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07/10/2013 n153
El presidente de la Comunidad de Madrid se encuentra en una encrucijada: su plan para poder sostener económicamente el sistema sanitario público está varado por culpa de la judicialización a la que lo ha sometido la oposición política y sindical. El tiempo corre en su contra, porque acaba de cruzar el ecuador de la legislatura, y las encuestas dicen que la mayoría absoluta ‘popular’ puede peligrar en las elecciones de la primavera de 2015. Por eso sopesa no complicarse y hacer borrón y cuenta nueva.
El pasado 1 de noviembre el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, convocaba a los medios de comunicación para anunciar que, ante los límites presupuestarios derivados de la caída de los ingresos, el Gobierno regional había decidido confiar a la iniciativa privada la gestión de varios centros de salud y seis hospitales públicos, los de Aranjuez, Arganda, Coslada, Parla, San Sebastián de los Reyes y Vallecas. Un año después este plan, bautizado como el de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid, está varado por diversos recursos que ha admitido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y encuentra en la calle una notable contestación, principalmente sindical y política, que está desgastando en las encuestas al Gobierno de Ignacio González.
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De este modo, la reforma más ambiciosa planteada por González en su por ahora corta trayectoria presidencial queda condicionada por varios motivos. Por un lado, el judicial, pendiente de un pronunciamiento definitivo que puede alargarse durante años; y por otro, el electoral, ya que se ha atravesado el ecuador de la legislatura, y a partir de la primavera de 2014 se entrará en un ambiente preelectoral que el Partido Popular (PP) de Madrid debe manejar con cuidado, porque los sondeos demoscópicos no le dan la mayoría absoluta de otras citas. Es más, en la Asamblea de Madrid flota en el aire un acercamiento a Unión Progreso y Democracia (UPyD), que parece que tendrá la llave de la gobernabilidad.


Lasquetty ha demostrado su voluntad negociadora con los profesionales cambiando el paso respecto al Hospital Universitario La Princesa. En la imagen, el consejero con Carmen Suárez y Julio Ancochea, jefes de servicio, y el gerente, Miguel Ángel Andrés Molinero.

Ante el ‘atasco’ que sufre el plan A, González ha comenzado a echar mano del B. Sus asesores ven complicado desenmarañar la externalización sin que afecte a las elecciones autonómicas que han de celebrarse en primavera de 2015, y saben que la tremenda utilización política que hasta el momento

Jesús Fermosel, médico, y actual consejero de Asuntos Sociales, es otra de las opciones que baraja González. Una solución podía ser unir este departamento con Sanidad en una sola consejería, como sucede en otras autonomías.

ha hecho el Partido Socialista de Madrid (PSM) de Tomás Gómez va a ir en aumento según se acerque la cita con las urnas. Por eso le han recomendado que la frene, y si es posible que incluso dé marcha atrás, como ha hecho María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, donde a su llegada a la presidencia anunció que externalizaría la gestión de cuatro hospitales (Almansa, Manzanares, Tomelloso y Villarrobledo), y hace un par de meses se desdijo alegando que gracias a otras medidas de ahorro no hacía falta dar este paso, y que los centros seguirían teniendo una gestión pública.

Es una decisión muy difícil además porque conlleva la salida de prácticamente la cúpula entera de la Consejería de Sanidad

La encrucijada es difícil para González, más que nada por la necesidad del ahorro previsto y por el camino andado, ya que los seis hospitales han sido adjudicados a tres empresas, Ribera Salud, Sanitas e HIMA San Pablo, y el paso atrás puede tener alguna repercusión económica. Por lo pronto, según recoge un informe de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), estas tres compañías han depositado una fianza de 28 millones de euros. Pero en la Antigua Casa de Correos la balanza comienza a inclinarse hacia la idea de que hay que hacer borrón y cuenta nueva. Es una decisión muy difícil además porque conlleva la salida de prácticamente la cúpula entera de la Consejería de Sanidad, ya que están muy señalados por los medios
medios el consejero Fernández-Lasquetty, la viceconsejera Patricia Flores y el director general de Hospitales, Antonio Burgueño. Por eso se dice que el entorno de González maneja nombres para reemplazar estos puestos, que van desde Jesús Fermosel, ahora consejero de Asuntos Sociales, a Agustín Rivero, director general de Cartera Básica del Sistema Nacional de Salud y Farmacia del Ministerio de Sanidad, que ya fuera director general de Salud Pública con Manuel Lamela de consejero, en el primer Ejecutivo de Esperanza Aguirre. Ambos son médicos, forjados como profesionales en grandes hospitales como el Gregorio Marañón y La Paz –Rivero también ha sido gerente del de Aranjuez-, conocen bien la gestión y son hombres que dan un paso adelante cuando les reclama el partido, como ya han demostrado en estos años.

La oposición política y sindical a la externalización ha logrado trabarla con infinidad de recursos judiciales. Tomás Gómez (PSM), Julián Ezquerra (Amyts) y Pedro González León (AEFM) han coincidido en el objetivo: torpedear el plan.

A González le duele en especial la situación de Fernández-Lasquetty, junto a Salvador Victoria uno de los puntales de su primer gobierno tras coger en septiembre de 2012 el testigo que le brindó la dimisionaria Aguirre. Es uno de los mejores políticos del PP de Madrid, por su preparación, y especialmente por su talante. Lo ha demostrado con el consenso con los profesionales en la elaboración de los planes estratégicos de las diferentes especialidades y con la implantación del área única y la libre elección, ‘atragantadas’ durante la etapa de Juan José Güemes, que él supo resolver.

Burgueño ha sido especialmente señalado por su pasado

También tuvo cintura en la negociación del Hospital de La Princesa, pensado en el plan anunciado el 1 de noviembre como un centro especializado en Geriatría, y que finalmente seguirá como ahora, con algunas modificaciones. Pero el encargo de la externalización de seis hospitales de golpe, con poco margen temporal de maniobra, y con la fuerte contestación mediática que ha sufrido, era un reto mayúsculo, que posiblemente se le hubiera torcido al más pintado, porque tanto el PSM, como los sindicatos CCOO, Amyts y AFEM han tratado desde el primer momento de dinamitar el proceso, y lo han llevado hacia el terreno más pantanoso, la judicialización, contando con que la lentitud de los tribunales jugaba a su favor, como finalmente puede haber sucedido.


La viceconsejera Patricia Flores y el director general de Hospitales, Antonio Burgueño, están también señalados en el proceso de renovación que González maneja para la cúpula de la Consejería.

Los casos de Flores y de Burgueño le quedan más lejos al presidente. Son herencia de la época de Güemes en la Consejería de Sanidad. Burgueño ha sido especialmente señalado por su pasado, relacionado con su participación con Adeslas en la puesta en marcha de los primeros proyectos de gestión indirecta en España, en la Comunidad Valenciana. Es considerado el ideólogo del llamado ‘modelo Alcira’, con el que se puso en marcha en 1999 el Hospital Universitario de La Ribera, que sufrió una contestación sindical similar a la que ahora se vive en Madrid.
Hasta se le ha echado en cara la relación laboral de su hijo Antonio con
Ribera Salud, la primera concesionaria del Hospital de Torrejón de Ardoz, inaugurado en 2011, y gestionado desde hace unos meses por Sanitas. Además, tanto a Burgueño como a Flores les ha puesto en la picota judicial AFEM al denunciar presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación de la gestión en los hospitales ya externalizados: Infanta Elena, en Valdemoro; el Rey Juan Carlos, en Móstoles; y el Hospital de Torrejón de Ardoz. Los dos tenían que haber testificado a comienzos de septiembre, pero el juez finalmente suspendió estas declaraciones debido a que no disponía aún de toda la documentación requerida.


Seis hospitales proyectados en tiempo de bonanza

Esperanza Aguirre puso en marcha la construcción de nueve hospital hospitales durante su mandato. En la imagen, en 2008 con Juan José Güemes, entonces consejero de Sanidad, durante la inauguración del Hospital del Tajo (Aranjuez), uno de los centros que ahora se quiere externalizar.


Los seis hospitales que Ignacio González necesitaba externalizar en su plan A responden todos a un perfil similar: son centros concebidos por Aguirre a partir de 2003, cuando accede al sillón presidencial de la Comunidad de Madrid. En total son 9 los hospitales construidos durante la presidencia de Aguirre. Los seis mencionados, más los de Torrejón de Ardoz, el Rey Juan Carlos de Móstoles y el de Collado Villalba, estos tres pensados para la externalización desde su origen. Son tiempos de bonanza económica, y la idea es descentralizar la atención sanitaria, volcada en los grandes hospitales de la capital desde hace décadas, y acercarla al paciente que vive en las urbes de la periferia, que ya han dejado hace mucho tiempo de ser pueblos. Parece un planteamiento lógico. Con Aguirre se extiende el modelo de concesión al panorama público, en el que solo la Fundación Jiménez Díaz había incurrido hasta la fecha. Desde la oposición política, primero liderada por Rafael Simancas, y más tarde por Tomás Gómez, llevan más de una década con la cantinela de la privatización, argumento que ha recibido siempre la misma contestación desde el gobierno ‘popular’, antes con Aguirre, ahora con González: la prestación del servicio sigue siendo pública, y el paciente, en muchos casos, no sabe ni que está siendo atendido en un centro de gestión privada, porque no tiene que pagar, y recibe lo mismo o más que en uno de gestión directa de la Administración. Las encuestas de satisfacción de los pacientes han dado la razón hasta la fecha a esta argumentación. En 2012, los usuarios de la sanidad pública eligieron en el podio de los mejores hospitales al Carlos III (96,42 por ciento en grado de satisfacción), a la Fundación Jiménez Díaz (95,73), y al Rey Juan Carlos de Móstoles (94,95), los dos últimos gestionados por IDC Salud (antes Capio).

En total son 9 los hospitales construidos durante la presidencia de Aguirre



Pero esa bonanza económica que presentaban las cuentas de la Comunidad de Madrid, y esa ‘alegría’ inversora en sanidad, bastante común también en las otras 16 autonomías, comenzaba a frenarse en 2008, cuando se empieza a hablar de la crisis económica. La llegada de Mariano Rajoy a La Moncloa en noviembre de 2011 marca el punto de inflexión: no se puede gastar lo que no se tiene, como se venía haciendo hasta la fecha, y España trata de ajustar sus cuentas para evitar el rescate, y que sea Bruselas quien dicte las normas, como ha sucedido en la vecina Portugal, por ejemplo. Los presupuestos de Sanidad bajan en todas las comunidades, y Madrid también se ve sujeta al estricto cumplimiento del déficit que marca Cristóbal Montoro desde el Ministerio de Hacienda. A González, curtido en mil batallas como vicepresidente de Aguirre, pero ahora solo al mando, no le salen ya las cuentas con tanto hospital que mantener y quiere echar mano de una fórmula que ha funcionado sin quebranto para la asistencia al paciente. Pero la judicialización de las decisiones políticas, tan de moda en nuestros días, especialmente en el sector sanitario, hace que esté teniendo que improvisar un plan B.

Agustín Rivero suena en el sector como un posible sustituto de Lasquetty al frente de la Consejería. Es director general de Cartera Básica del SNS y Farmacia en el Ministerio, y fue responsable de Salud Pública en Madrid con Manuel Lamela de consejero.

Las concesionarias se sienten perjudicadas
Las empresas concesionarias están viviendo con suma preocupación la paralización del proceso, según las fuentes consultadas por Revista Médica. No arrojan la toalla, ni muchísimo menos, en su propósito de gestionar los hospitales ya concedidos, aunque saben que los obstáculos judiciales están afectando a sus planes presentes y, lo más delicado, a los futuros. El precedente de Alcira les tranquiliza porque la concesión de La Ribera también sufrió un laberinto judicial parecido y, al final, salió adelante.
Pero mientras los jueces dilucidan y deciden, las empresas ven sus decisiones cuestionadas y paralizadas. Sanitas ya tenía montado el equipo directivo que iba a desembarcar en el Hospital del Henares, el de Coslada. De hecho, ya se habían producido las primeras reuniones con los médicos del centro y se había constituido un comité de enlace para informar de planes precisos de mejora de servicios y ampliación de recursos asistenciales en el terreno de las cirugías. La aseguradora formalizó su oferta de contrato indefinido para los profesionales del hospital pendientes de renovación. Ahora, esos mismos profesionales se encuentran en la tesitura de que la Comunidad solo les ha ofrecido un contrato de un mes, tal es la incertidumbre que rodea al proceso. Con todo, en Sanitas se respira confianza de que el proceso les terminará siendo favorable e incluso los más optimistas apuntan a que más pronto de lo que muchos sospechan: “No olvidemos el recurso de la Consejería. ¿Por qué no va a fructificar?”, recuerdan en la aseguradora.
La estructura de Sanitas, con una actividad aseguradora potentísima, le permite contemporizar con los plazos. No es el caso de Ribera, cuya actividad fundamental es la concesión administrativa: “Nos dedicamos a esto y de esto vivimos”, admiten en la empresa. Ribera ya echa números por el quebranto económico que, de paralizarse definitivamente el proceso, le provocaría en su cuenta de resultados el tiempo invertido en la materialización de las ofertas, los pliegos y los planteamientos organizativos, además de los avales para concurrir al concurso, que ascienden a varias decenas de millones de euros, ya depositados. Incluso ha contratado a una ‘supergerente’ procedente del Hospital Universitario de Guadalajara, Cristina Granados, que estaba ya haciendo las maletas para dirigir el Área de Toledo, y que cambió sus planes en pleno verano para supervisar los centros de Ribera Salud en Madrid.
Ribera se ha personado en la causa emprendida por AFEM, que es la que ha originado la suspensión cautelar del proceso, y subraya que ya son afectados de pleno derecho tras recibir la adjudicación. Confía en que el Tribunal Superior de Justicia unifique todos los procedimientos abiertos y deje vía libre a un modelo de gestión en el que creen muy de veras y del que son sus más ardientes defensores.
Respecto a HIMA, todo sigue siendo una incógnita. Lo fue al principio, cuando concurrieron con una oferta inopinada, y lo es ahora, con la paralización.
Asesores de las tres empresas afectadas se han reunido en varias ocasiones para intercambiar impresiones y sondear posibles acciones conjuntas. En esas citas, y aunque parezca exagerado decirlo, ha flotado en el ambiente una sensación de inseguridad jurídica muy difícil de combatir: porque no es real, España no está en esa situación ni de lejos, aunque sí es cierto que las decisiones de algunos jueces son tan controvertidas y generan tal colapso que las empresas y las administraciones pueden tener en ocasiones la impresión de no saber a qué atenerse. Algo parecido ocurrió con las urgencias rurales de Castilla-La Mancha y, al final, la consejería renunció a unos planes y a unos cambios, todo lo discutibles que se quieran, pero completamente legítimos, por el efecto imparable de la acción judicial.