. En 2010, al regresar Convergencia i Unió (CiU) al Govern de la mano de Artur Mas, Pomès fue nombrado presidente del Hospital Clínic y un tiempo después del la Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital Sant Pau, para tratar de enderezar el rumbo errático del centro producido por una deuda de unos 300 millones de euros. Mientras, según informó el diario ‘El País’, “mantiene simultáneamente una intensa actividad en el sector privado como consejero de dos grupos empresariales con importantes intereses sanitarios en Catalunya. Uno es E-Center Network, holding propietario de Ambulancias Reus, concesionaria del Servicio de Emergencias Médicas (SEM), del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) en las comarcas de Tarragona. El otro, el grupo MGO, especializado en consultoría, prevención de riesgos laborales y explotación de equipamientos sanitarios. MGO cuenta en Cataluña con una docena de centros médicos, según su memoria del año 2011”. En junio de este año Pomès dimite de su responsabilidad en el Sant Pau, reconociendo su incapacidad para enderezar el rumbo de la nave. Sigue al frente del Hospital Clínic y mantiene su cargo directivo en la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.


Dos casos polémicos, Josep Prat y Xavier Pomès, enredados en la puerta giratoria por compatibilizar cargos públicos y privados.

El Ministerio de Sanidad, buena cantera para la industria farmacéutica
La convivencia o el ir y venir embarullado entre lo público que puede personalizar Pomès, y que es lo que da mala fama verdaderamente a la puerta giratoria, poco tiene que ver con las experiencias que han vivido cargos públicos ministeriales fichados por la industria farmacéutica. Hay varios casos muy conocidos en el sector. “Lo de la puerta giratoria es un prejuicio que hay en España, seguramente heredado de la conciencia judeo-cristiana. Lo que hay que observar es que la persona no haga nada ilegítimo, ni ilegal, ni poco ético”, explica Regina Múzquiz, que fue directora de Relaciones Institucionales y Alta Inspección del Ministerio de Sanidad y Consumo de junio de 2000 a enero de 2002, y que desde entonces ha sido responsable de Relaciones Institucionales de Sanofi Aventis, y ahora lo es de PharmaMar. “En ambos lados he encontrado gente de todo tipo, pero demonizar la cuestión no me parece que sea lo adecuado. Es necesaria transparencia. Lo de estar dos años fuera como marca ahora la ley me parece algo más estético que otra cosa”, reflexiona al ser preguntada por ‘Revista Médica’. Múzquiz considera que el trasvase de directivos entre la privada y la pública puede servir para mejorar ambos ámbitos. “En otros países no se plantean este asunto con los prejuicios que se hace en España, se ve más como una oportunidad de mejora. El directivo del sector privado puede aportar dinamismo y modernidad, mientras que el de la pública puede dar una visión más de consenso y ayudar a conocer el pensamiento, los tiempos y la forma de actuar de la Administración, que muchas veces son un misterio para el mundo empresarial”. Coincide en este argumento Jaime del Barrio, consejero de Sanidad y Servicios Sociales de Cantabria de 1995 a 2003, y que tras un periodo en su plaza de médico en el Hospital Universitario de Valdecilla de Santander y como diputado, aceptó liderar un proyecto por entonces en ciernes, el Instituto Roche. “Para mí no hay pública ni privada, simplemente hacer bien las cosas, con transparencia, y tratar de mejorar el ámbito en el que estés”, afirma Del Barrio, que destaca que “en España existe un halo de sospecha que no existe en otros países, donde se ve como algo lógico que aporta valor”. Avisa además de que el futuro va a exigir cada vez más a ambos ámbitos, “y debemos acostumbrarnos a ser más competitivos, a que el profesional debe estar en constante desarrollo y aprendizaje para mejorar sus competencias y habilidades, y que lo de la plaza para siempre toca a su fin”. Por eso aboga por profesionales que aporten con su experiencia, sin necesidad de andar con prejuicios, “simplemente apostando por la transparencia, y rindiendo cuentas”.


El Ministerio de Sanidad y las consejerías han sido y son buena 'cantera' para la industria farmacéutica. De izquierda a derecha, Federico Plaza, Juan José Francisco Polledo, Regina Múzquiz y Humberto Arnés.

Un país no puede permitirse el lujo de desaprovechar el talento de sus recursos humanos
Los casos de Múzquiz y de Del Barrio son solo un ejemplo de la ‘cantera’ que ha encontrado la industria farmacéutica en las consejerías y los ministerios. Abbott eligió en 2003 a Federico Plaza para dirigir su Fundación valorando su experiencia como director general de Farmacia y Productos Sanitarios en el Ministerio de Sanidad y Consumo (con José Manuel Romay Beccaría como ministro) y como viceconsejero de Ordenación Sanitaria y Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Plaza lleva ya una década en la iniciativa privada, donde ha dirigido también la Fundación AstraZeneca (nombrado en 2007), y desde abril de este año es director de Government Affairs de Roche. En Wyeth por su parte se fijaron en Juan-José Francisco Polledo, un veterinario que dirigió la Salud Pública de Castilla y León dos años (1982-83) y la ministerial de 1991 a 2000. En 2002 asume la Dirección de Relaciones Institucionales de Wyeth, y en noviembre de 2009 es nombrado para el mismo desempeño en Pfizer.

Y si hablamos de industria farmacéutica y Administración no hay que olvidar a Humberto Arnés, sempiterno director general de Farmaindustria (desde 2001), ingeniero del Cuerpo de Ingenieros del Estado, que ocupó varios cargos en el Ministerio de Industria antes de la llegar a la patronal innovadora de la mano de Jesús Acebillo, presidente de Novartis. Desde el ministerio Arnés fue uno de los impulsores de los planes de investigación en la industria farmacéutica, especialmente del bautizado como Acción Profarma.


Como se puede comprobar, la puerta giratoria de la sanidad es una, pero los casos que se arremolinan alrededor son muchos y variopintos. Desde los que se quedan dentro dando vueltas, compaginando el sector público y el privado en una suerte de equilibrio imposible (al menos para la ética y la estética), hasta aquellos que con transparencia delimitan muy bien sus etapas profesionales y afrontan esta situación como una oportunidad de aportar valor y sumar su experiencia en la mejora de los dos ámbitos.
Cierta parte de la sociedad puede seguir intentando cubrir con un velo oscuro su labor, una crítica seguramente heredada de la moral judeo-cristiana que arrastra nuestro país en torno al progreso profesional y al dinero. Pero la lógica hace pensar que, con las condiciones de honestidad y rendición de cuentas oportunas, un país no puede permitirse el lujo de desaprovechar el talento de sus recursos humanos.